Una demora especialmente alarmante porque nuestro país es el segundo mayor beneficiario -sólo por detrás de Italia- de estas ayudas, ya que tiene adjudicados 163.000 millones de euros entre subvenciones y créditos.

El riesgo es que la absorción del dinero europeo siga ralentizándose en los próximos meses y que las reformas e inversiones no se completen a tiempo de la fecha de expiración del plan, agosto de 2026, según señalan los auditores en un informe publicado este lunes.

Los retrasos en la ejecución de Next Generation no son un fenóneno exclusivo de España, sino que afectan a la mayoría de Estados miembros. A finales de 2023, Bruselas apenas había desembolsado 213.000 millones de los 723.800 millones de fondos Next Gen disponibles, es decir, un tercio del total. .

Estos fondos no han llegado necesariamente a los perceptores finales, como son las empresas privadas, las empresas públicas de energía o las escuelas. Según la información suministrada por 15 Estados miembros, sólo la mitad de los fondos recibidos estaban ya en manos de los receptores finales.

Por otro lado, dos Estados miembros (Hungría y Países Bajos) no habían firmado aún los acuerdos operativos con la Comisión y por tanto no pudieron presentar solicitudes de pago ni recibir financiación el año pasado. Suecia sí había concluido el acuerdo operativo pero no había pedido ningún desembolslo. Bélgica, Finlandia, Irlanda y Polonia habían enviado a Bruselas su primera petición de fondos pero aún no había recibido respuesta.

En el caso de España, los retrasos no son en apariencia tan graves, pero su impacto es mucho mayor por la cantidad de fondos que tiene adjudicados. "El caso de España es de muy gran interés para todas las instituciones, porque la cantidad absoluta de fondos (adjudicados) es enorme. Casi la mitad de Next Gen va a España y a Italia, así que estos dos países están en todas nuestras auditorías", ha relatado la responsable del informe, Ivana Maletic. Los 163.000 millones adjudicados a nuestro país representan el 11% del PIB.

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A finales de 2023, el Gobierno de Pedro Sánchez había cumplido 121 de los 416 hitos y objetivos comprometidos en materia de inversiones y reformas (el 29%) y a cambio había recibido 37.000 millones en subvenciones (el 46% del total). El pasado 26 de julio, Bruselas entregó el cuarto pago por valor de 9.900 millones de euros.

De los 83.000 millones en créditos, apenas han llegado 340 millones porque Sánchez retrasó dos años su solicitud por miedo a que se disparase todavía más la deuda pública. El resultado es que, a mitad del partido España sólo ha recibido 48.300 millones de fondos Next Gen (el 30% del total).

Las diferentes solicitudes de pago se han ido retrasando cada vez más. Aparte de la prefinanciación, el primer pago fue el único que se produjo en el plazo pactado (diciembre de 2021) porque la mayor parte de las reformas ya se habían completado en los primeros meses de pandemia. El segundo y el tercer pago se demoraron ya un trimestre. Pero el cuarto pago ha acumulado una dilación de más de un año respecto al calendario acordado inicialmente con Bruselas.

Por su parte, el quinto pago, que tendría que haber llegado en diciembre de 2023, ni siquiera tiene fecha para la presentación de la solicitud, según se recoge en el informe. Una de las condiciones exigidas a cambio de los 7.000 millones de euros de este tramo es la reforma fiscal, que Sánchez no tiene mayoría para sacar adelante.

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En contraste, la Italia de Giorgia Meloni va mucho más adelantada que España en la ejecución de los fondos Next Gen. A finales de 2023, el Gobierno de Roma había recibido ya la prefinanciación y los cuatro pagos previstos, con un único retraso de un trimestre en el tercer pago. El pasado agosto, Bruselas desembolsó ya el quinto pago, que suma ya 113.460 millones de los 194.400 adjudicados (el 58% del total). La gran ventaja de Italia se debe a que el ex primer ministro, Mario Draghi, pidió al mismo tiempo subvenciones y créditos.

