"Se ordena la liquidación de Electricaribe", manifestó en una rueda de prensa en Bogotá el superintendente de Servicios Públicos, José Miguel Mendoza, quien añadió que esa entidad ha dispuesto el inicio de la búsqueda inmediata "de un operador que asuma la prestación del servicio" en los siete departamentos de la costa atlántica donde opera la compañía.

La empresa, intervenida de manera preventiva hace cuatro meses debido a problemas técnicos y financieros, "no está en condiciones de prestar el servicio de energía con la calidad y continuidad que se requieren", dijo Mendoza.

"Hemos dado un paso definitivo para remediar los problemas estructurales que han deteriorado el servicio de energía en la costa", agregó el funcionario.

Electricaribe atiende 2,5 millones de clientes de los departamentos caribeños de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre.

Mendoza explicó que mientras se hacen los trámites de la liquidación, "Electricaribe continuará prestando el servicio de energía en el mercado de la costa bajo la administración temporal del agente especial designado por la Superintendencia".

El titular de ese despacho añadió que con la intervención no solo se evitó "el racionamiento generalizado", sino que "se estabilizan la finanzas de Electricaribe con miras a mantener la prestación del servicio".

El grupo Gas Natural Fenosa posee el 85 % de Electricaribe desde 2009 mientras que el 15 % restante está en manos del Gobierno colombiano.

Gas Natural ha sido partidario de una solución dialogada, pero también ha reclamado resolver los problemas de fraude e impago que sufre la compañía, que dificultan las inversiones necesarias.

En noviembre pasado, Electricaribe y el Gobierno no llegaron a un acuerdo sobre fórmulas para capitalizar la empresa, que tiene problemas de caja debido a la elevada cartera morosa de clientes, que al cierre del tercer trimestre de 2016 ascendía a 4,05 billones de pesos (unos 1.323 millones de dólares).

No obstante, la multinacional española también contempla la opción de solicitar un arbitraje internacional ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) por las desavenencias con el Gobierno colombiano respecto al caso.