La reforma fiscal es una de las condiciones clave exigidas por la Unión Europea a cambio del quinto pago de 7.000 millones de euros de fondos Next Generation, que lleva ya medio año de retraso. Pero la Comisión Europea ha reforzado su importancia al situarla como una pieza central de la estrategia de consolidación fiscal que debe presentar España de aquí al 20 de septiembre.

La petición renovada de Bruselas choca con la resistencia del Gobierno de Pedro Sánchez a realizar esta reforma fiscal, para la que tampoco cuenta con el apoyo de sus socios. De hecho, la vicepresidenta primera y responsable de Hacienda, María Jesús Montero, ha metido en el cajón el informe que encargó a un grupo de sabios y que tiene en sus manos desde 2022. Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, sostiene que el Gobierno ya ha tomado "medidas ambiciosas" para cumplir con lo prometido a Bruselas.

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Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no comparte en absoluto este diagnóstico. En sus recomendaciones de política económica de cara a 2024 y 2025, Bruselas pide "revisar y simplificar el sistema tributario con el fin de apoyar el crecimiento económico y el empleo, la cohesión y la transición verde". 

"Las reformas fiscales deben ser una parte central de la estrategia de consolidación presupuestaria", señala el informe sobre España. La Comisión menciona además expresamente al grupo de sabios de Montero. Y recuerda los tres criterios que debe cumplir esta reforma para aprobar el examen de Bruselas: hacer el sistema tributario más eficaz y moderno; apoyar la transición verde; y "aumentar los ingresos y promover la equidad".

"España tiene margen para recaudar más ingresos tributarios relacionados con el medioambiente (que ascendieron al 1,5% del PIB en 2022 frente al 2% para el cojunto de la UE), incluso mediante un refuerzo de la aplicación del principio de quien contamina, paga", dice el informe.

"Las medidas para cumplir los objetivos del plan de recuperación y resilencia podrían incluir también el aumento de los impuestos al consumo, y al mismo tiempo proteger a las personas vulnerables con ayudas compensatorias selectivas. Esto reforzaría además la capacidad de las transferencias sociales de reducir la desigualdad y la pobreza, que se mantiene elevada y afecta de forma particular a los niños", afirma la Comisión.

El Gobierno de Sánchez debería además cumplir a rajatabla las recomendaciones de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para mejorar la calidad y la eficiencia del gasto público. "Esto es particularmente relevante para la sanidad, con el fin de mejorar la eficacia en materia de costes y afrontar las disparidades regionales en materia de acceso y calidad, así como las significativas necesidades de inversión en atención primaria".

En sus recomendaciones para España, Bruselas alerta además de los "retrasos emergentes" en la ejecución de los fondos Next Generation. El cuarto pago por valor de 10.000 millones de euros se va a desembolsar con un año de retraso sobre el calendario inicial previsto y con uno de los hitos sin cumplir. Las dificultades del Gobierno para sacar adelante las reformas exigidas a cambio del dinero hacen prever nuevos atascos.

El Ejecutivo de Sánchez debe "hacer frente a los retrasos emergentes para permitir una ejecución continuada, rápida y eficaz del plan de recuperación y resiliencia, garantizando que las reformas e inversiones hayan sido completadas para agosto de 2026". En este sentido, Bruselas recomienda "reforzar la capacidad administrativa para gestionar los fondos de la UE", incluyendo los de cohesión.

"Para cumplir con los compromisos del plan de aquí a agosto de 2026, es imprescindible que España continúe con la implementación de las reformas y acelere las inversiones, abordando los retrasos emergentes y garantizando al mismo tiempo una fuerte capacidad administrativa. El tamaño y la complejidad del plan exigen medidas específicas para garantizar que las reformas e inversiones puedan completarse a tiempo", prosigue el informe.

"Lo mismo ocurre con los desafíos relacionados con la capacidad de absorción. Las inversiones están muy concentradas hacia el final del periodo de ejecución del plan de recuperación y merecen una atención especial. También hay margen para fortalecer la coordinación entre los diferentes niveles de la administración, mientras que la racionalización de los procedimientos aceleraría la recepción de los fondos por parte de los beneficiarios finales. Estos elementos son particularmente relevantes para superar los retos relacionados con absorber la considerable cantidad de fondos gestionados a través de instrumentos financieros", reclama la Comisión.

"La implicación sistemática de las autoridades regionales y locales, los interlocutores sociales y otras partes interesadas sigue siendo importante para la ejecución exitosa del plan de recuperación", concluye el informe.