Popular dos años después: al borde de la desaparición de la marca y sin rastro de la Justicia

Segundo aniversario de la resolución del Banco Popular y su posterior venta al Banco Santander. Un procedimiento que se aplicaba por primera vez en la madrugada del 6 al 7 de junio de 2017 en la Unión Europea, y que suponía un cambio radical en la forma de arreglar los problemas de los bancos. Hasta ese momento cuando una entidad pasaba por apuros se inyectaba dinero público, desde ese momento la idea es que fueran los bonistas y los accionistas quienes se hicieran cargo de las pérdidas. 

De eso saben mucho los 300.000 accionistas y bonistas del Popular. Buena parte de ellos luchan desde entonces en distintas instancias de la justicia para intentar recuperar su dinero. Un procedimiento lento, que cuenta con distintos frentes pero que tiene un denominador común: la opacidad de la Justicia Europea para esclarecer qué opciones había para el ‘Popu’, y cuál fue el motivo por el que se escogió la alternativa que más les perjudicaba. 

Aunque la solución para ellos tardará en llegar, algunos abogados sí consideran que ha habido avances. Es el caso de Jordi Ruiz de Villa, socio de Fieldfisher Jausas, quien cree que se ha conseguido tener “acceso a información reveladora”. Pone como ejemplo varias cosas: “que la imagen contable del Popular no era la real, que el banco optó por no seguir los criterios contables del Banco de España (BdE); y que el informe de los peritos del BdE revela que la caída fue por una crisis de liquidez y no de solvencia. Por tanto, había valor”. 

Ese documento será clave para el proceso judicial que hay abierto en la Audiencia Nacional. Allí los expresidentes del Popular, Ángel Ron y Emilio Saracho tendrán que explicar -una vez más- cómo se llegó al punto de que la justicia europea tuviera que salir a rescatar el banco. La sexta entidad del país, la que mayor cuota tenía entre pequeñas y medianas empresas y la que, sin embargo, no pudo aguantar el tirón de haber llegado tarde al ladrillo. 

Ron y Saracho se enfrentan a delitos de administración desleal y estafa a los inversores, entre otros. Sin embargo, ambos dicen tener la conciencia muy tranquila con la gestión que llevaron a cabo en el Banco Popular. ¿Dirán lo mismo los jueces? El tiempo lo dirá. 

La vía judicial en España no es la única. También en Europa hay reclamaciones. Muchas de ellas en el panel de recursos de la JUR, en donde en las próximas semanas se decidirá si hay o no posibilidades de conseguir que se hagan públicos nuevos documentos que se tuvieron en cuenta en el momento de la caída del Popular. De confirmarse, sería la tercera vez que la Junta Única de Resolución se ve obligada a sacar a la luz pública papeles que no quiere que se conozcan. 

¿Por qué ocurre eso? La versión oficial es que pueden afectar al sistema financiero europeo, al Popular o al propio Santander. Sin embargo, para el letrado Bernardo Cremades Jr. “la JUR sigue con una política de opacidad reprochable e intenta por todos los medios no conceder información”.

La integración continúa 

Casi en paralelo discurre la investigación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Allí a primeros del año que viene podríamos ver a los jueces ordenando las primeras pruebas periciales que se van a encargar. Antes habrá que conocer los motivos que la Abogacía del Estado y el Santander argumentan para ponerse del lado de la JUR y sostener que la venta del ‘Popu’ se ajustó a la legalidad. 

Por su parte, el Santander prepara defensas en todos los frentes y sigue con paso firme la integración de la entidad. A finales de este año ambos bancos trabajarán con el mismo sistema informático y estarán integrados. Esto quiere decir que para entonces la marca Popular desaparecerá tras 91 años de historia. 

En los próximos meses el Popular verá su reducida sus oficinas en casi dos tercios, ya que el Santander va a eliminar todas las duplicidades que han surgido tras la compra. Un ajuste que incluye un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a 3.400 personas, a las que hay que sumarle otras 3.700 que abandonaron el banco en diciembre del 2017 correspondientes a los servicios centrales de Boadilla. Son los últimos pasos antes de decir adiós a un banco que marcó la historia financiera del país con su caída.