En todo el documento del acuerdo, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia, no aparece el término "concierto fiscal". Sin embargo, este lunes ERC lo definió como tal y todos los puntos del texto llevan a esa conclusión. Los términos son parecidos a los del documento presentado por los republicanos en marzo, que fue definido como un concierto por numerosos expertos.

Según declaran ambas partes, el pacto surge porque "Cataluña sufre una infrafinanciación sostenida en el tiempo que supera con creces lo que correspondería a un modelo de solidaridad entre territorios". Por eso, socialistas y republicanos descartan una reforma del actual sistema de financiación autonómica y apuesta por "cambiarlo sobre un nuevo paradigma basado en la singularidad y la bilateralidad".

Administración tributaria: El acuerdo establece que la Generalitat gestionará, recaudará y liquidará todos los impuestos generados en la región. La Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) será la encargada de estas funciones. El desarrollo de una Hacienda catalana será, pues, una prioridad que "requerirá el traspaso de los medios humanos, materiales, económicos y tecnológicos".

IRPF: Lo pactado establece que "el primer tributo en el que se avanzará en la aplicación de los objetivos de la implementación del nuevo modelo de financiación será el IRPF". En este sentido, este traspaso debería estar ya ejecutado en 2026, de manera que la declaración de la Renta del año 2025 pudiera hacerla la ATC.

IVA de las pymes: Asimismo, se llevarán a cabo trabajos para que "ampliar el espacio fiscal" catalán ya en 2025. Entre otros, a través de la atribución de la recaudación del IVA de las pymes en función de su domicilio, en lugar de la estadística de consumo.

IVA de los arrendamientos turísticos: En la misma línea, se modificará la Ley del IVA para que Cataluña "pueda decidir la aplicación del IVA a los arrendamientos turísticos". El objetivo es "determinar cuál es el régimen de atribución de la recaudación más oportuno".

Transitoriedad: El acuerdo deberá formalizarse durante el primer semestre de 2025 en la comisión bilateral entre la Generalitat y el Estado. Asimismo, en tanto que habrá un periodo de transitoriedad, el documento expresa el compromiso de aumentar los recursos "para compensar los desequilibrios que se han producido en la vigencia del actual modelo" de financiación.

Solidaridad: Pese a que se expone claramente una senda de independencia fiscal, el texto asegura —dentro del periodo transitorio— que Cataluña continuará contribuyendo a la solidaridad entre territorios, pero se buscará que esta contribución sea "explícita y transparente". La solidaridad, en cualquier caso, "estará limitada por el principio de ordinalidad".

Ordinalidad según capacidad fiscal: El documento señala que "Cataluña aporta al sistema de financiación más de lo que recibe". Por eso mismo, el texto del pacto incide en que las contribuciones de las CCAA por habitante están ordenadas en una escala de mayor a menor que debe mantenerse a la hora del reparto. Que la que más aporta, más reciba.

Inversiones: El acuerdo también contempla la creación de un "Consorcio paritario Estado-Generalitat" para gestionar y ejecutar las inversiones en Cataluña. Este consorcio establecerá un marco plurianual de financiación basado en la media de inversión pública sobre el PIB en el conjunto del Estado.

¿Qué supone para el resto de CCAA? Si nada más cambia en el sistema, una vez culmine ese proceso transitorio y Cataluña se haya desconectado fiscalmente del resto de España, supondrá una merma de recursos para el Estado, que tendrá menos capacidad para redistribuir la riqueza entre las diferentes regiones, lo que merma la cohesión territorial.

Diferencias con el cupo vasco: En el modelo foral de País Vasco o Navarra son las Administraciones territoriales las que recaudan los tributos. Después, negocian cada año un cupo con la Administración central que compensa los servicios que el Estado presta en dichas comunidades. Sin embargo, el modelo que han pactado ERC y PSC incluye la coletilla de "solidaridad" porque Cataluña, aún fuera del sistema, seguiría aportando al resto de CCAA, aunque también a través de un cupo negociado.