La UE rebaja el precio de las llamadas internacionales y enfurece a las telecos

Tras la eliminación de los recargos por roaming en 2017, la UE ha aprobado ahora una rebaja de hasta el 70% en el precio de las llamadas internacionales. Las elecciones europeas de mayo de 2019 se acercan y los eurodiputados han querido anotarse una victoria política, una medida concreta con impacto directo en el bolsillo de los electores. La decisión ha enfurecido a las compañías de telecomunicaciones, que consideran injustificada la regulación de precios en un mercado que consideran competitivo.

La nueva norma establece que las llamadas de un país a otro de la UE no podrán costar más de 19 céntimos por minuto, mientras que para los mensajes de texto se fija un tope de 6 céntimos.

Según los datos de la Organización Europea de Consumidores (BEUC), la tarifa media de una llamada internacional es de casi 60 céntimos por minuto y se dispara en algunos casos a 2 euros por minuto. En contraste, el coste para los operadores es de apenas 0,14 céntimos, según un estudio de los reguladores europeos. Eso significa que el margen de beneficio es del 5.000%, según BEUC.

Por lo que se refiere a los mensajes de texto internacionales, el precio medio en la UE es de 24 céntimos, mientras que el coste para los operadores apenas llega a 0,22 céntimos, con lo que el margen de beneficios se sitúa aproximadamente en el 1.000%. Los últimos datos disponibles son de 2016.

Pese a estas diferencias, la Comisión Europea no se planteó regular el mercado de las llamadas internacionales cuando presentó en 2016 su propuesta original de reforma del sector de las telecomunicaciones. Alegaba que ahora sí hay competencia en el mercado, porque cada vez más personas utilizan alternativas como Skype, WhatsApp o Messenger también para llamar.

El argumento no convenció a la Eurocámara, que ha sido la auténtica impulsora de esta rebaja forzada de las tarifas. La propuso por primera vez en otoño de 2017 y ha logrado imponerla a los Gobiernos de la UE, que tampoco estaban convencidos, como precio del acuerdo sobre la reforma completa. Un acuerdo que se ha cerrado la madrugada de este miércoles. Los nuevos topes entrarán en vigor el 15 de mayo de 2019, precisamente en la recta final de la campaña de las europeas. 

"Hemos acordado que las compañías no pueden cobrar tarifas excesivas a los usuarios cuando llaman o envían mensajes de texto desde su país a otro Estado miembro de la UE, ya sea a través del móvil o del teléfono fijo", ha celebrado la eurodiputada del PP, Pilar del Castillo. Por su parte, tanto los socialistas como el grupo liberal ALDE creen que la nueva norma debe ser el primer paso para que las llamadas entre dos países de la UE cuesten lo mismo que las que se realizan dentro del territorio nacional. 

Menos inversiones en redes

"Los consumidores ya no tendrán que preocuparse por costes excesivos cuando llamen a otro país de la UE desde su hogar. El final de los recargos por roaming fue un gran primer paso, pero no abordó la cuestión de los elevados precios de las llamadas internacionales. El tope tarifario que se acaba de aprobar es el siguiente paso positivo para lograr un auténtico mercado único para los consumidores", sostiene la directora general de BEUC, Monique Goyens.

En contraste con esta euforia, las compañías de telecomunicaciones creen que la rebaja del precio de las llamadas internacionales es una "cortina de humo política" para esconder la falta de ambición en la reforma del sector. "Este tipo de regulación de precios injustificada sienta un precedente peligroso para el resto de industrias europeas y crea inseguridad jurídica, sin ofrecer beneficios tangibles a los consumidores", ha dicho ETNO, la organización que agrupa a las telecos en Bruselas.

"Los mercados de llamadas intraeuropeas son considerados competitivos por las autoridades y los consumidores ya están adoptando un amplio abanico de alternativas gratuitas y paquetes competitivos. Es más, los proveedores de ofertas de llamadas internacionales verán su mercado desaparecer. En este contexto, creemos que la regulación supondrá un coste excesivamente alto para la sociedad en forma de menor inversión, que no se verá compensado por ningún beneficio significativo para los consumidores", sostiene el presidente de ETNO, Phillip Malloch.