El Gobierno ultima soluciones para acabar con las desigualdades laborales que se producen empresas de economía colaborativa como Deliveroo o Glovo, según ha podido conocer EL ESPAÑOL. Este tipo de compañías han sido denunciadas por algunos de sus trabajadores y por sindicatos como UGT, que hace unos días interpuso una demanda ante la Inspección del Trabajo contra Glovo, UberEats y Stuart por “relación laboral encubierta”.

En el fondo de la cuestión está la vinculación laboral de los riders (repartidores) de estas empresas de reparto de comida a domicilio que trabajan formalmente como autónomos, pero que están sujetos a una vinculación fija como si fuesen asalariados. Estos empleados solo cobran por reparto y deben pagarse su seguridad social, su medio de transporte -que regularmente es una bicicleta- y todo ello sin un contrato formal, según han denunciado algunos empleados de estas compañías.

En una entrevista concedida recientemente a La Vanguardia, el director general de Uber Eats, Manel Puig, reconoció que "si hubiera que contratar a repartidores, no existiríamos", argumentando que los autónomos, que "son mayoría, tienen total libertad para decidir cuándo se conectan, cuántas horas, dónde y si quieren o no aceptar los pedidos".

Fuentes del gobierno han explicado a EL ESPAÑOL que efectivamente este tipo de situaciones generan inequidades en la nueva economía digital y que, por tanto, hay una gran atención sobre el tema. Una situación que también preocupa al Parlamento Europeo, que en junio del año pasado aprobó una resolución para intentar arrojar luz respecto de ciertos aspectos de la economía colaborativa. La UE pidió reglas claras y entre ellas se encontraba la diferenciación entre el trabajador autónomo y el dependiente, un línea difusa en estas plataformas.

Concienciar sobre el problema

El objetivo de Moncloa es trabajar por una mayor igualdad en la nueva sociedad digital y para ello uno de los desafíos es fiscalizar las nuevas relaciones laborales generadas en la economía colaborativa. Para ello trabajan en diferentes iniciativas que abarcan la concienciación, el debate y la legislación, esta última si es que se logra el apoyo social y parlamentario necesario.

En cuanto a la concienciación, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital será especialmente activo para denunciar este tipo de situaciones. No nos referimos a señalar a empresas en concreto, sino que se busca generar una conciencia social sobre estas inequidades en términos generales.

Desde la Secretaría de Estado de Agenda Digital se considera que hay que separar claramente los beneficios económicos que generan estas nuevas empresas, innegables para el mundo digital, y la necesidad de construir una ciudadanía digital sostenible.

Debate sobre soluciones

Del mismo modo, en el futuro próximo se abordará la discusión de estos marcos laborales en un contexto social. De hecho, ya se ha constituido un grupo de expertos para abordar los nuevos derechos digitales y para valorar el impacto social de las nuevas tecnologías. Esta misma semana se pondrá en marcha un observatorio de la igualdad de género en el contexto del mundo digital.

La Secretaría de Agenda Digital trabaja en la elaboración de la Estrategia digital para una España inteligente, un documento marco para el desarrollo digital y social de la España en el que se abordarán los nuevos derechos digitales de los ciudadanos, herramientas para abordar la equidad de género y el impacto social del big data y la inteligencia artificial. Un documento en el que también se quieren incluir el tema laboral.

En paralelo, el Ejecutivo también trabaja en la regulación, pero para ello deben cumplirse una serie de requisitos. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que el Gobierno ya ha mantenido reuniones sobre el tema en el marco de la Mesa de Diálogo Social entre empresarios, sindicatos y el Ministerio de Empleo. El tema laboral de algunas empresas de la economía colaborativa se ha debatido en la Mesa de Calidad en el Empleo.

Consenso con empresarios y sindicatos

El objetivo del Gobierno es intentar adaptar a la actual normativa fórmulas para acabar con estas inequidades, pero son conscientes de que antes deben obtener el consenso social con los empresarios y con los sindicatos. Las fuentes consultadas indican que el tema está bastante avanzado, pero que es pronto para hablar de soluciones y conclusiones.

Una vez alcanzado el acuerdo social, una eventual nueva normativa debe pasar por el Congreso, donde el Partido Popular no tiene mayoría parlamentaria para aprobarla. Esto abocaría a negociaciones parlamentarias y a posibles ajustes del proyecto, lo que se traduciría en un avance lento en el Congreso. Por ello, desde el Ejecutivo evitan hablar de plazos y de fechas.

En cualquier caso, diferentes fuentes del Gobierno advierten de que el objetivo no es perseguir al sector, ya que en todas las áreas productivas hay buenas y malas prácticas. En lo que sí hay consenso es en que hay que proteger los derechos de los trabajadores, y que si para ello hay que adaptar el marco laboral, la decisión deberá ser tomada entre todos los actores.

Fiscalización de la Inspección del Trabajo

Mientras tanto, la Inspección del Trabajo sigue trabajando para proteger estos derechos. El caso más reciente se produjo en Valencia donde este departamento ha rechazado el modelo laboral de Deleveroo ante la denuncia de algunos de sus trabajadores. Según esta sentencia, los riders no son autónomos, son asalariados aunque en los contratos figuren como trabajadores por cuenta propia.

“La calificación que las partes den al contrato no lo define”, indicó la Inspección de Trabajo en Valencia, y añade implícitamente que estamos ante la figura de falsos autónomos. Esto le lleva a exigir a Deliveroo 160.814,9 euros por cotizaciones no pagadas. La sentencia solo afecta a Valencia, pero hay otros procedimientos abiertos en Madrid y en Barcelona.

Los riders de Deliveroo realizaron una gran manifestación el verano pasado exigiendo la mejora de sus condiciones y la garantía de unos ingresos por hora de trabajo (se haga o no un reparto) y un mínimo de 20 horas a la semana. Por su parte, desde la Asociación Española de la Economía Digital se pide una regulación 'ad-hoc' para estas plataformas de servicios digitales al margen de la normativa legal actual para autónomos o trabajadores por cuenta ajena. "Una tercera vía", según José Luis Zimmermann, presidente de la asociación.