Ayudas directas, medidas fiscales y avales: así es el plan de 10.600 millones del Gobierno para los afectados por la DANA

En una comparecencia en el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha detallado las primeras medidas de un plan que se compondrá de tres fases. La primera es la de Respuesta Inmediata, que incluye la declaración de zona gravemente afectada. A continuación, vendrán la fase de reconstrucción y la fase de relanzamiento y transformación. 

Sánchez ha anunciado de momento, un total de 78 municipios (75 de la Comunitat Valenciana, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía) podrán acogerse a las medidas incluidas en este plan, pero no ha descartado ampliar esta lista en el caso de que fuera necesario.

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En cuanto a las medidas concretas, una de las que ha adoptado el Ejecutivo en el Consejo de Ministros de este martes es la de cuadriplicar las ayudas públicas previstas en la ley por fallecimiento, incapacidad, daños en enseres y en vivienda, en esta ocasión sin umbrales de renta.

En concreto, va a transferir hasta 72.000 euros por casos de incapacidad y entre 20.000 y 60.000 euros para la reparación de las viviendas dañadas. Asimismo, se destinarán hasta 10.300 euros para cambiar o reparar muebles, electrodomésticos y enseres y hasta 37.000 euros para reparar elementos de las comunidades de vecinos, como portales o ascensores.

Por otro lado, se concederán ayudas directas por importe de 838 millones para pymes y autónomos de las zonas más gravemente afectadas. Estas ayudas serán de 5.000 euros para los autónomos y oscilarán entre los 10.000 (menos de un millón de euros de facturación) y los 150.000 euros para las empresas (más de 10 millones de facturación), en función de su volumen de negocio.

Para recibirlas, el presidente del Gobierno ha indicado que bastará con indicar el número de cuenta bancaria y empezarán a cobrarse en menos de un mes. Se estima que esta medida beneficiará a unos 65.000 trabajadores autónomos y unas 30.000 empresas.

Incapacidad y ERTE

Por otro lado, Sánchez ha anunciado que, tal y como recoge la reforma laboral, las empresas afectadas que suspendan temporalmente la actividad de sus trabajadores a través de un ERTE estarán exentas de pagar el 100% de las cotizaciones a la Seguridad Social de la plantilla, al menos hasta febrero de 2025. Además, faculta a empresas y autónomos a solicitar el aplazamiento o moratoria en el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social.

Asimismo, se crea una incapacidad temporal extraordinaria de trabajadores y autónomos con daños físicos o psicológicos provocada por la DANA. Al considerarse accidente de trabajo se garantiza el 75% de su salario desde el primer día de incapacidad. También se ha aprobado un aumento del 15% durante tres meses para las personas que perciben el ingreso mínimo vital o pensiones no contributivas.

Para los autónomos que deban parar o suspender su trabajo, se establece una prestación por cese de actividad que corresponde al 70% de la base de cotización. Podrán acceder a la ayuda aunque no tengan el periodo mínimo de cotización exigido de doce meses y sin que les reduzca sus prestaciones en el futuro.

Por otra parte, Sánchez ha informado de que el Consorcio de Compensación de Seguros, dependiente del Ministerio de Economía, empezará a abonar mañana mismo las primeras indemnizaciones a aquellas familias y empresas que han perdido su vehículo.

Además, se crea de una línea de avales DANA por valor de 5.000 millones de euros para empresas, autónomos y, por primera vez, también hogares. El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer tramo, por 1.000 millones de euros, y seguirá autorizando nuevos importes a medida que sea necesario. 

Gracias al acuerdo al que el Gobierno de España ha llegado con los bancos, los ciudadanos y las pymes que tengan una hipoteca o un préstamo al consumo podrán posponer el pago íntegro de sus créditos durante 3 meses, y pagar solo los intereses durante 9 meses adicionales.

Medidas fiscales

El Gobierno también ha aprobado varias medidas en materia fiscal, como la exención del IBI correspondiente a 2024 o la reducción del impuesto sobre actividades económicas del mismo ejercicio. Además, no se pagarán tasas de tráfico ni en la Policía al tramitar la baja de vehículos dañados o al renovar el carné de conducir y el DNI.

Por su parte, las ayudas por daños personales quedan exentas de tributación en el IRPF, al tiempo que se aplaza el segundo pago de la declaración de la renta hasta 2025 para los afectados por la DANA, beneficiando a 200.000 contribuyentes. En aras de ayudar a la actividad agraria de la zona afectada, se efectuará una rebaja en el IRPF y el IVA para las explotaciones dedicadas a esta actividad.

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Por otro lado, el Ejecutivo asumirá todos los gastos de emergencia que tengan los ayuntamientos afectados, como suministro de agua potable, evacuación, retirada de lodos, alojamiento y alimentación de afectados o limpieza de vías, incluida la retirada de enseres inservibles.

También abonará el 50% de los derivados de todas las obras que se llevan a cabo en los próximos meses y años para reparar infraestructuras, instalaciones y servicios como carreteras, polideportivos, o centros cívicos.

Además, los consistorios serán compensados por los impuestos municipales que dejen de percibir y se ampliará su posibilidad de gasto con las inversiones financieramente sostenibles. También se permite que se puedan financiar determinadas necesidades financieras en 2024 y en 2025 con cargo al Fondo de Financiación a Entidades Locales.

Para financiar todos estos gastos, el Gobierno ya ha solicitado a la Comisión Europea la ayuda del Fondo Europeo de Solidaridad.

El Ejecutivo cursará por la vía de urgencia la petición de aprobación al Consejo y al Parlamento Europeo de un nuevo reglamento denominado RESTORE, que permitirá reprogramar los fondos de cohesión FEDER y FSE+ para dedicar parte de sus recursos a paliar los daños ocasionados por desastres naturales.

Refuerzo de personal

Por otro lado, se implementarán medidas de refuerzo en los juzgados y se fortalecerán los equipos de notarios y registradores de la propiedad. Además, se lanzará un portal de emergencias registrales que permitirá a los ciudadanos certificar la ubicación de sus bienes inmuebles vía satélite.

En esta línea, también se establecerán oficinas de refuerzo en los municipios afectados para apoyar a los funcionarios locales en la atención ciudadana y agilizar los trámites administrativos.

EFE.

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Asimismo, para agilizar las obras de reparación, los bienes afectados podrán ser expropiados de forma urgente. En el caso de las infraestructuras de titularidad estatal, se faculta a los ministerios para declarar zona de actuación especial o la emergencia para facilitar las actuaciones de reparación. También podrán considerar de emergencias los contratos necesarios para este fin. 

Por otra parte, se creará una Comisión interministerial para coordinar las tareas de reconstrucción y relanzamiento del Plan para la Comunidad Valenciana. Este esfuerzo incluirá mecanismos para intensificar la cooperación bilateral con los gobiernos autonómicos, especialmente con la Generalitat Valenciana.

El Gobierno también ha decidido reforzar el régimen jurídico de Tragsa para flexibilizar su despliegue en las tareas de reconstrucción y ha habilitado a Tragsatec a realizar actuaciones de peritación, valoración y cuantificación de daños que le soliciten las administraciones. En esta línea, se habilita a Mercasa a ejecutar actuaciones de apoyo logístico y distribución alimentaria, mientras que la AECID pondrá a disposición de las autoridades competentes material de emergencias y de ayuda humanitaria.