El sistema de financiación autonómica (SFA) está formado por todas las comunidades de régimen común; es decir, la totalidad, a excepción de País Vasco y Navarra, las regiones forales. En esa mayoría de territorio, es el Estado el que recauda los impuestos, menos aquellos que están cedidos, como los de sucesiones y donaciones. Pero el IRPF o el de sociedades, los más cuantiosos, corren a cargo de la Administración central.

Una vez el dinero está en el Tesoro Público español, se reparte entre los territorios en función de diferentes criterios. Ahí empiezan los problemas, ya que la mayor parte de las CCAA se sienten agraviadas por el sistema, en tanto que consideran que reciben menos de lo que deberían. Es el caso de Cataluña, porque asegura que recibe menos de lo que aporta.

No es un caso aislado: el sistema está diseñado, aun con sus deficiencias, para que las regiones ricas aporten más en aras de la cohesión territorial. Es decir, son aquellas comunidades con más recursos las que en parte financian la prestación de servicios públicos en los territorios más pobres. Es el principio de equidad y redistribución aplicado a la organización territorial.

¿Qué implica que Cataluña salga de ese régimen? En primer lugar, que la segunda comunidad que más aporta —en torno al 20% de los ingresos proceden de esta región septentrional— desaparezca del reparto. El sistema queda de alguna manera herido, aunque la magnitud de esa herida todavía está por ver.

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès. Andreu Dalmau EFE

Ignacio Ruiz-Jarabo es pesimista. "Es un día negro para la hacienda pública española", opina este inspector de hacienda, que llegó a ser presidente de la Agencia Tributaria y de la Sepi durante los gobiernos del Partido Popular.

Para él, el concierto catalán supone "quebrar principios territoriales, de solidaridad y de igualdad", aunque no sería necesario cambiar la Constitución. Con todo, sí supondría "romper uno de los consensos" de la Carta Magna, dado que la reforma de la Ley Orgánica de Financiación Autonómica (Lofca) no se haría por unanimidad. 

Solidaridad

"Si sale Cataluña pero mantiene su contribución a la solidaridad, a las demás CCAA no les afectaría en nada", señala a este periódico Ana Herrero, profesora de Economía en la Uned. Sin embargo, "si se crea una nueva fórmula para ver cuánto contribuye y es menos que ahora, el resto de comunidades, especialmente las de menor nivel de renta, lo van a notar", completa.

Por eso, no es casualidad que ERC haya añadido la coletilla de "solidario" a su concierto. Tal y como ya propuso la Generalitat en marzo, Cataluña sí contribuirá a la cohesión territorial con una aportación solidaria. Es decir, la Administración territorial recaudaría todo, pero luego cedería una parte para repartir.

¿Cuánto dinero aportaría? Eso es lo que se desconoce. Si en términos de ingresos y aportación no cambiara nada y Cataluña sigue transfiriendo al Estado la misma cantidad que hoy recauda la Agencia Tributaria en ese territorio, no habría cambios de gran calado.

Sin embargo, los de Pere Aragonès ya adelantan que quieren negociar un cupo de manera bilateral con el Estado, el cual siempre estará "limitado por el principio de ordinalidad". Es decir, no aportar más de la cuenta, porque el propio texto del acuerdo entre ERC y PSC señala que, actualmente, "Cataluña aporta más de lo que recibe".

Y es que los republicanos no sólo quieren que Cataluña tenga voz y voto en la gestión de los tributos —como habría sido posible con el "consorcio fiscal" recogido en el Estatut y que Salvador Illa ofreció a los independentistas—, sino que ansía la llave de la caja. Y con esa llave, los flujos de solidaridad entre regiones se ponen en cuestión.

"Se va a poner en peligro. Nadie da la batalla como la han dado los independentistas catalanes para quedarse como estaban. Quieren las llaves de la caja, la caja y su contenido", señala Ruiz-Jarabo. Además, considera que "una vez se pacte el cupo, la financiación que se van a quedar va a ser superior", pese a las transmisiones por solidaridad que aparecen en el preacuerdo entre republicanos y socialistas. 

