Pedro Sánchez desoye la recomendación de Bruselas de un ajuste extra de 10.500 millones para rebajar la deuda

El origen de esta discrepancia está en la propia configuración de las nuevas reglas fiscales. El espíritu de la reforma del Pacto de Estabilidad consiste en dejar margen de maniobra a cada Gobierno para diseñar su propio plan de ajuste plurianual a medida, respetando una serie de salvaguardas. Sin embargo, la Comisión está obligada a presentar una "trayectoria de referencia" -es decir, una especie de modelo a seguir- a aquellos Estados miembros (como España) cuya deuda pública supere el límite del 60% del PIB o cuyo déficit esté por encima del umbral del 3%.

La trayectoria de referencia tiene en cuenta los retos específicos de cada país en materia de sostenibilidad e indica cómo pueden asegurarse los Gobiernos de que, al término de un periodo de ajuste fiscal de cuatro o siete años, la deuda pública se sitúe o se mantenga en una trayectoria descendente verosímil o continúe en niveles prudentes a medio plazo. El Ejecutivo comunitario la remitió a Madrid a finales de junio para que sirviera al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de orientación para preparar su plan plurianual, pero hasta ahora se había mantenido en secreto.

Zipi Aragon EFE

El Gobierno hará un ajuste de 50.000 M para cumplir con la UE y empezará en 2025 con una subida fiscal de 4.700 M

Sin embargo, la Comisión ha decidido publicarla ahora (no sólo en el caso de España, sino del resto de Estados miembros afectados) para que quede constancia de las discrepancias. Para nuestro país, Bruselas había aconsejado a España un esfuerzo anual equivalente al 0,5% del PIB (7.500 millones de euros al año) como medicina necesaria para poner sus cuentas en orden y rebajar su abultada cuenta. Es decir, un ajuste total de 52.500 millones durante todo el periodo.

Pero el ministro Cuerpo ha desoído la recomendación de Bruselas y ha optado por un esfuerzo fiscal menos ambicioso del 0,4% del PIB al año (6.000 millones al año y 42.000 millones acumulados en los 7 años del plan). Este ajuste más suave se traduce en un techo de gasto más alto del recomendado por la Comisión. El Ejecutivo comunitario había sugerido limitar el aumento del gasto neto al 2,8% de media durante todo el periodo, mientras que el Gobierno de Sánchez ha optado por elevarlo al 3%.

Trayectoria de referencia de ajuste fiscal recomendada por la Comisión a España

El ministerio de Economía justifica esta discrepancia alegando que, a diferencia de la Comisión, sus cálculos tienen en cuenta las últimas proyecciones de población de Eurostat, que prevén un mayor crecimiento gracias a la inmigración. Su impacto en la regla de gasto equivale a 0,1% del PIB. Por otro lado, el Gobierno ha incorporado a sus cifras el impacto en ingresos de la reforma de pensiones a partir de 2031, que también tiene un impacto de una décima del PIB en la regla de gasto.

En su plan fiscal, el Gobierno de Sánchez solicita a la Comisión ampliar de 4 a 7 años el periodo de ajuste, tal y como prevén las nuevas reglas. A cambio, ofrece una serie de nuevas reformas e inversiones más allá de 2026 (fecha en la que concluye el plan de recuperación Next Generation), incluido en materia tributaria, aunque de momento el nivel de detalle -al menos públicamente- es mínimo.

Bruselas también calcula cuál habría sido el nivel de ajuste exigido si España no hubiera pedido prórroga y hubiera optado por un plan a 4 años. En ese caso, el esfuerzo fiscal anual exigido sería el doble del que ha planteado el Gobierno (12.900 millones).

El plan fiscal de Sánchez todavía debe ser examinado por la Comisión y validado por el Ecofin. Pero todo apunta a que recibirá la luz verde de la UE puesto que se ha negociado intensamente con el equipo del comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.

El Ejecutivo comunitario está ahora a la espera del plan presupuestario para 2025, en el que deben concretarse las medidas de ingresos y gastos para el año que viene. El plazo legal para entregarlo a Bruselas venció el 15 de octubre, pero Cuerpo ya ha anunciado que no lo mandará hasta que se presenten los Presupuestos Generales del Estado, que han sido aplazados sine die a la espera del congreso de y de la decisión de Carles Puigdemont.

"Esperamos que todos los Estados miembros de la zona del euro que aún no han presentado sus proyectos de planes presupuestarios, incluida España, lo hagan lo antes posible y, en cualquier caso, antes de que el proyecto de plan presupuestario se presente al Parlamento", ha dicho a este periódico la portavoz de Asuntos Económicos de la Comisión, .