El Gobierno se abre a rebajar el 'impuestazo' para atraer a Junts y PNV pero Podemos, Bildu y ERC presionan a la contra
- El Gobierno afronta la reforma fiscal con innumerables interrogantes, como los apoyos que puede concitar.
- Más información: La reforma fiscal sufre su primer tropiezo sin haber echado a andar
Suena el tictac de la cuenta atrás. Este miércoles termina el periodo para introducir enmiendas en el proyecto de ley para garantizar una tributación mínima por parte de las multinacionales. Se trata del caballo de Troya normativo que quiere utilizar el Gobierno para ejecutar, al menos, una parte de su reforma fiscal. Pero se le está atragantando por los diferentes intereses de los grupos parlamentarios y aliados de la investidura de Pedro Sánchez, que hacen peligrar el futuro de los impuestos a las empresas energéticas y a la banca.
La intención de Ejecutivo de coalición es hacer permanentes ambos tributos, hoy temporales. Sin embargo, se está encontrando una importante oposición no sólo de los sectores empresariales afectados, sino también de PNV y Junts. Por ello, el Gobierno se ha abierto a rebajar el impacto de ambos tributos con su estructura o incluso mediante bonificaciones.
Así lo indican fuentes al tanto de estas negociaciones. Cabe recordar que introducir estas bonificaciones, en cualquier caso, ya estaba dentro de los planes del Ministerio de Hacienda. En su momento, indicó su intención de introducir deducciones sobre el impuesto energético para aquellas compañías que hicieran inversiones en tecnologías verdes o que facilitaran la transición energética.
El propio Carlos Cuerpo, ministro de economía, admitió este martes que se tienen que hacer ajustes sobre las tasas temporales a las energéticas y a la banca a la hora de hacerlas permanentes.
Es decir, que hay que valorar "elementos adicionales" que ya no tienen que ver con la situación de emergencia de hace dos años, que es cuando se activaron ambos tributos por la inflación de la energía y los tipos de interés disparados.
Estos contextos ya no se dan y el Gobierno quiere introducir nuevos detalles en el cálculo de estos tributos. Cuerpo detalló, por ejemplo, que se valorará el "elevado" esfuerzo inversor en el caso de las empresas energéticas.
Y en el caso de la figura destinada a la banca, los socialistas quieren que se amolde a los ciclos de tipos de interés (que ahora mismo están bajando). Se trata de un debate en el que ha entrado incluso el gobernador de España y exministro del Gobierno, José Luis Escrivá, que ha abogado por que se permita descontar las provisiones de los entidades financieras para que el impuesto sea lo más neutral posible.
Sin embargo, todavía se ignora qué fórmulas empleará Hacienda para dar forma a ambos impuestos de forma permanente. Desde el departamento de María Jesús Montero sólo confirman que hay negociaciones intensas de por medio.
Más allá de cómo se plasmen ambas figuras fiscales en las enmiendas, las posturas de los partidos están muy claras... al menos por ahora. PNV reclama que los dos impuestos formen parte de la concertación foral, de manera que pueda manejarlos a placer dentro de País Vasco, territorio que sirve de sede de gigantes como Iberdrola o Kutxabank.
Se trata de una posibilidad ante la que ya han protestado regiones como Andalucía y Aragón y la han tildado de competencia desleal, puesto que permitiría a País Vasco atraer inversiones bajo el marco de una mejor fiscalidad.
Junts también se opone a ello, puesto que esta posibilidad pondría en riesgo las inversiones que el sector energético tiene en Cataluña. Particularmente, los 1.100 millones que Repsol ya ha amenazado con retirar si el impuesto sale adelante.
Los independentistas catalanes apuntan a ser los más difíciles de convencer, como ya es habitual en el Congreso. Han dejado clara su postura contra el tributo energético y no está claro que las bonificaciones que baraja el Ministerio de Hacienda puedan cambiar esta posición.
En el otro lado de la balanza están el resto de los socios de la investidura, el espacio a la izquierda del PSOE. Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos exigen mantener ambos tributos con su impacto actual. Los de Ione Belarra reclaman incluso elevar su efecto.
Cabe recordar que dichas figuras fiscales han generado unos ingresos de casi 3.000 millones de euros anuales desde su puesta en marcha. Sin embargo, esto es sólo parte de la reforma fiscal que quiere introducir el Gobierno y a la que se ha comprometido con la Comisión Europea. ¿Cuáles serán sus elementos? Las dificultades para gestar apoyos parlamentarios suficientes lo determinarán.
Por un lado, Hacienda quiere introducir una medida que el Ministerio de Sanidad pactó con las comunidades autónomas para financiar el plan antitabaco: gravar los cigarrillos electrónicos o vapeadores que incluyan nicotina.
Además, el Ejecutivo plantea, como ya adelantó este periódico, medidas como revisar la tributación de los combustibles, en particular el diésel (para elevarla), y los beneficios fiscales, especialmente determinadas deducciones e incluso los tipos reducidos de IVA.
Es decir, parte de las medidas contenidas en el libro blanco para la reforma fiscal que se creó hace dos años. Sin embargo, hay importantes dudas de que los socios de la investidura apoyen enmiendas en esta dirección.
No hay que olvidar que el Gobierno va a aprovechar la ocasión, además, para resucitar los límites a las deducciones de las grandes empresas en el Impuesto de Sociedades que impuso Cristóbal Montoro y que tumbó el Tribunal Constitucional a principios de este año.
En cualquier caso, aunque el periodo para introducir enmiendas se cierra este miércoles, la negociación al respecto no lo hace. La tramitación del proyecto y sus enmiendas todavía tendrá que pasar por la Comisión de Hacienda y el pleno del Congreso, lo que da unas semanas de margen al Ejecutivo.