"En plena crisis del coronavirus, sería una vergüenza para la Unión Europea no tener un presupuesto y un acuerdo sobre el fondo anti-Covid de 750.000 millones el 1 de enero de 2021. Si persiste el veto de Polonia y Hungría, un veto que respetamos pero cuyos motivos no entendemos, deberíamos empezar a examinar alternativas muy pronto", avisa un alto diplomático europeo. 

La UE lanza ya abiertamente un ultimátum a los Gobiernos de Budapest y Varsovia. O rectifican y dan rápidamente marcha atrás en su bloqueo -y la fecha tope podría ser la cumbre de líderes europeos que se celebra el 10 y 11 de diciembre-, o se buscará una solución a Veinticinco que excluiría a Polonia y Hungría de las ayudas europeas a la reconstrucción. "La situación es muy difícil", reconoce el diplomático.

La amenaza a Budapest y Varsovia no viene sólo de los países más activistas, como la Francia de Emmanuel Macron. "Si es necesario, como último recurso, examinaremos cómo avanzar sin los países que bloquean", ha dicho su secretario de Estado para la UE, Clément Beaune. También están de acuerdo con el ultimátum países que se opusieron hasta el final al fondo anti-Covid, como Holanda. O incluso la propia Comisión de Ursula von der Leyen, que estudia ya las diferentes opciones jurídicas. 

Polonia y Hungría se atrincheran

Lo único que está claro ahora mismo es que la UE no cederá a las exigencias del húngaro Viktor Orbán y del polaco Mateusz Morawiecki. No va a modificarse ni una coma del recién aprobado reglamento que permite bloquear los fondos europeos a los países que no respeten el Estado de derecho en cuestiones como la independencia judicial, la lucha contra la corrupción o el respeto a la libertad de prensa.

A lo máximo que están dispuestos los Veinticinco es a adjuntar una declaración política explicativa dejando claro que Bruselas tratará igual a todos los países (lo que es una obviendad) o que este mecanismo no se usará para presionar en otros campos como la migración (algo que ninguna capital, salvo Budapest y Varsovia, ha sugerido jamás). 

La canciller alemana, Angela Merkel, durante una rueda de prensa Reuters

Esta oferta, patrocinada por Angela Merkel en su calidad de presidenta de turno de la UE, podría abrir una brecha entre los aliados. El jefe de gabinete de Orbán, Gergely Gulyas, ha dicho este jueves estar abierto a negociar pero ha asegurado que si se mantiene el reglamento sobre Estado de derecho "no habrá acuerdo".

En contraste, el viceprimer ministro polaco, Jaroslaw Gowin, se ha mostrado dispuesto a considerar el plan de Merkel. Reclama una "declaración interpretativa vinculante" del Consejo Europeo que garantice que "la condicionalidad en materia de Estado de derecho no se utilizará para ejercer una presión injustificada sobre determinados Estados miembros en otras áreas que no sean el uso adecuado de los fondos de la UE". En todo caso, Orbán y Morawiecki han pactado apoyarse siempre mutuamente.

Las alternativas

¿Cuál es la alternativa en la que trabajan ya el resto de socios para evitar un retraso en las ayudas? Se trataría de cambiar los cimientos sobre los que se asienta el fondo de reconstrucción de 750.000 millones de euros, con el fin de sortear la exigencia de unanimidad y con ella el veto de Varsovia y Budapest. Eso sí, sin alterar demasiado su contenido (por ejemplo el equilibrio entre subvenciones y créditos o los criterios de reparto entre países), ya que costó cinco días y cuatro noches de negociación en julio. 

La primera opción consiste en transformar el fondo, actualmente basado en el presupuesto plurianual de la UE, en un acuerdo intergubernamental a Veinticinco, dejando fuera a Budapest y Varsovia. Esta estrategia ya se usó en 2012 cuando el entonces primer ministro británico, David Cameron, vetó el Pacto Fiscal Europeo y el resto de socios siguieron adelante sin Londres.

Su principal inconveniente es que costaría tiempo ponerla en marcha y que, dependiendo de cómo se diseñe, aumentaría el nivel de deuda de todos los Estados miembros, algo que se quería evitar con la construcción que se pactó en julio.

La presidenta Ursula von der Leyen, durante la reunión del colegio de comisarios este miércoles Etienne Ansotte/CE

La otra posibilidad sería continuar trabajando en el marco del presupuesto plurianual de la UE, que según Bruselas facilita una solución más rápida. En este escenario se abren otras dos alternativas. La primera sería el procedimiento de "cooperación reforzada", previsto en los Tratados, que autoriza a una coalición de voluntarios (en este caso todos salvo Budapest y Varsovia) avanzar más deprisa que el resto en la integración comunitaria.

El equipo de Von der Leyen trabaja además en un segundo procedimiento similar al que se ha usado para crear el fondo SURE para financiar los ERTE. Consiste en que los Veinticinco -sin Polonia ni Hungría- creen un sistema de garantías nacionales que permita a Bruselas ir a los mercados a emitir deuda y captar la financiación para el fondo anti-Covid.

La incógnita es si se mantendría la dotación total de 750.000 millones de euros o se reduciría descontando el importe de las ayudas que iban a destinarse a Budapest y Varsovia. O si los fondos sobrantes se redistribuirían entre el resto de Estados miembros.

La cuerda floja

¿Qué camino seguirá la UE? "La conclusión más importante es que (una solución a Veinticinco) es factible. Es posible, es viable y funcionará", insiste el diplomático. Cualquier alternativa garantizaría que las ayudas empiecen a llegar a los países más golpeados por la pandemia, como España o Italia, como muy tarde en verano de 2021, sostiene. Es decir, un calendario muy similar al que se maneja con un acuerdo a Veintisiete.

El Gobierno español sigue prefiriendo este acuerdo a Veintisiete, con Polonia y Hungría, como vía para activar el fondo de reconstrucción. El secretario de Estado para la UE, Juan González-Barba, viajó este miércoles a Varsovia y la semana pasada a Budapest para tratar de convencerles de que reconsideren su veto.

Arancha González Laya, ministra de Asuntos Exteriores. Efe

"Los dos países están caminando por la cuerda floja porque sus empresas, ciudadanos y economías necesitan este estímulo tanto como el resto de la UE. En este momento, es una cuestión de responsabilidad y por eso pedimos un comportamiento responsable por parte de Polonia y Hungría", ha dicho la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, en una entrevista en Bloomberg.

A la espera de la decisiva cumbre de la semana que viene, el Gobierno de Orbán ha sufrido este jueves un nuevo revés en la UE. El abogado general del Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE) ha pedido que se desestime su recurso contra la decisión de la Eurocámara de activar el 'botón nuclear' contra Hungría por vulnerar el Estado de derecho. Es decir, el procedimiento sancionador previsto en el artículo 7 del Tratado que podría culminar en la suspensión de los derechos de voto de Budapest en la UE.