El motivo

Entre los factores que contribuyen a los retrasos, el Tribunal de Cuentas destaca los cambios en las circunstancias externas, como el aumento de la inflación y la escasez de suministro, así como los cambios políticos en los Estados miembros. Otros problemas citados en el estudio son la subestimación del tiempo necesario para acomenter las reformas, la falta de suficiente capacidad administrativa o la complejidad de las normas a nivel nacional.

Por ejemplo, en el caso de España, el objetivo intermedio de renovar 231.000 viviendas residenciales al final de 2023 se retrasó debido a que la demanda de obra fue inferior a lo previsto a causa de la inflación y, en particular, del fuerte encarecimiento de las materias primas. Por eso, el Gobierno de Sánchez propuso aplazar un año la fecha límite del objetivo intermedio y reducir también de 510.000 a 410.000 el número total de obras de renovación que debían completarse. Bruselas aceptó ambas propuestas después de haberlas evaluado.

En cuanto a la capacidad administrativa, el plan de recuperación de España contenía una serie de reformas específicas para modernizar la administración pública, mejorando los procedimientos de contratación y desarrollando un sistema para gestionar y hacer un seguimiento de los fondos Next Gen. "Sin embargo, la finalización de algunas medidas no fue tan rápida como se esperaba", destacan los auditores.

De hecho, la reforma para reforzar la capacidad de la administración con el propósito de atraer y retener al presonal no se aprobó hasta diciembre de 2023. Además, el Tribunal de Cuentas de España ha alertado de "dificultades para planificar adecuadamente los recursos humanos y garantizar los recursos necesarios (especialmente a nivel autonómico) a efectos de la ejecución" de los fondos Next Gen, dice el informe.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

De cara al futuro, los auditores alertan de los crecientes riesgos para la absorción de los fondos pendientes y la finalización de las reformas e inversiones a más tardar el 31 de agosto de 2026. Una fecha límite cuya modificiación exigiría el acuerdo unánime de los 27 Estados miembros, que ahora mismo es absolutamente imposible. En conjunto, los Gobiernos europeos sólo habían cumplido a finales del año pasado alrededor del 30% de los hitos y objetivos comprometidos. Eso significa que en la segunda mitad del periodo debe completarse todavía el 70% restante.

Además, la mayoría de los países han anticipado las reformas antes de proceder a las inversiones. "Sin embargo, es probable que el aplazamiento de las inversiones aumente aún más los retrasos y ralentice la absorción", dice el Tribunal de Cuentas. De hecho, los hitos y objetivos en la segunda mitad del periodo de ejecución de los fondos Next Gen "suelen ser más complejos y difíciles, pues se refieren a las fases finales de la ejecución". El informe pone como ejemplo el programa de rehabilitación energética de los edificios en España: las renovaciones se adjudicaron a finales de 2023, pero la finalización no está prevista hasta el segundo trimestre de 2026. Cualquier retraso supondría dejar el plan incompleto.

En este sentido, los auditores denuncian la desproporción entre los hitos y objetivos que deben completarse en el tramo final de Next Gen y el importe de los últimos desembolsos. En el caso de España, España debe finalizar en 2026 un 25% de las reformas, pero el último pago que recibirá a cambio de completar el plan apenas asciende a alrededor del 10% de la cantidad total de fondos. Un desequilibrio similar se repite en otros países como Portugal, Rumanía o Croacia. "El incentivo para concluirlo todo y hacer el trabajo duro al final del periodo es muy bajo, porque la financiación que quedará es muy pequeña", señala Maletic.

El riesgo es que los Estados miembros reciban cantidades muy significativas de dinero por reformas e inversiones que nunca lleguen a completarse en la práctica, denuncian los auditores. Estos fondos se van desembolsando a medida que se atraviesan diferentes metas volantes, pero el reglamento de Next Gen no prevé ningún mecanismo para recuperar el dinero ya adelantado si el país en cuestión no completa la carrera. Por eso, el Tribunal de Cuentas reclama a Bruselas una reforma legal que permita reclamar la devolución de los fondos a los corredores que no llegan a la meta final.