"Recibimos con absoluta perplejidad la prórroga de la intervención pues nos resulta absurda, injusta y sin fundamento legal. Analizaremos sus extremos y posteriormente daremos una rueda de prensa fijando nuestra posición", señaló Escotet en Twitter.

La prorroga fue anunciada por el Gobierno del presidente chavista Nicolás Maduro a través de la Gaceta Oficial 41.453 de fecha 3 de agosto, pese a que fue divulgada este martes.

En ella, el Gobierno justifica la extensión de la intervención señalando que la evaluación de actividades sospechosas, que podrían provenir de clientes ligados a "actividades ilícitas", no se ha podido completar.

Además, se explica que Banesco "posee empresas relacionadas y clientes que mantienen relaciones comerciales con países (...) de riesgo alto", como Colombia y Panamá.

Por tal motivo, se resolvió "prorrogar por 90 días continuos a partir del 7 de agosto de 2018 la medida de intervención especial impuesta a la sociedad mercantil Banesco", dice el texto.

La intervención a Banesco fue anunciada el pasado 3 de mayo como una medida, aseguró entonces el Gobierno, "de protección al pueblo" con la que espera "reconducir la administración del banco, saneándolo y despojándolo de toda aquella actividad ilícita o favorecedora de la comisión de delitos financieros".

La declaración oficial, que firmó el viceministro sectorial para el área económica, Wilmar Castro Soteldo, agregó que el Gobierno de Maduro detectó irregularidades en el banco "que incurren en delitos tipificados por nuestras leyes, en especial graves y notorias faltas a sus obligaciones de prevención legitimación de capitales".

Las autoridades venezolanas detuvieron tras la intervención a 11 directivos del banco, que luego fueron puestos en libertad sin que se informaran detalles.

El presidente Nicolás Maduro llegó a responsabilizar a Banesco de "justificar" los "falsos y criminales" precios del dólar especulativo en el país, cuya tasa se cotiza muy por encima de la oficial, de 207.360 bolívares por moneda estadounidense, motivo que aseguró en mayo le llevó a ordenar su intervención.

Escotet, por su parte, ha dicho que luchará "hasta el final" por su banco en Venezuela y ha insistido en que "no hay razones financieras que justifiquen la intervención administrativa ni por un día, mucho menos por 90 días".