Se cumple así el anuncio que hizo Pedro Sánchez durante la presentación del nuevo curso político, cuando aseguró que el Gobierno trabaja en "unos Presupuestos sociales, ambiciosos, que consoliden y expandan la inversión pública". El presidente despejó así las dudas sobre si el Ejecutivo había renunciado a las nuevas cuentas, si bien está obligado por la propia Constitución.

Desde Moncloa confirman la intención de agotar la legislatura, incluso aunque no sea posible aprobar nuevos Presupuestos. Si esto sucede, el Gobierno tendrá que prorrogar las cuentas públicas de 2023 por segundo año consecutivo. 

"Se trata de la misma senda. La volvemos a traer porque seguimos comprometidos con que las CCAA y los ayuntamientos tengan objetivos menos exigentes", ha afirmado María Jesús Montero en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Según la vicepresidenta primera, la senda permite a las regiones "destinar más recursos a sanidad, educación o dependencia".

"Ese mayor margen a CCAA es en detrimento de la propia capacidad de gasto de la propia Administración General del Estado", ha apuntado la también ministra de Hacienda. De acuerdo con la vicepresidenta, la senda presentada otorga a las CCAA 3.000 millones de euros más para cada ejercicio presupuestario. "Si el PP u otros grupos votan en contra están obligando a hacer un ajuste de 6.600 millones a las CCAA y de 4.950 millones a las Entidades Locales", ha aseverado Montero.

A finales del mes de julio, el Congreso de los Diputados rechazó los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones. El Ejecutivo descontaba la oposición de PP y Vox, pero no con el inesperado voto en contra de Junts.

Las relaciones con los de Puigdemont no han mejorado, pero el Ejecutivo espera poder llegar a un acuerdo con los independentistas. En cualquier caso, el Gobierno, ha asegurado Montero, presentará los Presupuestos se apruebe o no la senda de estabilidad.

De esta manera, será la cuarta vez este año que la Cámara Baja examine unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 hasta en dos ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña.

El Ejecutivo ha reafirmado su compromiso con la reducción del déficit público, proyectando un 2,5% para 2025, un 2,1% para 2026 y un 1,8% en 2027.

La Administración Central será clave en el cumplimiento de estos objetivos, reduciendo su déficit al 2,2% en 2025, 1,8% en 2026 y 1,5% en 2027. Las comunidades autónomas mantendrán un déficit del 0,1%, mientras que los ayuntamientos tendrán equilibrio presupuestario durante 2025 y 2026.

Además, la deuda pública se reducirá por debajo del 100% al final de este periodo, coincidiendo con el retorno de las reglas fiscales europeas. En concreto, se espera una disminución al 103,6% del PIB en 2025, llegando al 99,7% en 2027. Las comunidades autónomas reducirán su deuda al 20,8% en 2025, bajando al 19,4% en 2027, mientras que la deuda municipal también seguirá una tendencia descendente.

Techo de gasto

El Gobierno también ha vuelto a presentar el límite de gasto no financiero o 'techo de gasto', el cual no se vota en el Congreso. El techo planteado por el Ejecutivo establece un tope de 199.171 millones de euros, incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea. Si se excluyen esos fondos, el techo se queda en los 195.353 millones, un 3,2% más que en 2024.

Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios.

Asimismo, Montero ha asegurado que se mantiene la previsión crecimiento de los ingresos públicos del 5,4%, con los ingresos tributarios subiendo un 6,5%.