Las comunidades autónomas y los municipios tendrán mucho que decir en el manejo de los fondos europeos. No solo gestionarán una parte, sino que podrán hacer uso de la nueva fórmula con la que contarán las Administraciones públicas para fomentar la colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

Según el real decreto ley que está preparando Moncloa para reformular la Administración Pública y facilitar y acelerar la gestión de las ayudas europeas, los ejecutivos regionales y los ayuntamientos, así como los cabildos en donde corresponda, podrán recurrir a esta figura sin tener que pasar por un permiso previo del Estado.

Es decir, que entidades autonómicas y locales podrán abanderar los PERTE, que, con todo, seguirán teniéndose que aprobar por el Consejo de Ministros para llevarse a la práctica.

Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso, durante su última reunión. Emilio Naranjo Efe

Cabe recordar que los proyectos reconocidos como PERTE son aquellos de “carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española, que exigen la colaboración público-privada por la presencia de riesgos significativos que obstaculizan a la iniciativa privada”.

Según ha podido saber Invertia, que las autonomías y los ayuntamientos puedan liderar este tipo de proyectos responde a la necesidad de que los fondos europeos también sirvan para cubrir las necesidades más locales.

Por ejemplo, procesos de rehabilitación de barrios y manzanas de ciudades, así como determinados proyectos de ingeniería en parajes urbanos o naturales.

Así lo indica el texto que está ultimando Moncloa. Este periódico ha tenido acceso a un borrador que todavía no es definitivo y en el que se indica que, entre otras ventajas, los PERTE contarán con anticipos de fondos públicos que podrán ser hasta del 90%, a no ser que los convenios que se firmen digan otra cosa.

Agencias estatales

El borrador en el que está trabajando el Gobierno plantea la ‘resurrección’ de las agencias estatales para facilitar y acelerar los fondos europeos. Cabe recordar que se decidió suprimir esta figura en 2015, que amparaba a órganos como la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

Sin embargo, en el borrador Moncloa objeta que “la experiencia de los últimos años ha mostrado la dificultad que ha implicado reconducir el modelo organizativo de las agencias hacia otros organismos públicos, hasta el punto de que siguen existiendo agencias estatales a pesar de su falta de previsión en un instrumento legal”.

De esta manera, habilitar su ‘resurrección’ permitiría “reintroducir en la administración pública una fórmula organizativa dotada de un mayor nivel de autonomía y de flexibilidad en la gestión, que cuenta con mecanismos de control de la eficacia, y que promueve una cultura de responsabilización por resultados. Un modelo que cuenta con un enfoque organizativo y funcional y con una filosofía subyacente de gestión dirigida al cumplimiento de objetivos que previamente hayan sido fijados de forma concreta y evaluable”.

De hecho, el propio RDL remarca que la característica de rendición de cuentas que tienen estos órganos y que tanto parecen agradar en Moncloa.

Comisión ‘desaparecida’

El borrador ya ha sufrido cambios respecto a sus primeras versiones. En ellas figuraba una comisión interministerial destinada a la gestión de los fondos y la aprobación de proyectos.

Sin embargo, en ella no estaba el vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos reclamó su sitio en este importante órgano que, a la postre, tomaría la decisión última sobre los 140.000 millones que Gobierno recibirá de Bruselas en los próximos años.

Su ‘rabieta’ tuvo resultado. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, decidió suprimir esta comisión y que todas decisiones relativas a los fondos se discutan en el Consejo de Ministros.