En el año 2013, un parado de Cádiz se suicidó tras recibir un burofax en el que se le reclamaba una deuda hipotecaria. Esto es un hecho, y no ha sido un caso aislado. Pero la Plataforma Antidesahucios de Madrid (PAH) ha hablado de víctimas del "terrorismo financiero", que para ellos son aquellas que decidieron quitarse la vida "tras ser ejecutados hipotecariamente". Según este grupo, las 836 víctimas de la banda terrorista ETA palidecerían frente a las 13.300 personas que habrían optado por el suicidio entre 2008 y 2015. Esto no es un hecho.
Sin menospreciar el drama de los desahucios, estas cifras, simplemente, no son verdad. No sólo porque es obviamente injusto comparar asesinatos con suicidios, dos tragedias diferentes desde cualquier punto de vista -y cabe preguntarse qué opinan las víctimas del terrorismo sobre esta atrevida comparación-, sino porque los datos no soportan el análisis.
La plataforma habla de más de 1.600 suicidios al año por dicha causa en este periodo, pero los datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE) no respaldan, en absoluto, estas cifras.
Un simple vistazo a los datos sobre suicidio de los últimos 20 años revela que el número de muertes por esta causa se ha mantenido razonablemente estable en el periodo por encima de los 3.000 suicidios/año en el país. Si la PAH tuviera razón, a partir de 2008 habríamos visto un incremento dramático en esas cifras, haciendo que superásemos los 4.500 suicidios por año. Pero, simplemente, no ha sido así.
La curva se ha mantenido prácticamente plana y, pese a un ligero incremento en los años 2008 y 2009 (que en ningún caso superó los 3.507 suicidios de 2004), los años 2010 y 2011, que sin duda estuvieron entre los más duros de la crisis, muestran los datos más bajos de la serie.
Entre 2012 y 2014 se registró, es cierto, un pico significativo, que en ningún caso alcanzó los 4.000 casos. Y, en 2015, el número de muertes por esta causa volvió a reducirse.
Si bien es cierto que tradicionalmente se ha hablado de que el INE no registra todos los suicidios, también lo es que este problema es histórico y que, incluso dejándose casos, proporcionalmente habría tenido que registrar picos mayores. Además, es difícil señalar, teniendo en cuenta la complejidad del fenómeno del suicidio, que cualquier subida o bajada en las cifras tenga que ver con un componente tan específico como los desahucios o inferir que un desahucio es la razón única del suicidio en todos los casos.
Tampoco vamos a obviar que hay un impacto de los fraudes bancarios en la salud. Un estudio financiado por la Fundación Finsalud y llevado a cabo por investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III y Universidad de Montreal, arroja resultados que sugieren que las personas que han sufrido fraudes bancarios por compra de preferentes o contratación de hipotecas multidivisa tienen peor salud física y mental, más trastornos de sueño y peor calidad de vida que la población española de edad comparable. Las dificultades no sientan bien a la salud de las personas. Pero de ahí al suicidio va un largo trecho.
Obviamente, aspectos como la crisis económica, el paro rampante, las dificultades para absorber a un perfil determinado de trabajadores en el mercado laboral y la obvia desesperanza que produce un desahucio forzoso han marcado a la sociedad española.
Pero utilizar cifras tan dudosas y utilizar términos como “terrorismo” tan a la ligera y con la demagogia como único objetivo no ayuda al sistema financiero, aún sometido a tensiones, como demostró la caída del Popular; no ayuda a las entidades que han tratado de encontrar soluciones alternativas a los desahucios de personas vulnerables y, en realidad, no ayuda a nadie.
