Airbnb calcula que la nueva regulación del alquiler turístico podría suponer pérdidas de más de 550 millones de euros para la economía balear.

Así lo ha anunciado en una nota de prensa en la que señala que "más de 10.000 familias locales podrían verse afectadas por la moratoria impuesta por el Govern". Airbnb cree que estas familias podrían perder 100 millones de euros debido a la nueva regulación.

"Cada familia dejará de ingresar 833 euros mensuales, dinero que usa para hacer frente al incremento del coste de vida en las islas", ha señalado Airbnb, que considera que este impacto económico también podría afectar a la recaudación de impuestos en las islas.

Impacto en el comercio

En esta línea, Airbnb ha acusado al Govern de proteger "un modelo de turismo masivo creado por los hoteles". "El Govern ha decidido legislar en contra de las familias baleares, impulsando una ley que sólo protege a los hoteles y limita la distribución de los beneficios generados por el turismo solamente a ciertos lugares y a grandes grupos empresariales", ha denunciado.

La plataforma ha indicado que la comunidad Airbnb generó 400 millones de euros de impacto económico en Baleares el año pasado, "por lo que la moratoria podría reducir drásticamente los beneficios de los comercios locales", especialmente en aquellos situados fuera de las principales zonas turísticas.

Además, "los comercios locales y los pueblos pequeños también podrían verse afectados por esta legislación desproporcionada".

Por otra parte, Airbnb ha alertado de que el impacto en los pueblos también es "relevante" porque el 70% de sus anuncios se encuentran fuera de las principales áreas turísticas. Como ejemplo, ha vaticinado que en Mallorca los pequeños municipios "podrían perder más de 1.000 alojamientos donde la oferta hotelera es prácticamente inexistente".

"Regulación compleja y confusa"

Para el director general de Airbnb para España y Portugal, Arnau Muñoz, la plataforma "es parte de la solución a los retos del turismo masivo" porque ayuda "a construir un turismo sostenible que beneficie a las familias locales y sus comunidades".

Muñoz ha advertido que la nueva regulación balear "es compleja y confusa" y "no distingue entre particulares que comparten sus casas y los operadores profesionales".

El director ha recordado que ha trabajado en colaboración con más de 300 gobiernos en el mundo y ha animado a los políticos locales "a seguir el ejemplo de otras grandes ciudades europeas que han introducido reglas de 'home sharing' claras y simples".