El Gobierno balear ha notificado a la plataforma Airbnb el inicio de un procedimiento administrativo sancionador de 300.000 euros por comercializar viviendas turísticas de manera ilegal en Mallorca.

La plataforma, que tiene un plazo de 15 días hábiles para presentar alegaciones, ha informado que apelará la sanción. Se trata de "una multa contra las familias locales que comparten su hogar y aportan grandes beneficios a Mallorca y Baleares", ha declarado la plataforma.

Aunque la Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo ha notificado la infracción de carácter muy grave a Airbnb Ireland UC, titular de la plataforma, desde Airbnb aseguran que no han recibido "notificación oficial". 

En concreto, según el Govern, Airbnb ha comercializado viviendas turísticas sin la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) o sin indicar el número de inscripción turística. Desde la aprobación de la ley turística de Baleares no se había iniciado ningún expediente sancionador tipificado como falta muy grave en Mallorca.

Según la normativa en vigor la sanción por infracciones cualificadas como muy graves tiene que ser de entre 40.001 y 400.000 euros. En este caso, la resolución determina que sea de 300.000 euros. En caso de que la plataforma Airbnb reincida en la comercialización de viviendas turísticas ilegales, la sanción podrá ser incrementada.

La plataforma Airbnb, a pesar de haber sido advertida por la Dirección general de Turismo de que se tenía que adecuar a los cambios introducidos en la ley, ha continuado infringiendo la normativa turística. El acta que certifica la infracción que motiva este expediente fue levantada el 1 de febrero de 2018, y contiene en sus anexos 20 viviendas turísticas consideradas como oferta ilegal según la Ley 6/2017.

Piden una regulación del 'home sharing' progresista

Airbnb asegura en su comunicado que "las leyes de las islas deberían ayudar a distribuir los beneficios del turismo entre las familias y el conjunto de la comunidad y no a mantenerlos en manos de unos pocos". Además, aseguran, quieren "seguir trabajando conjuntamente con el Govern para desarrollar una regulación de 'home sharing' progresista que permita a la gente corriente compartir sus espacios y fortalecer las islas".

Airbnb ha recordado que generó "más de 500 millones de euros para la economía" de la comunidad autónoma y que las familias baleares "podrían perder 100 millones de euros como resultado de la nueva legislación balear de viviendas de uso turístico".

En esta línea, desde la plataforma han subrayado que "uno de cada ocho anfitriones de Baleares afirma que los ingresos adicionales le han ayudado a evitar un desahucio" y que en Mallorca "los municipios pequeños en los que la oferta hotelera es prácticamente inexistente podrían perder más de mil alojamientos".