La misiva fue enviada este lunes al presidente de la comisión de Economía del Parlamento Europeo, el eurodiputado italiano Roberto Gualtieri, por el bufete de abogados londinense Quinn Emmanuel, que representa a los fondos PIMCO (en representación de ciertos fondos), Anchorage, Algebris y Ronit Capital, quienes tenían aproximadamente 850 millones de euros en bonos.

Estos piden en concreto a la Comisión que interrogue a Koning sobre si sus declaraciones a la prensa en relación a la situación de Popular antes de la resolución respetaron el secreto profesional, así como sobre su intención de publicar las decisiones que llevaron a la resolución.

Fuentes parlamentarias explicaron a Efe que el eurodiputado español Jonás Fernández, del grupo político socialdemócrata que lidera Gualtieri en la comisión parlamentaria, pedirá las aclaraciones a Koning que exigen los bonistas.

La presidenta de la JUR comparecerá esta tarde por primera vez ante los eurodiputados desde que ordenó la resolución del Popular, que se saldó con la venta de la entidad al Santander por un euro e impuso pérdidas totales para los accionistas y tenedores de deuda subordinada.

"Aunque todos los detalles y hechos aún están emergiendo, remitimos respetuosamente que hay una serie de temas y cuestiones serias de los acontecimientos que llevaron a la JUR a ejercer su poder y a adoptar el esquema de resolución que merecen la atención la comisión", dice la carta.

En concreto, los inversores recuerdan que los afectados por las decisiones de la JUR pueden recurrir ante los tribunales europeos, pero que "hasta ahora la JUR no ha proporcionado ni revelado, pese a múltiples peticiones, las pruebas sobre las que basó sus decisiones".

El bufete de abogados ha pedido en varias ocasiones a la JUR, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea información detallada de cara a analizar las posibilidades de interponer demandas contra ellas por la decisión ante los tribunales europeos.

En este sentido, los inversores instan a preguntar a Koning si la JUR prevé hacer pública su decisión y el informe de valoración del banco en que basó la misma, y se interrogan sobre si es "razonable" que esta institución ejerza sus "amplios poderes de resolución sin total transparencia".

Asimismo, llaman a preguntar si la JUR hará y publicará una valoración independiente "a posteriori" de la entidad para evaluar si accionistas y acreedores tienen derecho a compensación.

Por otra parte, los inversores instan a inquirir sobre el efecto que tuvieron en la cotización de Popular las declaraciones de Koning a medios de comunicación antes de la resolución y si esto supuso una violación del secreto profesional exigido por las normas.

En concreto, señalan que después de que la presidenta nombrase a Popular entre los bancos "vigilados" en una entrevista con Bloomberg, el precio de la acción cayó un 3,6 %, mientras que tras las informaciones publicadas en Reuters citando a un cargo europeo respecto a un "aviso temprano" de la JUR sobre Popular, estas cayeron un 18 %.

Las declaraciones "causaron un mayor deterioro de la posición financiera" del banco, afirma la misiva, que aboga por preguntar a Koning si cree que la JUR fue la "causa principal" de la crisis de liquidez que desembocó en la resolución.