La Comisión Europea ha dado este martes luz verde al último paquete de ayudas de España a empresas y autónomos, que se aprobó en el Consejo de Ministros el pasado 12 de marzo con una dotación total de 11.000 millones de euros. Bruselas considera que estas medidas son "necesarias, apropiadas y proporcionadas" para combatir la crisis económica provocada por la Covid-19 y se ajustan al marco temporal de subvencines públicas de la UE por el coronavirus.

"Los cambios que hemos aprobado hoy ayudarán a las empresas españolas a preservar su actividad económica en estos momentos difíciles", ha dicho la vicepresidenta de la Comisión y responsable de Competencia, Margrethe Vestager, en un comunicado. "Seguimos trabajando en estrecha cooperación con los Estados miembros para encontrar soluciones viables para mitigar el impacto económico del coronavirus, en línea con las reglas de la UE", ha agregado.

En realidad, lo que el Ejecutivo comunitario ha hecho es aprobar la modificación y la prolongación de tres régimenes de ayudas que España ya había notificado a Bruselas. El primero es el que permite conceder ayudas, garantíasa públicas o préstamos a empresas y autónomos golpeados por la Covid. El segundo se refiere específicamente a subvenciones para I+D. Y el tercero es el fondo de recapitalización dotado con 10.000 millones. Los tres regímenes se prolongan hasta el 31 de diciembre de 2021.

Los principales cambios aprobados por Bruselas afectan al primero de los planes. En primer lugar, el Ejecutivo comunitario avala un incremento por valor de 10.000 millones de euros en el presupuesto para ayudas directas limitadas, que pasa así de 3.650 millones a 13.650 millones de euros.

Además, se aumenta el tope de las subvenciones máximas autorizadas en España: 225.000 euros para empresas activas en la producción primaria de productos agrícolas (en lugar de 100.000 como hasta ahora); 270.000 euros para empresas activas en el sector de la pesca y la acuicultura (en lugar de 120.000); y 1,8 millones para las empresas activas en el resto de sectores (800.000 hasta ahora).

Las autoridades españolas podrán conceder garantías de hasta 8 años a las nuevas emisiones de instrumentos de deuda subordinada. Finalmente, Bruselas avala que las ayudas reembolsables que España ha concedido hasta ahora -incluyendo las garantías del ICO a préstamos preferentes- puedan convertirse en instrumentos más favorables como subvenciones a fondo perdido, hasta el 31 se diciembre de 2022.

Esto permitirá, en particular, convertir las garantías en ayudas directas y también extender los vencimientos de préstamos garantizados existentes, así como convertir los préstamos preferentes garantizados en préstamos subordinados, según ha informado la Comisión. Eso sí, respetando siempre los topes de ayuda máxima por empresa.

Además, Bruselas autoriza a España a conceder ayudas para I+D a microempresas y pymes incluso aunque estuvieran en dificultades ya el 31 de diciembre de 2019, es decir, antes de la pandemia.