"El acuerdo no está garantizado. Al contrario, todavía hay importantes diferencias", admite en tono derrotado un alto diplomático horas antes del inicio del Consejo Europeo. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 27 se reúnen a partir de este viernes en Bruselas (la primera cumbre presencial desde el estallido del Covid-19) para intentar aprobar el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros propuesto por Ursula von der Leyen para salir al rescate de España e Italia, los países más golpeados por la pandemia. El ambiente es de total pesimismo.

El mismo Pedro Sánchez ha bajado su expectativa "optimista", y ha pasado de reclamar un acuerdo rápido a preferir uno "eficaz". De hecho, el presidente español ya ha detectado la que puede ser su baza negociadora. Ante el vuelco que dio la negociación prevista cuando se conoció el texto base propuesto por Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, el Gobierno español ya admite que está dispuesto a "recibir menos dinero de los 140.000 millones preasignados" si, a cambio, se relaja la condicionalidad y se elimina el derecho de veto introducido a última hora.

Y es que el principal escollo que ha emergido en el esprint final de las negociaciones es el de la "gobernanza". Es decir, las condiciones que se impondrán a Madrid y Roma a cambio de las ayuda de la UE y los mecanismos de control y supervisión para garantizar que Pedro Sánchez y Giuseppe Conte cumplen, esta vez sí, los ajustes y reformas prometidos. Un problema más difícil de resolver incluso que el tamaño del fondo anticrisis, el equilibrio entre préstamos y subvenciones o los criterios de reparto entre países, cuestiones en las que las posiciones de Norte y Sur también siguen estando muy alejadas.

En el debate sobre la condicionalidad, Sánchez y Conte ya han perdido su primera batalla. La propuesta de compromiso elaborada por Michel, que servirá de base para la negociación en Bruselas, endurece la supervisión sobre España e Italia en comparación con los planes iniciales de Von der Leyen. El ex primer ministro belga ha planteado un mecanismo de control que constará de dos fases.

"Un fondo ineficaz"

En una primera etapa, los Gobiernos de la UE (y no la Comisión como figuraba en la propuesta original) evaluarán los planes de reformas e inversión que Madrid y Roma deben remitir a Bruselas, preferentemente antes del 15 de octubre. Unos planes que tienen que basarse en las recomendaciones de política económica que aprueba cada año la UE, y que en el caso español incluyen sistemáticamente profundizar la reforma laboral y de las pensiones o un pacto de estado sobre educación.

Las capitales de la UE podrán decidir así corregir o incluso rechazar el plan de Sánchez si consideran que no se ajusta a las exigencias de Bruselas, una decisión que se adoptaría por mayoría cualificada.

Cuando hace una semana, Moncloa había cerrado todos los detalles de la estrategia que Sánchez iba a seguir en su mini gira por Europa, las previsiones se vinieron abajo al aparecer este texto del presidente del Consejo. Las fuentes del Gobierno reaccionaron con vehemencia: "No puede ser que el fondo se convierta en algo ineficaz, y que se atasquen los programas en discusiones eternas", explica a este periódico desde Moncloa, "no podemos volver a los tiempos de la troika".

En la segunda fase de la gobernanza propuesta, el Ejecutivo comunitario gozaría de la última palabra a la hora de aprobar el desembolso de las ayudas. Debe "tener en cuenta" la opinión del Comité Económico y Financiero, el órgano que prepara los Ecofines en el que están representados todos los Estados miembros, pero ésta no es vinculante. El desembolso se hará por tramos y supeditado a la puesta en marcha de las reformas comprometidas.

Holanda no se fía

Este complicado mecanismo de control "no es suficiente" para el club de los frugales nórdicos (Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca y, a veces, Finlandia). Estos países no se fían de la voluntad reformadora de sus socios del Sur y creen que el Ejecutivo comunitario de Ursula von der Leyen no es bastante estricto en sus funciones de supervisión y control.

Los frugales se han encontrado con una aliada inesperada, la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde. En su rueda de prensa tras la reunión de este jueves, Lagarde ha dicho que el fondo de reconstrucción debe "asentarse firmemente en políticas estructurales sólidas elaboradas y aplicadas a escala nacional". "Unas políticas estructurales bien diseñadas podrían contribuir a una recuperación de la crisis más rápida, sólida y uniforme, respaldando con ello la eficacia de la política monetaria de la zona del euro", sostiene la presidenta del BCE.

El primer ministro holandés, Mark Rutte, que ejerce como líder de los frugales, reclama para su país poder de veto sobre los planes de reformas de España e Italia. Es decir, que Holanda en solitario pueda no sólo tumbar el plan de Sánchez sino también paralizar el pago de cualquier tramo de ayudas si considera que no ha cumplido los ajustes prometidos.

