Nuevo capítulo de la guerra de los laudos de las renovables, que le puede costar a España hasta 1.175 millones de euros en indemnizaciones. Los demandantes, las empresas que reclaman compensaciones por los recortes ejecutados hace diez años a las primas por las energías renovables, cuentan con apoyo del Banco Mundial, que ha instado al Gobierno a cumplir con lo dictado en los laudos. 

Así lo indica una carta enviada a finales de enero al Ejecutivo por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución perteneciente al Banco Mundial. 

Según el documento, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, "el Reino de España no ha cumplido con el laudo. En este sentido, hacemos referencia al Artículo 53 del Convenio del CIADI que dispone que el Laudo y la Decisión de Anulación son definitivos y obligatorios para las partes".

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"Agradeceremos que el Reino de España informe al CIADI las medidas que hayan sido adoptadas para cumplir con los términos del laudo. En caso de que no se haya adoptado ninguna medida hasta la fecha, instamos al Reino de España a cumplir y acatar los términos del Laudo tal como lo dispone el Convenio del CIADI y con el fin de evitar la acumulación de los intereses previstos en el Laudo", termina la carta, firmada por Gonzalo Flores, secretario general interino del CIADI. 

El texto se refiere en particular al caso de la compensación que el Tribunal del CIADI ordenó a España pagar a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar B.V. por 101 millones de euros más intereses.

Respuesta de España

La respuesta de España es bien reciente, del pasado viernes. Básicamente viene a indicar que el órgano no tiene jurisdicción en este asunto.

El texto, del Ministerio de Justicia y al que también ha tenido acceso este periódico,  argumenta que "el CIADI no desempeña ningún papel en el reconocimiento y ejecución de laudos" en virtud de su propio convenio, "que no le reconoce papel alguno en esta materia".

Por otra parte, el convenio de la institución del Banco Mundial tampoco "impone al Reino de España obligación alguna informar sobre las medidas adoptadas", añade. 

Justicia argumenta que "como es público y conocido por el CIADI, España y los demás Estados miembros de la Unión Europea no han sometido a la jurisdicción del Centro las controversias derivadas del artículo 26 del Tratado sobre la Carta de la Energía a nivel europeo, razón por la cual cualquier laudo dictado en una controversia de esta naturaleza constituye una exceso del tribunal arbitral".

Por ello, "España solicita al CIADI que se abstenga de registrar solicitudes para arbitraje que estén manifiestamente fuera de la jurisdicción del Centro". 

"Desafortunadamente, este tipo de comunicación no es inocua", lamenta el Ministerio. Considera que el objetivo de la presión de los demandantes es "obtener publicidad indebida en perjuicio de los intereses e imagen del Reino de España".