Encarna uno de los perfiles más empresariales al frente de la Casa Blanca de la historia de la democracia de los Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la presidencia se podía interpretar como un espaldarazo para las grandes compañías multinacionales. Hasta ahora, no lo ha sido. Más bien lo contrario. Exigencias como la creación de empleo dentro de las fronteras del país o la recuperación del proceso de fabricación en el país han sido asumidas, en parte, por una gran cantidad de gigantes que se han plegado en las últimas semanas. Amazon, General Motor o Wal-Mart son algunas de ellas.
El sector del motor es, quizás, el más señalado por el presidente estadounidense. La estrategia de fabricación fuera de las fronteras del país ha sido duramente criticada por él durante semanas. El pasado martes, se reunió con representantes de los consorcios automovilísticos General Motors, Ford y Fiat Chyrsler. El objetivo: exigirles que construyan nuevas plantas en Estados Unidos.
El precedente fue un ataque en público (a través de su cuenta de Twitter) a las grandes firmas del sector por fabricar, especialmente, en México. Y la respuesta no se hizo esperar. Ford anunció la retirada de un proyecto para construir una planta en México con una inversión de 1.600 millones de euros. El gigante italiano-americano Fiat Chyrsler anunció su intención de invertir 1.000 millones para dos nuevas fábricas (2.000 empleos más). General Motor invertirá la misma cantidad en los próximos años, mientras que Hyundai elevará un 50% sus planes de desembolso hasta alcanzar los 3.100 millones en más de cinco años.
Distribución y armamentísticas
No son los únicos. En el sector de la distribución –tanto online como ‘tradicional’- también han tenido que plegarse no sólo en el lado de las inversiones, sino también en el empleo. Amazon ha prometido la creación de 100.000 nuevos empleos durante el próximo año y medio. Wal-Mart también planea la incorporación de 10.000 nuevos empleados con la apertura de nuevas tiendas en Estados Unidos (y 24.000 en la construcción de los centros).
Una de las empresas castigadas por Trump en público ha sido Lockheed Martin. El presidente llegó a criticar en público los precios de uno de sus modelos. Un tiempo después, la empresa prometió una reducción de costes del nuevo F-35 y la creación de 1.800 nuevos puestos de trabajo en el país.
Fabricación en EEUU
Las grandes tecnológicas temblaron con el nombramiento de Trump. Muchas temían que el nuevo presidente ‘castigara’ a Silicon Valley, por su desconocimiento del sector y la escasa atención que le había dedicado durante su campaña. Hubo una primera reunión en diciembre, cuando aún no había tomado posesión, con la que se trataron de calmar los ánimos. Pero, la presión respecto a algunas de ellas por recuperar para Estados Unidos la fabricación de algunos de productos no ha cesado.
En este contexto, el proveedor principal de Apple en China, Foxconn, hizo públicos esta semana sus planes de construir una fábrica en Estados Unidos, que supondría un desembolso de 7.000 millones de dólares y la creación de más de 30.000 empleos. ¿El objetivo? Construir una fábrica de pantallas planas.
En el lado de las ‘telecos’ estadounidense, ha habido otros movimientos. La compañía Sprint, en manos del gigante japonés Softbank (que también ha reiterado su apuesta con un fondo de 50.000 millones de dólares) prometió la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo a finales de diciembre.
La contraprestación: menos impuestos
Como contraprestación a todas estas exigencias, los impuestos ha sido el arma más esgrimida por parte del presidente. En el caso de los gigantes del motor, el compromiso se centraba en la reducción de todas las normativas, regulaciones medioambientales y tributos para operar en el país.
Otra de las medidas que ya se han puesto encima de la mesa es el impuesto de repatriación de beneficios para todas estas compañías. Muchas de ellas acumulan una cantidad ingente de efectivo en paraísos fiscales y otros países con baja tributación. En concreto, 2,6 billones de dólares. Durante la campaña, el presidente prometió reducir este impuesto del 35% al 10%.