Por qué la financiación autonómica hace agua: un cántabro cuenta con 1.000 € más al año que un murciano

El Sistema de Financiación Autonómico (SFA) determina cómo se reparten los recursos entre las diferentes comunidades de régimen común. Fuera de él sólo se encuentran País Vasco y Navarra, que funcionan por un sistema de cupo. La diferencia estriba en que, en las primeras, los impuestos los recauda el Estado y luego reparte, mientras que las regiones forales recaudan sus propios impuestos y luego entregan una parte, ese cupo, al Estado.

El debate está en cómo reformar ese régimen general para eliminar o, al menos, reducir las inequidades que genera. Y es que en el reparto de fondos hay comunidades que salen más beneficiadas: en 2023, Cantabria recibió 4.198 euros por habitante, casi 1.000 más de los 3.213 que recibió Murcia. Junto a esta región, la Comunidad Valenciana y Andalucía son las más perjudicadas, de acuerdo con los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF).

El reparto sigue, a grandes rasgos, cuatro criterios: población, superficie, capacidad fiscal y esfuerzo fiscal. Es decir, el número de habitantes y su distribución por el territorio y la capacidad y nivel de impuestos en cada comunidad. Sin embargo, el modelo no es perfecto y lleva a esas grandes diferencias.

El pasado año, la financiación media por habitante se situó en 3.496 euros. Por encima de esa media se situaron Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Madrid y La Rioja. La siguiente tabla muestra la diferencia entre lo recibido y la media:

Según la AIReF, la Comunidad de Madrid destaca por su política de bonificaciones fiscales, renunciando a ingresar el 2,40% de su Producto Interior Bruto (PIB) en 2023. Esto supone una reducción de ingresos de 11.800 millones de euros para la región. En cambio, en Cataluña los beneficios fiscales restaron el 0,86% de su PIB, unos 2.400 millones

Desde la región capitalina defienden que esta estrategia de reducción de impuestos busca atraer inversiones y fomentar el consumo, generando un efecto positivo en la economía regional a largo plazo. Sin embargo, también plantea el desafío de mantener un equilibrio presupuestario y garantizar la financiación de los servicios públicos esenciales.

En cuanto a la capacidad tributaria, es decir, el porcentaje de su PIB regional que las comunidades autónomas recaudan a través de impuestos, Baleares lidera con un 1,33%, según la AIReF. Cataluña, en segundo lugar, recauda el 0,91%. Por su parte, la comunidad autónoma que menos recauda en Madrid (0,04% de su PIB), seguida de La Rioja y Castilla y León (ambas con un 0,28%). La media se encuentra en el 0,5%.

Esta diferencia se debe en parte a los impuestos de transmisiones patrimoniales: Cataluña y Baleares aplican los tipos más altos, mientras que Madrid lo tiene muy bonificado. Dicho impuesto grava la compraventa de viviendas y su recaudación depende en gran medida del dinamismo del mercado inmobiliario. En el caso de Baleares, el auge del sector ha impulsado la recaudación de este impuesto.

Reforma

Los datos evidencian que el modelo de financiación autonómica vigente, que data del 2009 y está caducado desde el 2014, ha generado desigualdades entre las comunidades autónomas. Esto influye directamente en su capacidad para financiar servicios públicos esenciales como sanidad, educación y servicios sociales, generando una brecha en la calidad de vida entre los ciudadanos de diferentes regiones.

Ante esto, la necesidad de una reforma del sistema se vuelve cada vez más urgente para garantizar una distribución equitativa de los recursos y evitar que estas desigualdades se perpetúen. Sin embargo, alcanzar el consenso necesario se antoja enormemente complicado. Más todavía al mezclarse con la carrera por alcanzar el poder en la Generalitat de Cataluña.

[La financiación singular para Cataluña perjudica en especial "a las regiones de menor renta", dicen los fiscalistas]

El Gobierno está explorando "fórmulas imaginativas" para satisfacer a ERC y asegurar el apoyo necesario para la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat.

Estas fórmulas buscan ofrecer una solución atractiva para Cataluña sin llegar a otorgar el concierto económico similar al del País Vasco que exige ERC, lo que podría provocar tensiones con otras comunidades autónomas.

Moncloa insiste en una reforma del sistema de financiación autonómica que reconozca las particularidades de cada región de manera multilateral. Al igual que hizo con la quita parcial de la deuda —que pactó con ERC y para Cataluña en el marco de la investidura de Sánchez—, el Gobierno buscar crear la imagen de que las concesiones para Cataluña se extienden al resto.

El PSOE acordó con los republicanos una condonación parcial de la deuda de Cataluña con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y, después, aseguró que dicha quita se aplicaría también al resto de regiones endeudadas. Cabe recordar, no obstante, que nada de esto se ha ejecutado todavía.

En cualquier caso, y volviendo a la financiación autonómica, fiscalistas de Fedea o el Consejo General de Economistas (CGE) ven inviable un régimen común que tenga en cuenta singularidades.

Además, el Gobierno tiene pocas esperanzas de contar con el apoyo del PP para la reforma del sistema de financiación. Esta situación añade una capa de complejidad a las negociaciones, ya que algunos barones del PSOE, como Emiliano García-Page, también muestran reticencias ante cualquier reforma que pueda afectar negativamente a sus comunidades.

Propuestas

Muchos expertos en financiación autonómica proponen una reforma integral del sistema para lograr una distribución más equitativa y eficiente. Entre las medidas sugeridas, destaca la revisión de los criterios de reparto, incluyendo factores como el envejecimiento de la población y la productividad, para reflejar mejor las necesidades de cada territorio.

Pero hay visiones contrapuestas. Algunos plantean otorgar mayor autonomía fiscal a las comunidades, permitiéndoles establecer sus propios impuestos y tasas dentro de ciertos límites, mientras que otros apuestan por una mayor armonización que impida que algunas regiones eliminen —gracias a las bonificaciones— algunos impuestos.

Además, recomiendan fortalecer los mecanismos de solidaridad interterritorial —España se ha comprometido a la cohesión interterritorial dentro del Plan de Recuperación—. El objetivo no es otro que asegurar que todas las comunidades tengan acceso a servicios públicos esenciales con independencia de su capacidad fiscal. Esto podría lograrse mediante fondos de compensación o transferencias directas entre comunidades.

En cualquier caso, la fragmentación política y los intereses contrapuestos de muchas CCAA hacen difícil e, incluso, poco recomendable, una reforma del sistema en este momento. Salvo que se lograra un amplio consenso, para lo cual PP y PSOE se tendrían que poner de acuerdo —también en la posición interna de los propios partidos—, una reforma con pocos apoyos correría el riesgo de ser derogada a corto plazo.