Así lo ha expresado Pilar Alegría, portavoz del Ejecutivo y ministra de Educación, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. "Llegar a un acuerdo tan importante es triunfo de la buena política". 

Con todo, Alegría ha admitido que "lo que existe en la mesa es un preacuerdo" entre ERC y el PSC, y que todavía restan los "procesos internos y los tiempos de los partidos para validarlo.

De ahí que haya insistido en no dar valoraciones sobre el contenido el preacuerdo, que lleva a que Cataluña tenga su propio concierto fiscal y se salga del régimen autonómico común. "Tienen que entender que sea profundamente respetuosa", ha indicado ante la insistencia de los periodistas. "Hay que respetar los pasos y los tiempos que se han dado los partidos políticos".

De hecho, también Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresas, y Mónica García, ministra de Sanidad, ha declinado entrar a hacer algún tipo valoración. "Tenemos que tener prudencia y respeto para los tiempos", han indicado. 

Díscolos

En cualquier caso, lo que sí ha aclarado Pilar Alegría es que en el seno del Gobierno no están de acuerdo con las valoraciones vertidas por algunos barones socialistas sobre el preacuerdo y su oposición a él, como es el caso Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, y Javier Lambán.

"Y que además siempre vienen de estas dos mismas personas", ha admitido. "Respeto a que manifiesten su opinión, pero también les digo, no son compartidas por este Gobierno". 

Con todo, el Gobierno de Pedro Sánchez se está asegurando de cerrar filas dentro del PSOE. Según fuentes de Ferraz, la Comisión Ejecutiva Federal del partido ha dado el visto bueno al preacuerdo del PSC y ERC. 

Lo respalda "plenamente" y se compromete a "impulsarlo y hacerlo efectivo en aquellos puntos donde su materialización dependa de las instituciones de carácter estatal en las que este partido tiene representación".

Críticas

En cualquier caso, las opiniones contrarias al acuerdo no son sólo políticas. La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado denuncia que ceder al concierto fiscal catalán supone "la ruptura total del sistema. Una auténtica barbaridad, una verdadera vergüenza".

Los inspectores critican, concretramente, que un concierto catalán supondría vulnerar la Constitución.