El permiso parental y el retraso de su remuneración levantan ampollas en el seno del Gobierno de coalición

Recapitulemos. El permiso parental está pensado para el cuidado del hijo o menor acogido por tiempo superior a un año y puede disfrutarse hasta que el menor cumpla 8 años.

Tiene una duración de hasta 8 semanas. Puede consumirse de una sola vez o disfrutarse por semanas o días durante el periodo de vigencia del permiso. Es decir, hasta que el menor cumpla ocho años. Es intransferible y se ha incluido dentro del Estatuto de los Trabajadores.

El permiso parental supone la traslación al ordenamiento jurídico español de la directiva europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional (la 1.158). Sin embargo, dicha directiva también recoge que este permiso tiene que ser retribuido, aunque no las cuantías ni cómo se tiene que financiar. 

Esto es lo que está generando aristas dentro del Ejecutivo. Según ha podido saber este periódico, los ministerios de Sumar insisten en que este asunto se cierre cuanto antes. Sin embargo, habría cierta resistencia en los ministerios socialistas, según han dejado entrever desde el bando de Yolanda Díaz. 

"Si dependiese de mi voluntad habría sucedido ya, pero confío en que suceda dentro de plazo y de manera inminente", señaló la semana pasada Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el Senado.

Cabe recordar que los planes del Gobierno son, en un principio, que se remuneren al menos cuatro semanas de las ocho que supone el permiso parental. La idea es que todo el periodo de permiso esté financiado cuando se cierre la presente legislatura. 

Una de las incógnitas es cómo se va a financiar el permiso parental. En su momento, desde el equipo de Yolanda Díaz se barajaba una fórmula mixta para ello, de manera que una parte la pagara las Administraciones Públicas y otra las empresas. 

Sin embargo, ahora habría una mayor inclinación a que este permiso fuera financiado en su totalidad por el Estado. Con todo, este aspecto forma parte de los asuntos por cerrar en el seno de la coalición. 

Sanción

Sin embargo, el Ejecutivo debe hacerlo cuanto antes. Concretamente, antes del dos de agosto. Si la remuneración no se aprueba, y se aplica, antes de esta fecha España afrontará una "importante" sanción por parte de Bruselas, según indican fuentes del Gobierno. 

No se trata del único asunto 'social' que ha levantado ampollas en las últimas semanas en el seno del Ejecutivo. Los ministerios de Sumar reclamaron una subida inmediata del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM). 

Se trata de una medida que llegaron a negociar directamente entre Pedro Sánchez y Yolanda Díaz. Sin embargo, el diálogo en ningún momento llegó a buen puerto. Presuntamente por la oposición del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero. 

Con la negociación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025 a punto de empezar, se da por hecho que dicho incremento, si se pacta, formará parte de este proyecto presupuestario.