Se trata del tercer y último informe sobre el proceso de resolución del Popular, el pasado 7 de junio, que marcó el estreno algo apresurado de este mecanismo europeo, el MUR, una actuación que se decidió en Bruselas y que se ejecutó en Madrid, de la mano del fondo español de reestructuración del sector financiero, el FROB.

Este informe es el único de los tres que prevé la normativa europea para estos procesos que se hace "ex post", es decir, una vez finalizada la intervención, cuando ya se dispone de todos los datos y de todas las cifras que permitan determinar si los accionistas y acreedores "hubieran recibido mejor trato" si se hubieran aplicado procedimientos de solvencia ordinarios.

En caso contrario, la Junta Única europea de Resolución (JUR) podría verse obligada a compensar a los accionistas del Popular, que fue intervenido y posteriormente adquirido por el precio simbólico de un euro por el Santander en la madrugada del 7 de junio tras sufrir graves problemas de liquidez y ante el temor de que afectaran a su solvencia.

Los organismos europeos que decidieron la liquidación han defendido la decisión y se preparan para la avalancha de demandas de grandes inversores, pero entre estos preparativos no figura la publicación del polémico informe de Deloitte que sirvió de base para la operación.

Para los afectados, tanto minoristas como institucionales, la clave reside en este documento, que atribuía al banco una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.

La presidenta de la JUR, Elke König, se apresuró a rechazar la posibilidad de que se haga público dicho informe, que contendría "información confidencial" aunque varios afectados han reclamado que se haga público.

Pero ya son varios los accionistas que, individualmente o en grupo, demandarán a la JUR -o lo han hecho ya- para obligar al organismo a publicar el informe de Deloitte.

Hasta ahora, el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular -que pasó de 113 millones de euros a cero- alcanzaba un 3,45 %, ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra el FROB, y prevé presentar también otro contra la JUR en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2 % del capital del banco y ha perdido 550 millones de euros, ya ha presentado su denuncia a la JUR, y un grupo de grandes fondos de inversión estadounidenses, entre los que figura Pimco, que han perdido más de 800 millones de euros, prevé demandar al Santander y al organismo de resolución.

Los últimos en unirse a la avalancha de demandas contra las autoridades europeas han sido un grupo de unos 300 accionistas, entre los cuales figuran inversores cualificados, aseguradoras y sicavs -sociedades de inversión de capital variable-.

Representados por el bufete Jausas, presentarán en la primera quincena de septiembre una demanda contra el Santander y no descarta hacer lo mismo contra la JUR.

Las demandas se presentarán ante la justicia europea, para lo cual el plazo termina el 17 de agosto, pero también ante la justicia española, donde el margen es algo mayor, hasta mediados de septiembre.