La ‘tasa Google’ que Rajoy usará para pagar las pensiones sigue ganándose enemigos entre las empresas europeas

La ingeniería fiscal de las tecnológicas es algo que quita el sueño a gobiernos de medio mundo. Sólo en Europa, y según cálculos de la Comisión Europea, se habrían dejado de ingresar cerca de 5.400 millones entre 2013 y 2014, de los que 482 millones corresponden a España. Así que Bruselas está dispuesta a acabar con estas prácticas con un impuesto del 3% sobre los ingresos relacionados con los servicios online.

Los cálculos de la Comisión estiman que podrá recaudar unos 4.800 millones de euros anuales entre los 28 países de la Unión Europea. Una tasa impulsada, sobre todo, por los grandes de la Unión Europea: Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España. Sin embargo, algunos de ellos han empezado a recular en los últimos días a la vista de la reacción suscitada en Estados Unidos, de donde proceden buena parte de las tecnológicas que operan en el Viejo Continente.

Distintos medios estadounidenses aseguran que el equipo de Donald Trump se prepara para dar una respuesta contundente; incluso hay quien asegura -como el Handelsblatt- que la Casa Blanca está dispuesta a llegar a los tribunales de la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, la mayor advertencia se habría producido -precisamente- en una reunión de esta organización.

Ojo a los aranceles

Emisarios americanos habrían insinuado la disposición de Estados Unidos de apoyar a China en su propuesta de que las empresas sean gravadas en cada país en el que generen ingresos, y no sólo en donde tengan su sede. Y, por si fuera poco, se abre la posibilidad a seguir aumentando la imposición de aranceles a productos como el acero. Algo que, sin duda, ha impactado directamente en el tejido empresarial alemán, que ha comenzado ya a ejercer presión.

Tanta fuerza ejerce la empresa alemana que distintos estados alemanes ya han solicitado a su Gobierno que modere su discurso, y que trate de suavizar la postura de la Unión Europea. Muestra de ello es que, en la última reunión del Ecofin, el ministro alemán de finanzas, Olaf Scholz, no dio su apoyo a la medida. Y es que temen que, incluso, pueda ir en contra de su sistema impositivo.

Así que sin Alemania, Francia se queda con el respaldo de Italia, Portugal, Polonia y España, pero con la oposición del Reino Unido (que también ha optado por el distanciamiento) o de la Irlanda, Luxemburgo y otros países más pequeños de la Unión Europea.

Habrá que ver, por tanto, si se logra un consenso político para una medida que cuenta también con la oposición de las patronales empresariales. Es el caso de Business Europe, la patronal europea, quien considera que una imposición unilateral por parte de la Unión Europea pone “en riesgo” la capacidad de atracción de talento digital y de creación de nuevas compañías digitales en el seno de la Unión Europea.

Creen también que una propuesta como la de gravar con el 3% los ingresos obtenidos por las compañías “viola” un principio extendido en el tiempo de cargar los impuestos contra el beneficio empresarial. Y no sólo eso, creen que es muy posible que esa nueva ‘tasa Google’ acaben pagándola los consumidores.

La CEOE

Desde Business Europe explican, eso sí, que hay que adaptar los impuestos a las empresas del siglo XXI, pero que debe hacerse a través de una acción coordinada en la OCDE y no de forma unilateral por un Continente o un Estado.

Una posición en la que coincide también la patronal española. Ahora bien, su presidente, Juan Rosell, cree que el ámbito mínimo de actuación debe ser el Europeo. En especial porque de hacerse a nivel estatal se generarían diferencias entre Estados que “no podemos tener a nivel europeo”.  

Una referencia a la intención del Gobierno español de adelantarse a la ‘tasa Google’ por parte del Gobierno español. Román Escolano, el ministro de Economía, quiere que parte de las pensiones sean sufragadas por este impuesto, con el que confía en recaudar 600 millones de euros este año, y 1.000 millones a partir del próximo curso con nuevas figuras impositivas. Una cifra muy alejada de los 1.500 millones adicionales que costará la actualización aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El caso de Italia

Una cifra que desde la Agencia Tributaria se muestran convencidos de que van a poder recaudar, tal y como ha manifestado su director, Santiago Menéndez. Sin embargo, fuentes del sector tecnológico se preguntan en qué se basan los cálculos del Gobierno. Recurren para ello, por ejemplo, a las dudas expresadas por Funcas. Su director de coyuntura, Raymond Torres, cree que esa cifra puede alcanzarse “a largo plazo si hay una armonización europea de la fiscalidad de las tecnológicas”.

Y como muestra un botón. Italia aprobó esta medida en 2017 y debería empezar a funcionar el próximo curso. Sin embargo, las estimaciones del Gobierno italiano señalan que podrá recaudar unos 190 millones de euros anuales. Y hablamos de una economía de 1,7 billones de euros de PIB como la italiana frente a una como la española que tiene 1,2 billones de euros; y que cuenta con cerca de 15 millones de habitantes más.

¿Logrará su objetivo el Gobierno? El tiempo lo dirá, pero de momento parece que el escepticismo es más que patente.