La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (d).

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (i), y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz (d). Eduardo Parra Europa Press

Macroeconomía

La prórroga de los PGE obliga al Gobierno a aprobar partidas extraordinarias para pagar las pensiones no contributivas

En total, el Ejecutivo ha aprobado suplementos de crédito por valor de 828,5 millones de euros, parte de los fondos saldrán del Fondo de Contingencia

1 octubre, 2024 18:21

El Gobierno ha autorizado en dos acuerdos la aplicación del Fondo de Contingencia para atender las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación, así como la prestación no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social y sus gastos de gestión, por un importe total de más de 828,5 millones de euros.

Desde el Gobierno defienden estos acuerdos para "reforzar la dotación de crédito para el año 2024, encontrándose prorrogados los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2023 para cubrir el montante de estas prestaciones".

Según recoge la referencia del Consejo de Ministros de este martes, el primero de los acuerdos autoriza la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de casi 444,82 millones de euros y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Seguridad Social para garantizar la financiación de las prestaciones no contributivas por invalidez y jubilación.

La norma que regula estas prestaciones señala que la acción protectora de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva se financia mediante las aportaciones del Estado, a excepción de aquello transferido a as CCAA.

Mediante el segundo acuerdo, el Consejo de Ministros ha autorizado la aplicación del Fondo de Contingencia por importe de casi 383,72 millones de euros y la concesión de un suplemento de crédito en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para garantizar la prestación económica no contributiva para la protección familiar de la Seguridad Social y sus gastos de gestión.