La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministro.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministro. Europa Press.

Observatorio de la vivienda

El Gobierno pone en su punto de mira 30.000 pisos turísticos ilegales que no podrán abrir desde enero

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El plan antifraude que ha presentado este martes el Gobierno con el objetivo de controlar el auge de los pisos turísticos y del alquiler de temporada pone en el punto de mira hasta 25.000 pisos turísticos ilegales en Madrid y Barcelona, los dos grandes mercados patrios. 

Otras ciudades como Málaga, con cerca de 3.000 alojamientos sin licencia, o Sevilla, donde alcanzan los 5.000, se postulan también como las plazas más afectadas dentro de la geografía peninsular. En Valencia, otro de los grandes enclaves en territorio patrio, la cifra asciende a más de 4.500. 

A partir del mes de enero, ninguno de estos pisos podrán anunciarse —al carecer de licencia— en los portales web destinados para ello en Europa. Esto es debido a que para obtener la matrícula que exigirá el Gobierno se requerirá estar al día de toda la documentación que se exija en las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Es decir, al no cumplir, no tendrán la matrícula, que servirá de código de acceso para entrar a los portales web. 

El caso más llamativo es el de Madrid, donde apenas 1.000 tienen licencia. Es decir, hay 16 veces más pisos turísticos que ofrecen sus servicios sin la documentación pertinente que aquellos que sí lo hacen.

Para solucionar esta situación, el Ayuntamiento de Madrid elevó las multas, hasta cuantías cercanas a los 10.000 euros. A partir del mes de enero, los propietarios de estos pisos sólo tendrán 15 días para justificar que tienen toda la documentación en regla. 

El Gobierno va a conceder un periodo transitorio de dos semanas en el que podrán ejercer la actividad todos los que ya estén anunciando en las plataformas. Una vez expire este plazo, la clave que se les dará a los propietarios caducará, por lo que las webs de reserva —dependerá de estas— retirarán el anuncio de internet.

En Barcelona, el asunto de los turísticos fue uno de los primeros que abordó Jaume Collboni a su llegada al consistorio. La intención es prohibirlos a partir de 2028. El sector reclama cerca de 1.000 millones a través de una demanda que representa a 1.500 propietarios y 25 empresas. En la ciudad se han cursado de un tiempo a esta parte más de 9.700 órdenes de cierre, aunque no hay una cifra concreta de cuántos han cumplido con este requerimiento. 

Otra de las ciudades donde la situación es complicada es Sevilla, donde hay unos 9.000 pisos turísticos registrados y cerca de 5.000 que no cumplen con la normativa. El Ayuntamiento ha planteado medidas concretas como es cortar el agua. 

Málaga, como capital de la Costa del Sol, y Valencia, por su importancia turística en el eje mediterráneo, también emergen como las ciudades de España donde más se han asentado este tipo de alojamientos sin licencia. 

Sancionarán las CCAA

Desde el Ministerio de Vivienda, eso sí, se han desmarcado del hecho de llevar la iniciativa en cuanto a la parte sancionadora. Sobre este asunto, fuentes cercanas a la cartera dirigida por Isabel Rodríguez precisan que deberán ser las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos quienes regulen este asunto. 

Las mismas fuentes han remarcado que han encontrado una buena disposición por parte de las plataformas. A partir de enero, estas tendrán papel regulador, ya que deberán comprobar que la matrícula que les han indicado es correcta. Este proceso se llevará a con la ventanilla única que Europa ha pedido a los Estados miembro.

Lo mismo va a ocurrir con los alquileres de temporada. Los propietarios deberán justificar el uso para poder obtener el código. Posteriormente, cuanto termine el año, también deberán remitir al Registro todos los contratos que hayan firmado. 

El coste de obtención de este código será el mínimo posible y ascenderá al pago del trámite, tal y como ha dictado la Unión Europea.