El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, este martes.
El Gobierno hará un ajuste de 50.000 M para cumplir con la UE y empezará en 2025 con una subida fiscal de 4.700 M
- En el Plan Fiscal Estructural enviado a la Comisión Europea figura un ajuste anual de 0,4 puntos de PIB, en línea con el cálculo de la AIReF.
- Más información: El Gobierno promete a Bruselas contener el avance del gasto público en una media del 3% hasta 2031
A pesar de la promesa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, de que España cumplirá con las nuevas reglas fiscales sin recortes, el Ejecutivo sí ha calculado qué ajuste tendrá que efectuar durante los próximos siete años para no levantar las iras de Bruselas.
En concreto, el ajuste rozará los 50.000 millones de euros hasta 2031. En cualquier caso, el primer paso del Gobierno para ello ya está decidido: no habrá recorte del gasto, sino un aumento de los ingresos vía subida de impuestos que en 2025 superará los 4.700 millones de euros.
El Plan Fiscal Estructural a medio plazo que el Ejecutivo ha remitido este martes a la Comisión Europea contempla un ajuste presupuestario anual de 0,4 décimas de PIB mientras dure el plan, es decir, entre 2025 y 2031.
Así lo indican fuentes del Ministerio de Economía. Con este ajuste, sumado a otras medidas, el Gobierno espera cumplir las exigencias fiscales de Europa, que reclama que la ratio entre la deuda y el PIB se recorte cada año un punto porcentual como mínimo. En resumidas cuentas: que la deuda pública descienda de forma efectiva.
Las cuatro décimas de ajuste anual están muy cerca de lo que ya estimó en su momento la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). El organismo calculó que, para un plan en siete años, el ajuste debería rondar los 0,43 puntos de PIB al año. Por su parte, el Banco de España veía necesario un ajuste más elevado, de al menos medio punto de PIB.
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No obstante, la variable con la que Bruselas vigilará las finanzas nacionales no será ni el déficit ni la deuda —aunque ambas tendrán que mantener una senda descendente—, sino el incremento del gasto neto de medidas de ingresos.
En este sentido, el Gobierno se ha comprometido a moderar el crecimiento de este gasto a una media anual del 3%, partiendo desde un alza del 3,7% en 2025.
La Comisión Europea observará de cerca esta magnitud. España no podrá desviarse cada ejercicio más de tres décimas del objetivo pactado. De lo contrario, el Ejecutivo comunitario podría sancionar a España, con una suerte de protocolo de déficit excesivo (PDE) como el que se venía aplicando hasta ahora. Lo mismo ocurrirá si al final del periodo de ajuste (de 2025 a 2031) la media anual de crecimiento del gasto se desvía más de seis décimas del 3% comprometido.
Eso sí, el nuevo marco fiscal permite a los Estados compensar un ejercicio con otro. Es decir, si España incrementa su gasto un 3,5% el próximo año, dos décimas menos de lo comprometido, esas dos décimas se pasan y se suman al margen de gasto de 2026, y así sucesivamente. De esta manera, es posible un escenario de mayor contención del gasto durante los primeros cursos para otorgar flexibilidad en los siguientes.
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Los incrementos del gasto que maneja España son llamativos, pero por lo elevados. Las instituciones europeas recomendaron al Gobierno que el gasto neto en medidas de ingresos no creciera más de un 2,6%, aunque la AIReF estima que el incremento será del 4,3%.
El objetivo de gasto de 2025 (3,7%) que el Gobierno ha enviado a Bruselas supera en más de un punto la recomendación que se había hecho, e incluso la media anual del Plan Fiscal Estructural (3,4%) es más elevada. Sin embargo, el propio Carlos Cuerpo ya ha adelantado que el incremento del gasto puede ser mayor siempre y cuando crezcan los ingresos, como ocurrirá si se lleva a cabo una subida de impuestos que mejore la recaudación fiscal.
Reforma fiscal
Dicha subida de impuestos comenzará a operar en 2025, tras la correspondiente reforma fiscal, que el Gobierno tendrá que tramitar y desarrollar en las próximas semanas.
Así lo indicó Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresas, durante la presentación del Plan Fiscal Estructural, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes. Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia, la intención del Gobierno con la reforma fiscal es elevar la recaudación en tres décimas de PIB, que equivale a unos 4.700 millones de euros.
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Queda conocer qué medidas contendrá esta reforma fiscal. Por ahora, el Gobierno (a través del propio Cuerpo) ha desvelado únicamente que forma parte de ella dar carácter permanente a los impuestos a las empresas eléctricas y a la banca. El resto es una incógnita.
Cabe recordar que dentro de este paquete normativo podría entrar el tipo mínimo del 15% para grandes multinacionales, que ya cuenta con todos los avales necesarios del Consejo de Ministros. Sin embargo, su tramitación no ha avanzado un ápice en el Congreso.
María Jesús Montero, vicepresidente primera del Gobierno y ministra de Hacienda.
El Plan Fiscal Estructural sólo recoge que "se aprobarán medidas tributarias para hacer el sistema tributario más efectivo" con el objetivo de "incrementar los ingresos, apoyar la transición energética y promover la equidad". Y "se adoptarán sobre la base de las recomendaciones del Comité de Expertos y del grupo de trabajo sobre el impacto de los beneficios fiscales".
Desde el punto del Gobierno, hay espacio tributario para nuevas medidas fiscales o subidas impositivas. Cuerpo afirma que España tiene margen con respecto al promedio europeo de presión fiscal, lo que da "recorrido para poder realizar medidas o reformas en materia de ingresos sin por ello dañar el crecimiento".
En cualquier caso, el problema al que se va a enfrentar la reforma fiscal es el mismo que ya afronta el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2025. El Gobierno debe recabar apoyos parlamentarios suficientes, algo que cada día parece más complicado, sobre todo en el ámbito fiscal.
En este caso, las posturas entre los socios de PSOE y Sumar (incluso entre los dos partidos de la coalición) están muy alejadas. Esta es la razón por la que, por ejemplo, el Ejecutivo no descarta que el carácter permanente para los tributos de eléctricas y banca se apruebe entrado 2025.
