El Gobierno da otro espaldarazo al taxi y controlará más a Uber y Cabify

El Consejo de Ministros, en su última reunión del año, ha aprobado el texto del Real Decreto por el que se establecen normas complementarias al reglamento de la ley de ordenación de los transportes terrestres (ROTT), en relación con la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC) que utilizan empresas como Uber y Cabify. Y el taxi está satisfecho.

Dicha norma arrancó su trámite en junio de 2017, fruto de las peticiones de Fedetaxi al Ministerio de Fomento para frenar la posible especulación y reforzar el control de la actividad de VTC. Tras un primer texto que la asociación consideraba insuficiente, se efectuaron modificaciones.

Fomento generará, por ejemplo, una aplicación web con la que registrará y controlará cada uno de los servicios VTC antes de que se realicen, y en la que habrá que ofrecer los datos del pasajero. Para Fomento, esto facilitará la labor de los servicios de inspección, asegurará la precontratación y evitará la captación de viajeros por las vías públicas.

El real decreto incluye medidas regulatorias como la que impedirá la transmisión de las VTC durante un límite temporal de dos años desde su otorgamiento original. Fomento cree que con ello se impedirá las prácticas especulativas de aquellos que hubieran solicitado licencias de VTC con objeto únicamente de lucrarse con su inmediata reventa.

La nueva regulación de Fomento ha sido recibida con optimismo con los taxistas. Si bien “no soluciona los problemas de 70.000 autónomos del taxi fruto de una errática política precedente, supone un paso más en la dirección correcta que debemos celebrar desde el sector del taxi”, valoró Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi.

La asociación sigue pidiendo la asunción de competencias en la materia por los ayuntamientos y comunidades autónomas, lo que podría abordarse en una futura reunión de la Conferencia sectorial de Transportes presidida por el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

Leal también señaló que este asunto y la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre UberPOP deberían suponer un punto de inflexión para el sector del taxi en sus reivindicaciones. “Ahora quedamos a la espera de actuaciones de similar compromiso por parte de los ayuntamientos (Madrid y Barcelona, en especial) para que despejen la incertidumbre sobre el futuro de 100.000 familias que viven del taxi y las dudas que puedan existir en algunas administraciones sobre el respaldo jurídico y social que mantienen las solicitudes regulatorias de los taxistas en materia de movilidad urbana”.