El documento que el Ejecutivo presentó hace unos meses incluía 5.530 millones de euros en préstamos para financiar acciones relaciones con el ingreso mínimo vital (IMV) y el fondo RED, pensado para financiar expedientes de regulación de empleo temporales (ERTE) a nivel sectorial habilitados por la reforma laboral. 

Fuentes del Gobierno precisan que se ha preferido concentrar todos los préstamos en inversiones productivas y en potenciar los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE).

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De esta manera, el Fondo RED se tendrá que nutrir exclusivamente de excedentes de prestaciones contributivas al Fondo de Desempleo y las acciones relativas al (IMV) a través de fondos de Seguridad Social. 

A cambio, se impulsan los PERTE. En este sentido, desde el Ejecutivo se indica que se ha querido reforzar los préstamos de los de descarbonización industrial, energías renovables y ciclo del agua. Y, sobre todo, el PERTE Chip, que contará con más de 12.750 millones de euros (de los que más de 10.000 millones serán préstamos).

También se mejora la dotación del PERTE del vehículo eléctrico y conectado (VEC), que contará con 1.200 millones de euros más tras la reforma de los límites a las ayudas de Estado por parte de la Comisión Europea.  

Hay más cambios de peso en la movilización de la financiación del Plan de Recuperación, que entre transferencias directas (79.800 millones de euros, tras los últimos ajustes) y préstamos suman 163.000 millones de euros.

Más allá de 2026

Pese a que el reglamento de los mecanismos europeos de recuperación indica que todos los fondos UE tienen que estar ejecutados en 2026, hay una posibilidad para rebasar este plazo. A través de entidades públicas empresariales se podrán ejecutar proyectos más allá de los límites mencionados. 

Según indican desde el Ejecutivo, esta posibilidad la ha ofrecido la propia Comisión Europea y está pensada para iniciativas especialmente complejas que requieran largos tiempos de desarrollo y grandes infraestructuras. Ponen, como ejemplo, las relativas al hidrógeno y como entidad pública empresarial responsable al Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía de España (IDAE). 

Durante la negociación de la adenda, se han gestionado cambios en 69 hitos y objetivos, con el objetivo de adaptarlos al nuevo contexto que ha generado la guerra en Ucrania y la inflación disparada.

Dentro de los cambios gestados, hay modificaciones en varios hitos relacionados con el cuarto pago de fondos europeos, que suma unos 10.000 millones de euros. Tienen que ver con la reforma de la Función Pública y la de la Justicia. Ahí se han hecho ajustes que permitirán la aprobación rápida de ambas, aunque sin rebajar las condiciones, según el Gobierno. 

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De esta manera, el objetivo del Gobierno es, en cuanto el Ecofin dé el visto bueno definitivo a la adenda, solicitar este cuarto pago cuanto antes. 

Por otro lado, desde el Ejecutivo admiten que los 69.500 millones de euros en préstamos europeos se cargarán a la deuda pública española. Con todo, su recepción se ha diseñado de tal manera que sea compatible con la senda de reducción fiscal y con retomar las reglas fiscales a partir de 2024. 

Además, el coste de los tipos de interés, al tratarse de deuda que emite la Comisión Europea, va a ser mucho más reducido que si fuera deuda emitida directamente por el Tesoro español. Concretamente, teniendo como referencia el mercado de deuda actual, se espera una ventaja del entorno de los 25 puntos básicos. 

Así mismo, cabe recordar que finalmente el Gobierno no tendrá que aplicar peajes en las carreteras españolas. Según indican desde el Ejecutivo, se ha jugado la baza del importante golpe económico que el sector del transporte ha sufrido por la crisis energética. Además, el nuevo sistema de pagos por CO2 se solaparía con el pago por uso. 

A cambio, España ha ofrecido medidas para incentivar el transporte de mercancías por ferrocarril.