El argumento del Gobierno de La Haya es que si su país asume deuda nueva para ayudar a España -y además este dinero se entrega en forma de subvenciones a fondo perdido- debe poder controlar de forma férrea hasta el último detalle cómo se gasta el dinero. El resto de los nórdicos no tienen una posición tan extrema como la de Rutte, pero también defienden apretar las tuercas al sur. Charles Michel no descarta proponer un endurecimiento de las condiciones si ése es el precio a pagar por un acuerdo en la cumbre, según las fuentes consultadas.

Intervención total

Así que lo que se juega de facto Sánchez en el Consejo Europeo es la intervención total de la economía española, que quedaría sujeta a la tutela de Bruselas, Berlín y, sobre todo, La Haya. Una pérdida de soberanía económica similar a la que entrañaron los rescates de Grecia, Irlanda, Portugal y Chipre durante la crisis de deuda entre 2010-2012: reformas teledirigidas desde la UE, fondos que se retrasan hasta que el país está al borde de la quiebra o tramos de ayuda retenidos porque el Gobierno o el Parlamento de turno no aprueba los ajustes requeridos.

La única diferencia es que de momento todas las partes descartan que vaya a haber visitas de los 'hombres de negro' de la troika.

Los países del Sur se resisten de momento a que sus economías sean intervenidas desde la UE. En su reunión del pasado lunes en La Haya, Sánchez le dijo a Rutte que el mecanismo de supervisión que él propone es "demasiado complicado". El presidente del Gobierno quiere que las reformas exigidas por la UE se limiten a la transición digital y verde y no entren en cuestiones como el mercado laboral o las pensiones.

"El plan holandés puede provocar retrasos innecesarios para unos gastos que deben estar comprometidos en muy poco tiempo", explican fuentes diplomáticas españolas. "Queremos una gobernanza que sea lo más eficaz posible y lo menos politizada posible. Eso será uno de los objetivos principales de la negociación este fin de semana", apuntan.

De hecho, desde el Gobierno se confirma que el problema no estaría en las condiciones si éstas son a propósito de la orientación de las reformas. "La Comisión ha aplaudido nuestros planes en innovación, digitalización y transición ecológica", explican desde Moncloa, "somos un Gobierno reformista, líderes en ese campo". Lo inadmisible para España es la intervención en políticas y la capacidad de veto.

"A nadie le interesa introducir una condicionalidad que comprometa la eficacia de este instrumento. Sería una locura", dijo el primer ministro italiano tras reunirse el pasado lunes con la canciller Angela Merkel. Pero el más contundente ha sido el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, cuyo país es el que más sufrió la era de los rescates y que ahora asegura que no se plegará a la condicionalidad estricta que exigen los nórdicos.

Primera cumbre post Covid

Este miércoles, el presidente Sánchez ofreció una cena de trabajo en Moncloa a todas las autoridades internacionales que habían viajado a Madrid para asistir, la mañana siguiente, al homenaje de Estado a las víctimas del coronavirus.

Entre los invitados estaban los tres presidentes europeos: Sassoli, del Parlamento; Von der Leyen, de la Comisión; y Michel, del Consejo. El virus los reunía para rendir honores a los fallecidos y el virus los reunirá, como mínimo las próximas 48 horas en Bruselas.

Esta cumbre es la primera gran reunión internacional que se celebra desde el estallido del Covid-19, por lo que se han tomado medidas extremas de seguridad con el fin de prevenir contagios. La más destacada es que no se permite el acceso de periodistas (aparte de un grupo reducido de fotógrafos y cámaras) a la sede del Consejo Europeo, el edificio Justus Lipsius. Las ruedas de prensa de los líderes europeos serán virtuales.

Además, se ha reducido el tamaño de las delegaciones. Normalmente, cada jefe de Gobierno llega a la capital belga acompañado por 19 personas: ahora sólo podrá contar con 6 asesores. Las reuniones plenarias de los 27 se celebrarán en una sala de 800 metros cuadrados con capacidad para 330 personas, con el fin de mantener la distancia de seguridad. Una sala que dispone de un sistema de filtrado de aire fresco y que se desinfectará en cada pausa.

El presidente del Consejo Europeo ha pedido además a los líderes que lleven mascarilla a la llegada y también durante las pausas, cuando sea imposible garantizar la separación física. El personal de protocolo, limpieza, técnicos o cámaras la llevará en todo momento. Además, se han habilitado salas extragrandes para las reuniones bilaterales y ascensores reservados para los líderes, con un máximo de ocupación de dos personas.

La cumbre empieza a las 10:00 de la mañana con la tradicional reunión de los líderes europeos con el presidente de la Eurocámara, David Sassoli. A partir de ahí, todo son incógnitas. En principio se prevé una primera reunión plenaria larga para que todos los jefes expongan sus líneas rojas.

A continuación, se disolverá el encuentro para arbitrar contactos bilaterales y multilaterales con las delegaciones más problemáticas. Michel podría presentar en cualquier momento una nueva propuesta de compromiso si ve cercano un acuerdo, en cuyo caso la cumbre podría seguir hasta el sábado o el domingo. O también disolver la reunión de forma temprana si constata que los diferentes bandos se atrincheran y convocar otra cumbre en las próximas semanas.