El Gobierno ya está tomando posición y echando cuentas para dibujar los Presupuestos Generales del Estado de 2021. El Ministerio de Hacienda y el resto de los departamentos ya trabajan en formular unas cuentas que serán clave para consolidar la reactivación económica que Moncloa espera que emprenda el país en la segunda mitad del año… y en las que no se renuncia a nada.

El Ejecutivo mantiene sus intenciones de incrementar el gasto social. Así lo indican desde diferentes departamentos, que explican que, a pesar del varapalo económico que está suponiendo el Covid-19, no se descarta la puesta en marcha de varias de las medidas contenidas en el acuerdo de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos.

Se podría argumentar que ya con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se mejora la inversión en el campo social. Pero la idea está en retomar cuestiones como las mejoras planteadas para la financiación de la dependencia o en determinados subsidios para las familias más desfavorecidas.

Sin embargo, para saber qué se puede hacer hay importantes condicionantes. Y el principal es un pilar del que va a depender buena parte de las estrategias del Ejecutivo para el próximo año y medio: los fondos europeos.

Este mes se debe cerrar la formulación y condicionalidad de este reparto. España aspira a recibir unos 140.000 millones con los que pretenden mantener, al menos, parte de las promesas que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pactaron en diciembre del año pasado. De hecho, el Gobierno está a la espera de cerrar este ‘Plan Marshall’ europeo para decidir los objetivos de déficit y de deuda pública para los próximos años.

Gasto estructural

Cabe recordar que para el próximo año ya se cuenta con un nuevo gasto social estructural: se trata del ya citado IMV. La idea es que la inversión en esta prestación no rebase en ninguno de los casos los 3.000 millones de euros.

A continuación, en el listado de compromisos se encuentra la ampliación de la financiación del Estado del sistema de dependencia de manera que se reduzca la prolongada lista de espera para la población en este campo.

También se cuenta con impulsar las ayudas para comedor y material escolar para situaciones de pobreza infantil. Dentro de estos compromisos también está incrementar el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem), que lleva una década casi sin tocarse y es el índice de referencia para la concesión de ayudas, subvenciones y subsidios en España.

Sin embargo, cabe recordar que el próximo año estos planes se tendrán que ‘pegar’ con otras políticas y compromisos. Por un lado, tras la pandemia se da por hecho que se potenciará la financiación de la sanidad. El Ejecutivo todavía no ha revelado en qué medida, pero los actores sanitarios han perdido al menos un punto de producto interior bruto más, es decir, unos 12.000 millones de euros más.

También existía la idea de potenciar la educación con más financiación, particularmente para hacer realidad el compromiso de universalizar el acceso a la Educación Infantil de cero a tres años, así como de potenciar la digitalización en todas las edades, particularmente en el campo de la formación profesional.

Dentro de estos planes queda ver cuáles en el campo laboral se pueden tener que aplicar. En el texto firmado por el presidente el Gobierno, Pedro Sánchez, y los líderes de sindicatos y patronal se recoge que, en algún momento, los expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) ‘normales’ permitan ventajas fiscales a las empresas. Esto también tendrá un impacto presupuestario.

Un sudoku presupuestario que ahora el Gobierno está comenzando a desentrañar, y no será fácil. 2021 es un año rodeado de incógnitas y en él se tendrá que afrontar una importante reducción de ingresos públicos. En el peor de los escenarios, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima una caída de la recaudación de 46.000 millones.

Por ello, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha asegurado que entre las apuestas de acuerdo de Gobierno que se mantendrán en las futuras cuentas está la reforma fiscal que ya se había proyectado y que descansará en grandes empresas y patrimonios elevados.  

Y aún así, la recomendación de este órgano y de otros como el Banco de España es la de recuperar la senda de equilibrio fiscal cuanto antes. Y es que cuando acabe el 2020 el déficit público se habrá ido, según las estimaciones del Gobierno que aún hoy se mantienen, al 10,34% de PIB y la deuda en el 115,5% del PIB.

Aspectos que el Ejecutivo está obligado a tener en cuenta a la hora de elaborar unas cuentas que también tendrán que respetar las reclamaciones que ya han lanzado al aire potenciales aliados parlamentarios para aprobarlas como Ciudadanos, que ya se ha declarado en contra de las subidas fiscales. Nadie dijo que resolver el rompecabezas presupuestario fuera a ser fácil.