Así las cosas, ¿qué pueden esperar el resto de regiones si Cataluña empieza a funcionar con un cupo, por muy solidario que sea? En primer lugar, que el sistema de financiación autonómica contará con menos recursos: habrá menos dinero para repartir. Antes de esto, el resto de comunidades recibirá menos dinero, lo que perjudica a las que menos tienen.

El Estado, en suma, tendría más dificultades para garantizar una prestación de servicios públicos similar en todo su territorio. "Los servicios públicos básicos van a sufrir. También las comunidades autónomas más dependientes", sentencia Ruiz-Jarabo.

La portavoz de ERC, Raquel Sans, en rueda de prensa. Lorena Sopêna / Europa Press

La única manera de solventar el problema sería inyectando más dinero al sistema o bien desde el Estado central o bien pidiendo más esfuerzos a las comunidades ricas. Con Cataluña fuera, esas son Madrid y Baleares. Pero todos los expertos coinciden en que sendas regiones acabarán pidiendo un sistema como el catalán, ya que también les sería más beneficioso. Y lo sería todavía más si se les exigen mayores esfuerzos.

Para algunos, abre la puerta a una disolución del sistema de financiación, tal y como se ha conocido hasta la fecha. Incluso pone punto y aparte —quién sabe si punto y final— al sistema de las autonomías. España ya funciona en muchos aspectos como un país quasi federal y el camino que se inicia ahora va dirigido a la confederalidad.

Capacidad normativa

Otro aspecto del documento que recoge el preacuerdo entre PSC y ERC es el de la capacidad normativa, es decir, la potestad de regular los impuestos. Porque la aspiración no es sólo que la Generalitat gestione y recaude, sino que decida la cuantía de los tributos. Ese es quizá el punto más espinoso, en tanto que es una atribución exclusiva del Estado central.

Por eso mismo, el texto señala que, si bien se pretende aumentar "sustancialmente la capacidad normativa", se hará en "coordinación con el Estado y la Unión Europea". Es la salvedad para no sea necesaria una reforma constitucional. "El acuerdo puede gustar más o menos, pero no tiene impedimento legal", señala Ana Herrero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el primer secretario del PSC, Salvador Illa, reunidos en Barcelona en diciembre de 2023. Europa Press

Aunque los regímenes forales de País Vasco y Navarra son los únicos que aparecen en la Constitución, esta no impide que otros territorios desarrollen sistema de concierto.

Lo que sí es necesario reformar, como admite el propio preacuerdo y señalaba Ruiz-Jarabo, es la Lofca. Y esto requerirá concitar el apoyo de la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, una rara avis esta legislatura de fragmentación política.

Hacienda y fraude

Por último, el acuerdo en lo que respecta a la financiación incluye un cambio de calado, al pasar la recaudación y la inspección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) a la Agencia Tributaria Catalana (ATC). Un órgano territorial que asumiría unas laborales considerables y para lo que necesitará disponer de más medios humanos, como declara el documento del pacto.

Ante esto, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha ha alertado de que el pacto busca transferir recursos de la AEAT a la Agencia Tributaria de Cataluña. No obstante, considera este plan "irrealizable", porque la mayoría de los 5.000 empleados de la AEAT en Cataluña rechazarían la integración, debido a la falta de lazos afectivos y familiares en la región.

Asimismo, Gestha ha enfatizado que la información en las declaraciones de Renta es crucial para combatir el fraude fiscal en España, ya que ayuda a detectar rentas y patrimonios ocultos. Por ello, defienden, la Agencia Tributaria no debería perder acceso a esta información.

La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado también se ha posicionado en los mismos términos, al alertar de que supondría la ruptura del sistema único de información que, en última instancia, dificultará la lucha contra el fraude.

No obstante, Ana Herrero considera que "si hay voluntad de colaboración, el control del cumplimiento [con Hacienda] no tendría por qué verse comprometido". Es una cuestión de compartir la información y, de hecho, apunta que el problema puede darse ya en este momento, con muchos tributos autonómicos.

"Todo depende", sentencia la profesora de Economía. Y eso se aplica tanto a cómo se colabora entre administraciones tributarias hasta cómo se articula el nuevo concierto o modelo de "financiación singular".