Ante la sección cuarta de la sala de lo Penal, el letrado ha defendido que Sánchez Ortega "podía haberse ido cuando hubiera querido" y que cuando abandonó la firma sevillana, en el verano de 2015, "la empresa estaba en una situación de absoluta normalidad, en la que no existía ni un solo dato objetivo" que presagiara el preconcurso de acreedores solicitado en noviembre de ese año.

En este sentido, ha destacado que en aquel periodo "se había mejorado el fondo de maniobra y los representantes de los bancos recomendaban comprar acciones" de Abengoa, y ha negado que existiera "ni un solo euro de deuda fuera de balance" como muestra que con posterioridad al relevo en la presidencia y ya con los nuevos gestores, no se haya producido una reformulación de cuentas.

Sobre los 4,5 millones de euros, por los que la Fiscalía pide cuatro años y tres meses de cárcel para Sánchez Ortega por presunta administración desleal, el letrado ha alegado que "no fue una indemnización ni gratificación sino una contrapresentación, una obligación impuesta en interés de la compañía".

A ésta ha señalado por ser "quien pidió que se introdujera esa cláusula" en el nuevo contrato mercantil suscrito en febrero de 2015, en cuya legalidad ha insistido ya que "incluía las mismas condiciones retributivas que en el anterior aunque no existía obligación para ello".

"Para que Sánchez Ortega recibiera esta contraprestación se necesitaron cuatro actos del Consejo de Administración y seis reuniones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones", ha apuntado para después afirmar que "todos los órganos de la sociedad tenían conocimiento" de una cláusula adoptada "por norma general".

También ha rechazado las teorías de las acusaciones, que reprochan al ex consejero delegado haber permanecido en la compañía después de aprobarse su renuncia, y ha apuntado que "sólo se le ha pagado el mes de junio en el que cumplió con las funciones de asesoramiento" a su sucesor, tras lo cual inició su breve etapa laboral en la gestora de inversiones Blackrock.

Un cambio que no afectaba al cobro de la cláusula según el despacho encargado del asesoramiento externo de Abengoa, DLA Piper, que "informó que estaba perfectamente pagada y de que incluso el hecho de que el señor Sánchez Ortega estuviera allí podía producir determinadas sinergias a favor de la compañía".