Las visitas ‘sorpresa’ de los inspectores del Ministerio de Hacienda a los domicilios de particulares y empresas con autorización judicial contarán con aval legal. El Gobierno de coalición solventará esta cuestión a través de las enmiendas al proyecto de ley de medidas contra el fraude fiscal, que se está tramitando en el Congreso.

Cabe recordar que hace unos meses una sentencia del Tribunal Supremo consideró que las inspecciones por sorpresa de miembros de la AEAT en los domicilios constitucionalmente protegidos de personas físicas y empresas van contra la ley, aunque dichas visitas hayan sido permitidas por un juez.

Para solventar esta situación, el Grupo Socialista ha interpuesto una enmienda para que la inspección no anunciada de la Agencia Tributaria (AEAT) se pueda hacer con todas las garantías legales. Según ha podido saber Invertia, será respaldada por el otro socio del Gobierno de coalición, Unidas Podemos.

A pesar de que la formación morada ha decidido no presentar enmiendas ni firmar conjuntamente ninguna con el PSOE al proyecto de medidas contra el fraude, sí que avalará esta medida, como avanzó este periódico.

Jesús Gascón, director de la AEAT, ya advirtió en la propia Cámara Baja, durante la tramitación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2021, de la necesidad de tomar esta medida.

Defendió que las personas físicas y jurídicas tienen una "protección" y unos derechos constitucionales que hay que "conciliar" con el hecho de que un investigador con autorización judicial pueda acceder a los locales sin previo aviso.

"El acceso con previo aviso no parece que sea muy efectivo cuando existe la posibilidad de destruir pruebas", dijo Gascón. No obstante, apuntó que el Supremo "ha puesto el problema encima de la mesa" y llamó a encontrar la solución más oportuna, por lo que "lo que hay ahora es endeble".

Socimi

Pero no es el único cambio de relevancia que el Gobierno de coalición va a plantear a través de las enmiendas al proyecto de ley contra el fraude fiscal. Será la base para aplicar una de las medidas pactadas en el acuerdo del PSOE y Unidas Podemos: la subida fiscal a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (socimi).

Concretamente, se contempla una tributación al 15% de sus beneficios no distribuidos y que procedan de rentas que no se hayan tributado al tipo general del Impuesto de Sociedades.

Esta enmienda, igual que otras relacionadas con la estructura de las sociedades de inversión de capital variable (sicavs), contará con el apoyo tanto del PSOE, que la plantea, como de Unidas Podemos.

Precisamente, con la entrada de Unidas Podemos en el Gobierno de coalición, estas entidades lanzaron mensajes sus mensajes de preocupación.

De hecho, el presidente de la asociación que aglutina a la mayor parte de las socimis españolas (Asocimi), Javier Basagoiti, denunció que “cualquier modificación de la legislación que no tenga como objetivo mejorar la posición competitiva de nuestros REIT frente a otros países europeos sería interpretado negativamente por los inversores que han apostado por nuestro sector inmobiliario ya que genera inseguridad jurídica e institucional”.

Basagoiti explicó que "el carácter estratégico y de inversión a largo plazo del negocio de las socimis exige que el marco normativo sea estable, seguro y genere confianza para garantizar que los flujos de capital siguen llegando a nuestro país y que las empresas del sector pueden acometer con solvencia sus planes de negocio".

Los directivos de importantes socimis españolas también han levantado la voz. El CEO de Colonial, Pere Viñolas, aseguró recientemente que cambiar el actual régimen fiscal “sería pegarnos un tiro en el pie como país”.

El consejero delegado de Merlin Properties, Ismael Clemente, también indicó recientemente que su lucha por mantener intacto el régimen actual de las socimis se enfoca más en “la entropía del sistema”. “Si cambias una norma introducida hace seis años, al mercado de inversión internacional le transmites un cierto mensaje de inquietud e inseguridad jurídica que no es bueno para el sistema en su conjunto”, enfatizó.

Mínimo impacto recaudatorio

En la actualidad, las socimis están obligadas por ley a distribuir, como mínimo, el 80% del beneficio generado en España. Por tanto, subir el impuesto de sociedades al 15% solo afectará al 20% restante, que se traducirá en una inyección de apenas 22 millones de euros para las arcas públicas, según las cuentas del propio Ejecutivo. Es decir, únicamente un 2% de lo que estas sociedades reparten entre sus accionistas a modo de dividendos.

Las socimis repartieron dividendos en 2019 por valor de 1.254 millones de euros, lo que supone un crecimiento de más del 60% respecto al ejercicio anterior, tal y como reflejó la segunda edición del informe de elaboración conjunta entre BME y JLL España sobre la evolución del mercado.