En un auto fechado el pasado lunes, el titular del juzgado central de Instrucción número cuatro refuta los argumentos del recurso, según el cual el auditor "sí actuó diligentemente y responsablemente", y advierte de que si bien la admisión a trámite de una querella abre "una vía para la investigación judicial", no constituye "todavía, un acto de imputación".

En concreto, la defensa del socio de la firma auditora sostenía que las menciones a su cliente en las querellas interpuestas por varias acusaciones particulares "se hacen de forma vaga e imprecisa" y "sin ningún dato que avale" su incorporación a las pesquisas.

Al respecto, insiste Andreu en que su función a estas alturas de la investigación es "exclusivamente establecer si a los efectos de la admisión puede ser excluido el carácter delictivo de la conducta imputada (...) si existen indicios de que efectivamente ha sido ejecutada y que el querellado ha intervenido en su ejecución".

Todo ello "sin perjuicio de la futura precisión acerca de la existencia de pruebas y del posterior examen de los delitos", lo que "naturalmente" no excluye la posibilidad de una "verdadera imputación tras la comprobación de la existencia de datos que avalen la realidad" denunciada.

Contra la decisión, que no es firme, cabe recurso de apelación ante la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el plazo de cinco días desde su notificación.

A comienzos del pasado octubre, el juez Andreu admitió a trámite diversas querellas contra los expresidentes del Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, PwC y su socio auditor, por presuntos delitos de falsedad societaria, administración desleal y apropiación indebida, entre otros.

El magistrado acordó entonces la apertura de dos piezas separadas, la primera de ellas por la ampliación de capital de 2016, y la segunda por una posible manipulación del mercado tras la publicación de noticias con datos e información presuntamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios.

Este febrero, Andreu reactivaba la investigación y solicitaba información relacionada con la gestión de la entidad, adquirida por el Santander el pasado 7 de junio al precio simbólico de un euro tras una resolución, acordada desde Europa, que actualmente también está siendo analizada tanto por la justicia nacional como comunitaria.

Un listado en el que requería más de 80 documentos a organismos e instituciones como el Banco de España y el Banco Central Europeo (BCE), que habrá de ser estudiada por los dos peritos judiciales designados para el presente caso en un informe que el juez entiende como paso imprescindible antes de citar a los querellados.