Unas divisiones que se están produciendo en incluso entre regiones del mismo color político. Independientemente de si la región es 'popular' o 'socialista', los mandatarios autonómicos van a velar por el beneficio de sus territorios. 

Fuentes de las comunidades autónomas tanto del Partido Popular como del Partido Socialista ya anticipan este 'combate'. Y lo consideran natural. Consideran que es virtualmente imposible conjuntar intereses de regiones con gran concentración poblacional con las más rurales. Hay motivaciones totalmente diferentes, y los responsables regionales van a defender las de sus territorios, no las de sus partidos.

Esto es lo que ha dado pie a las recientes y 'antinaturales' reuniones (desde un punto de vista político) de Ximo Puig y Juan Manuel Moreno, presidentes de Comunidad Valenciana y Andalucía, respectivamente. Defienden que se compense a sus territorios por la "infrafinanciación" que han venido sufriendo en los últimos años y se vaya a un modelo de población ajustada actualizado a la evolución de la sociedad española.

Estas regiones, con el actual modelo de financiación, están afectadas por una infrafinanciación que el propio Ministerio de Hacienda ha reconocido en reiteradas ocasiones, sobre todo en el caso de la citada Comunidad Valenciana y la Región de Murcia. 

España vacía

Más allá de esta cuestión, las medidas que se utilicen para determinar los criterios de la población ajustada y su cálculo para recibir la financiación son clave, y su peso será determinante. Por ello, los representantes de la 'España Vacía' reclaman que este rol se conceda a criterios como la dispersión de los núcleos poblacionales. 

Dichas regiones defienden que, para que se mantenga la homogeneidad de la calidad de los servicios públicos en todo el territorio español, se debe valorar el coste que tienen estos servicios en áreas de gran dispersión geográfica. Se trata de un bando en el que están Galicia, las dos Castillas, Aragón, Asturias, Extremadura y Cantabria. 

De hecho, está previsto que la España Vacía celebre una cumbre el 23 de noviembre en Santiago de Compostela para que tanto socialistas como 'populares' muestren sus cartas en una cita promovida por el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. 

Mientras, Madrid, Baleares y Cataluña quieren que se impulse en las reglas de financiación autonómica el principio de originalidad en la aplicación de las medidas de nivelación. Es decir, que a pesar de que conserve la solidaridad autonómica, se mantenga una financiación coherente con lo que se recaude o aporte cada territorio. 

Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en el Congreso.

Fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en el que el documento va a presentarse a las regiones este mismo mes de noviembre, aunque no hay previsto, por lo pronto, la celebración de ningún Consejo de Política Fiscal y Financiera para ello.

La reforma de la financiación autonómica es una de las tareas pendientes de Pedro Sánchez. Cuando llegó a Moncloa en 2018 lo hizo con el compromiso de llevar a cabo esta tarea, que se ha ido retrasando primero por su debilidad parlamentaria y la convocatoria de elecciones y después por la irrupción de la pandemia de la Covid-19. 

En el camino, desde el departamento que dirige María Jesús Montero aseguran que se han mantenido reuniones bilaterales con cada una de las comunidades autónomas para conocer sus necesidades y visiones en materia de financiación. Pero admiten que será complicado pactar un modelo a corto plazo debido a la divergencia de opiniones. 

Por otro lado, hay conflictos que vienen de lejos en la relación de Hacienda con las comunidades autónomas. Las regiones demandan que el Ministerio les ha 'hurtado' capacidad de gasto en 2022, y que tendrán dificultades para afrontar el incremento de gasto estructural que se está produciendo en partidas como sanidad sin fondos extraordinarios. 

Además, cabe recordar que, en medio de todo este debate, el Gobierno ya ha planteado la idea de llevar a cabo una armonización fiscal de los impuestos autonómicos (como Patrimonio o Sucesiones), de manera que haya un suelo para los tipos fiscales que apliquen los territorios. Una medida a la que Madrid se opone. De hecho, esta región reclama más 'libertad' fiscal.