Los costes de litigación en forma de compensación a consumidores o inversores a raíz de fallos judiciales continúan siendo uno de los principales riesgos que amenazan la rentabilidad de la banca española. Unos riesgos que son particularmente importantes para el Banco Santander debido al gran número de recursos que se han presentado contra la liquidación del Banco Popular, que fue adquirido por un euro por la entidad que dirige Ana Botín, según avisan la Comisión y el Banco Central Europeo (BCE) en su informe semestral sobre la situación del sector financiero español.

La tesis oficial de los 'hombres de negro' -según la terminología acuñada por el ex ministro Cristóbal Montoro- sigue siendo que la resolución del Popular en junio de 2017 es un caso de "éxito". Ni los depositantes ni los contribuyentes sufrieron pérdidas, no hubo ningún impacto negativo sobre la estabilidad financiera y las autoridades españolas y las de la UE se coordinaron adecuadamente. Una vez ejecutada la liquidación por parte del la Junta Única de Resolución (JUR), el Santander tomó una serie de medidas para sostener al Popular e integrarlo en su grupo, entre ellas una ampliación de capital.

Por ello, la Comisión y el BCE apuntan que el Santander podría tener que acabar pagando la factura de posibles compensaciones. "Como no se concedió ningún esquema de protección de activos en la venta del Popular al Santander, en principio éste último sería responsable de otros posibles litigios por su gestión de los accionistas o los acreedores del Popular", resalta el informe.

De hecho, un gran número de accionistas y bonistas que perdieron su inversión han emprendido acciones legales contra la JUR y el Fondo de Resolución Ordenada Bancaria (FROB) en calidad de ejecutores. El Tribunal Supremo ha suspendido todos los juicios hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de Luxemburgo (TJUE), donde han llegado 97 recursos. Todas las medidas cautelares pedidas para suspender la resolución han sido rechazadas.

Acelerar la venta de Bankia

Como ya hicieron con el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy, los inspectores de Bruselas reclaman al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez que acelere la privatización de Bankia, cuyos plazos se han prorrogado hasta finales de 2019. "Las autoridades españolas deben encontrar la mejor estrategia de desinversión y las oportunidades en el mercado para vender la participación que todavía mantienen en el banco", señala el informe.

A corto plazo, la fusión de Bankia con Banco Mare Nostrum "debería generar sinergias positivas que pueden mejorar el valor de la entidad privatizada y maximizar los beneficios que deben volver al Estado". En diciembre de 2017, el FROB vendió otro 7% de Bankia, pero todavía tiene una participación mayoritaria en la entidad del 60,98%.

La Comisión y el BCE vuelven a lanzar un aviso sobre los problemas de la Sareb, el banco malo al que se transfirió el ladrillo tóxico de la banca rescatada. Su actividad se ve lastrada "por la baja calidad de sus activos, una desinversión de su cartera más lenta de lo previsto y elevados costes financieros". Los gestores de la Sareb deben "continuar los esfuerzos para optimizar su actividad de negocio, mejorar las ventas y mejorar los márgenes financieros". En 2017, el banco malo perdió 565 millones de euros.

Expansión del crédito al consumo

Los inspectores reclaman también al supervisor español que vigile el reciente auge del crédito al consumo, que se ha disparado un 12% en el último año. Ante el entorno de bajos tipos de interés, las entidades podrían tener la tentación de conceder un mayor número de créditos de alto riesgo, por lo que es más necesario que nunca garantizar una aplicación suficientemente conservadora de los estándares de crédito. Para mejorar la rentabilidad, los bancos deben buscar una mejora de la eficiencia, por ejemplo a través de una mayor digitalización".

Finalmente, la Comisión y el BCE reclaman seguir avanzando en la reducción de la tasa de morosidad, especialmente en aquellos bancos en los que sigue siendo alta. En el conjunto del sector, la tasa ha bajado "a un ritmo saludable" y está ya cerca de la media de la UE.

El informe es el resultado de la visita que realizaron a Madrid los inspectores de la UE el pasado mes de abril, en el marco de las misiones semestrales de vigilancia que tienen como objetivo garantizar que España devolverá el rescate bancario. El fondo de rescate de la UE (MEDE) concedió en 2012 al Gobierno de Mariano Rajoy una ayuda de 41.000 millones de euros para sanear la banca. España ya ha devuelto de forma anticipada 14.300 millones, el 35,3%.

"Sobre la base del análisis de este informe, los riesgos de impago al MEDE son muy bajos", concluye el texto.