María Jesús Montero, vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, ha informado de que el Gobierno no enviará una nueva versión del texto este año a la Comisión Europea. La reciente aprobación de las reglas fiscales ha supuesto la supresión de la obligatoriedad de tener que mandar este documento a Bruselas. 

De ahí que el Gobierno baraje enviar, en todo caso, un "recordatorio de cómo entendemos que se puede comportar esa senda de estabilidad, pero sabiendo que ni siquiera la Comisión lo va a validar". 

¿En qué consiste el susodicho recordatorio? Desde Hacienda se remiten a las declaraciones de la propia Montero y no aclaran cuál va a ser el contenido del informe.

En todo caso, parece que se va a pronosticar un escenario económico y se van a dar unas perspectivas macro. Es decir, que no se van a incluir medidas a aplicar en los próximos años para lograr objetivos fiscales, algo que parece quedar para septiembre. 

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Cabe recordar que, con respecto a la reciente aprobación de las nuevas reglas fiscales, los Estados ya no tienen la obligatoriedad de enviar el plan de estabilidad antes de terminar abril.

Con todo, el Gobierno no había confirmado que no lo iba a hacer hasta las declaraciones de Montero, que sucedieron en el programa Al Rojo Vivo, en La Sexta, este viernes.

Lo que sí tendrán que hacer los Estados es enviar en el mes de septiembre su propio plan estructural a medio plazo para cumplir con la nueva normativa europea y alcanzar las nuevas metas fiscales. Dichos objetivos se mantienen en un máximo de deuda pública del 60% del PIB y déficit público tope del 3% del PIB. 

"No será hasta el mes de septiembre cuando se tenga que presentar ese plan estructural en el que todavía tenemos mucho que discutir con la propia Comisión Europea", ha explicado Montero.

Trayectorias

Por su lado, la Comisión presentará una trayectoria de referencia (anteriormente llamada trayectoria técnica) a los países donde la deuda pública supere el 60% del producto interior bruto (PIB) o donde el déficit público supere el 3% del PIB, como es el caso de España.

La trayectoria de referencia de la Comisión Europea indicará cómo los Estados miembros pueden garantizar que, al final de un período de ajuste fiscal de cuatro años, la deuda pública esté en una trayectoria descendente plausible o se mantenga en niveles prudentes a medio plazo.

Además, un Estado miembro podrá solicitar la presentación de un plan nacional revisado si existen circunstancias objetivas que impidan su implementación, incluso si hay un cambio de gobierno.

De acuerdo con la trayectoria de referencia de la Comisión, los países de la UE trazarán su ajuste fiscal, expresado en trayectorias de gasto neto en sus planes estructurales fiscales nacionales a medio plazo, que deberán ser aprobados por el Consejo.

Los cálculos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) indican que para que España pueda cumplir con las previsiones fiscales que tiene ahora el Gobierno, serán necesarios 9.200 millones de euros anuales (el 0,63% del PIB) en ajustes hasta 2028.