El Gobierno ha asumido una pérdida superior a los 4.300 millones de euros por los avales del ICO concedidos a las empresas como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, según datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) con la información aportada por el propio Ejecutivo.
De acuerdo con los datos publicados por el Gobierno a cierre de 2021, la AIReF precisa que el pasado año se registraron garantías estandarizadas derivadas de las pérdidas estimadas de los avales del ICO por importe superior a estos 4.300 millones de euros, que fueron directamente a engrosar el déficit de 2021, que se situó en el 6,87% del PIB, informa Europa Press.
Sin embargo, el organismo fiscalizador advierte de que existe el riesgo de que las pérdidas reales acaben siendo mayores a las estimadas, lo que supondría un mayor déficit en los próximos ejercicios. La información sobre las pérdidas en 2021 de los avales del ICO ha supuesto para la AIReF rebajar el impacto de dichas pérdidas en 2022 frente a lo previsto con anterioridad.
En concreto, en el informe sobre los Presupuestos de 2022, el organismo previó que las garantías y préstamos concedidos tendrían un impacto en el déficit del 0,8% del PIB (unos 8.000 millones de euros) distribuidos entre 2022 y 2023, correspondiendo 6.000 millones a 2022, en línea con los cálculos del Gobierno recogidos en la actualización del plan de estabilidad 2021-2024.
En cambio, a raíz de la publicación de los datos de cierre de 2021, la AIReF ha reducido el impacto de esta medida como consecuencia de que en el 2021 ya se registraron garantías estandarizadas derivadas de las pérdidas estimadas de los avales ICO por importe superior a los 4.300 millones.
104.000 millones concedidos
El Gobierno aprobó avales del ICO por un total de 140.000 millones de euros, en el momento más grave de la crisis derivada del Covid para financiar a empresas y autónomos, y hasta el momento se han concedido un total de 104.659,5 millones de euros, que han permitido movilizar 137.486,80 millones de euros hacia el tejido productivo español.
Según datos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital actualizados al cierre del primer trimestre, las líneas de avales liquidez e inversión han financiado a un total de 735.027 empresas, autónomos y pymes a través de 1,16 millones de operaciones, de las que el 98% ha sido suscrito por pymes y autónomos.
De acuerdo con datos a 31 de marzo de 2022, la línea ICO liquidez ha avalado 1,02 millones de operaciones de más de 619.158 empresas, con un importe avalado de 92.743,7 millones de euros, lo que ha permitido que estas empresas hayan recibido 122.173,9 millones de euros de financiación para garantizar su liquidez y cubrir sus necesidades de circulante.
El 90% de las empresas con operaciones formalizadas está directamente gestionada por autónomos y micropymes. Esta tipología de empresas, de menos de diez empleados, ha solicitado el 74% del total de las operaciones. Asimismo, el 75% de las operaciones avaladas se ha destinado a garantizar nuevos préstamos, que en su mayor parte (73%) son a largo plazo, de más de cuatro años.
En cuanto a la línea de avales para la inversión, al cierre de marzo se han avalado 147.717 operaciones de 115.869 empresas. El importe total avalado ha ascendido a 11.915,8 millones de euros y la financiación canalizada se ha situado en 15.312,9 millones. El 80% de las empresas con operaciones formalizadas están directamente gestionadas por autónomos y micropymes y las empresas de menos de 10 empleados han solicitado el 72% del total de las operaciones.
Nuevos avales por Ucrania
Además de estas líneas de avales aprobadas en 2020, el Gobierno ha incluido una nueva línea de 10.000 millones de euros en el plan económico para paliar la crisis derivada de la guerra de Ucrania, cuyos créditos podrán concederse hasta el 31 de diciembre de 2022 con un periodo de carencia de 12 meses.
Asimismo, se ha flexibilizado el Código de Buenas Prácticas aplicable a todos los avales vivos correspondientes a los créditos Covid, de forma que ya no sea necesario que la cifra de negocios en 2020 se haya reducido más de un 30% con respecto a 2019 para poder acceder a una ampliación del plazo de vencimiento.
También se habilita un periodo de carencia de 6 meses a petición de los deudores en los sectores más afectados y se establece la obligatoriedad para las entidades financieras de mantener las líneas de circulante para todos los clientes.