La suma de estas partidas -vinculadas a decisiones políticas- incrementó el gasto público en más de 7.500 millones de euros el pasado año. Ese coste (que aumentará en 2021 por el avance de las prestaciones del ingreso mínimo) contribuyó a que el gasto de las administraciones públicas alcanzara la cifra de 53.070 millones de euros. Mientras, el PIB se desplomaba un 10,8% en el peor año de la pandemia.

Sin embargo, el problema de esa cifra es que, a diferencia de otros gastos coyunturales, permanecerá en nuestras cuentas públicas más allá de la pandemia, obstaculizando aún más la complicada consolidación fiscal.

El gesto con esos colectivos que quiso tener el Gobierno de coalición en 2020 no fue el único gasto ajeno a la crisis sanitaria que disparó el déficit en 2020. También los 9.100 millones que se han tenido que contabilizar de Sareb fueron un golpe para el déficit, según los datos de ejecución presupuestaria que presentó este lunes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Y a esto se suman otros litigios del Estado, como Castor (con un coste de 1.400 millones) o la sentencia del Supremo contra los pagos a cuenta en el Impuesto de Sociedades (500 millones).

Para poner en contexto todos estos números, basta con apuntar que la partida de gastos Covid por compra de material sanitario para las comunidades autónomas fue de 1.197 millones. Es mucho menos de lo que representan esos otros gastos que el Gobierno decidió aprobar o que tuvo que asumir por errores políticos del pasado que han derivado en litigios en los tribunales o en un tirón de orejas de Eurostat (en el caso de Sareb).

Coste de los ERTE

La presentación de los datos de ejecución presupuestaria de 2020 que el Gobierno enviará a Bruselas sirvió también para volver a poner de manifiesto el enorme esfuerzo fiscal que está asumiendo España para sostener su mercado laboral.

De hecho, nueve de cada diez euros gastados el pasado año fueron destinados a gastos asociados a la pandemia, fundamentalmente al impacto en el empleo.

El coste de los ERTE, el cese de actividad o la incapacidad temporal por la Covid alcanzó los 21.520 millones, dinero que el Estado transfirió a la Seguridad Social para evitar su colapso.

Esta cuantía irá reduciéndose cuando la economía vuelva a abrir en la 'nueva normalidad' y parte de esos empleados se reincorporen al mercado laboral. Sin embargo, el Gobierno ya ha avanzado que pretende que los ERTE pasen a ser un mecanismo estructural en España y, en ese contexto, hay una parte que podría quedar como gasto estructural para el futuro.

Déficit de la Seguridad Social

Las cuentas del Estado pusieron este lunes de nuevo de manifiesto la fragilidad de la Seguridad Social con un déficit que alcanza el 2,65% del PIB. Esto equivale a 29.685 millones y está en el foco de la Comisión Europea, dado que entre las reformas que exige a España a cambio de liberar los fondos europeos -cuando sean desbloqueados en Alemania- figura la de las pensiones para corregir este déficit que es estructural y viene de atrás.

Volviendo a la ejecución presupuestaria, las exoneraciones a los ERTE y a los autónomos tuvo un coste añadido de 7.791 millones.

Las partidas que destinó Hacienda a combatir la pandemia se completan con los 8.284 millones para gastos de Covid y gastos sociosanitarios de las comunidades autónomas, así como otros 7.312 millones que se enmarcan dentro de otra partida denominada "restos de gastos" de la crisis sanitaria.

En total, son 44.907 millones de euros de gasto público destinados a "combatir la pandemia", en palabras de la ministra. Lo que revela que otros casi 10.000 millones gastados de forma adicional en el año que más ha caído el PIB español en tiempos de paz han ido destinados a otros fines.

Y a este mal dato para las administraciones públicas hay que sumarle el coste de la Sareb, que se va a traducir en un aumento de la deuda pública de 35.000 millones y que tiene un impacto de 9.800 millones en el déficit del pasado año.

Según destacó Montero, el esfuerzo del Estado central permitió que comunidades autónomas controlaran el déficit con un saldo conjunto de -0,21%. La ministra destacó en este punto que nueve autonomías cerraron 2020 en positivo (Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León y La Rioja).

También las corporaciones locales cerraron con un superávit el pasado año del 0,26% del PIB.

Cae la recaudación

Estos datos se registraron en un año en el que la recaudación se desplomó en 24.487 millones de euros, una cifra relevante, pero menor a lo esperado.

De hecho, el déficit con el que cerró España el pasado año es inferior al que habían pronosticado organismos internacionales, como la Comisión Europea (12,2%) o el FMI (11,7%) a pesar del incremento de última hora que ha supuesto el cambio de perímetro del 'banco malo'.

La recaudación se desplomó con menor fuerza que la actividad. De hecho, en el caso del IRPF se incrementó un 1,2% debido a las subidas salariales del sector público y a que el empleo hibernado en los ERTE siguió pagando impuestos.

En el IVA e Impuestos Especiales, se produjo una caída de los ingresos del Estado del 12,8%, y en impuestos sobre Renta y Patrimonio se registró una caída del 3%. Mientras que la caída del Impuesto de Sociedades alcanzó el 33,2%.

Sin Plan de Reequilibrio

En este difícil contexto, AIReF y el Banco de España han reclamado al Gobierno que cumpla con la ley de Estabilidad Presupuestaria y presente un Plan de Reequilibrio presupuestario detallado sobre sus planes para la consolidación fiscal.

Montero quitó hierro a este asunto al afirmar que no es el momento de abordar este tema hasta que la pandemia no haya quedado controlada, lo que depende de la vacunación.

Tampoco quiso concretar si ahora el Gobierno prevé reducir el déficit a un nivel superior al prometido en 2021, después de que la ejecución de 2020 fuera mejor de lo que Hacienda había prometido a la Comisión Europea. Sí insistió en lanzar el mensaje de que el Ejecutivo tiene un compromiso con la consolidación fiscal, pero cuando pase la pandemia.