Sin prender fuego a contenedores. Con silbatos, camisetas rotuladas y algún megáfono, un grupo de trabajadores de la industria catalana se manifestó la semana pasada ante el Parlament para denunciar el aumento de despidos en el sector que durante décadas permitió a Cataluña ser la comunidad autónoma más rica de España.
La imagen de esos profesionales ilustra muy bien el declive del tradicional motor de la economía catalana. Un sector que, como todos, padeció las consecuencias de la crisis económica, pero inició un proceso de recuperación hasta que en 2014 -coincidiendo con el viraje independentista de Artur Mas con su consulta popular- se atascó.
Pese a la crisis institucional, la industria catalana intentó volver a caminar entre 2015 y 2016, pero la inseguridad jurídica que se impuso en 2017 con la amenaza de una Declaración Unilateral de Independencia (DUI) acabó con esos pasos. Se inició así un desplome que se agudizó con el referéndum del 1-O y que el Gobierno de Quim Torra no ha sabido detener.
Como muestra este gráfico elaborado a partir de los datos del último Barómetro Industrial de COGITI y el Consejo General de Economistas, Cataluña ha sufrido una pérdida de peso de la industria en su PIB superior al resto de España. Y el hecho de que esta comunidad represente un 23,48% de la industria nacional y un 25,84% de la industria manufacturera española provoca un efecto arrastre que es un verdadero tsunami para la economía del país.
Evolución de la contribución del PIB industrial al PIB en Cataluña.
Trasladados esos datos al conjunto del PIB nacional, el 19,14%, esto es uno de cada cinco euros que produce el sector industrial en España proceden de Cataluña. Pero esa cuantía va reduciéndose en un contexto de desaceleración económica e inseguridad jurídica ya cronificada, que está dejando atrás a esta comunidad autónoma frente a otras.
Tanto es así que se espera que en 2019, Madrid logre el sorpasso a Cataluña en términos de riqueza, lo que supone el triunfo de una economía más basada en los servicios que en la industria que forjó la burguesía catalana.
Recuperar el peso industrial perdido en estos últimos seis años puede llevar décadas para Cataluña, puesto que un tejido manufacturero no se forma de la noche a la mañana. Menos aún sin una política industrial y energética clara a nivel nacional que guíe a los inversores y con un Parlament incapaz de aprobar un Presupuesto o cualquier medida de política económica o cohesión social a nivel autonómico.
Pero el drama industrial tiene repercusiones a nivel nacional. La decadencia que padece en Cataluña explica en buena medida la renuncia que ha tenido que hacer España a cumplir con el objetivo que había comprometido con la Unión Europea de que la industria llegase a representar el 20% del PIB en 2020. Una renuncia que se produce tras dejar de aportar al PIB 30.500 millones de euros entre 2000 y 2018.
La patronal Fomento del Trabajo ya ha advertido en público el peligro que supone para Cataluña el aumento de EREs que se está produciendo en la industria.
Una alarma que se produce después de que en los últimos meses, empresas conocidas como Gallina Blanca -icono de la industria alimentaria- hayan echado el cierre en Barcelona para trasladar su producción a Huesca.
Mientras, otras menos conocidas para el gran público, como Grupo General Cable, también han anunciado el cierre de sus plantas en Manlleu y en Montcada i Reixac (Barcelona) con el despido de 600 trabajadores.
Manifestantes por los ERE de la industria en Cataluña.
Pero hay muchas más. Los dos centenares de trabajadores que se manifestaron ante el Parlament para protestar por los ERE de la industria regional son empleados de empresas de tamaño mediano y pequeño, vitales para el tejido que da riqueza a la región.
Por citar algunos, en el listado figura el fabricante de cables Prysmian, el proveedor de componentes de automóviles TE Connectivity, las panaderías Mon Pa o la empresa de audición Microson (antigua Gaes).
Seat paralizada
En este contexto, la decisión de Seat de paralizar este viernes la producción de sus plantas de Martorell, Zona Franca y El Prat en las que trabajan 6.800 personas que producen 3.500 coches al día es tan solo un episodio más en el avance de esa decadencia.
Decisiones como esta, adoptada por una multinacional, pueden tener repercusiones dramáticas si persiste la actual inestabilidad por la amenaza de deslocalización de la producción de vehículos. Además, el cese de operaciones no solo afecta a sus plantas, sino a todos los proveedores y empleados indirectos del fabricante de coches.
El temor de Seat de abrir sus plantas en una jornada de huelga general -que sus sindicatos no promovían- era sufrir problemas de suministro de componentes por los cortes de carreteras. El buen funcionamiento de la cadena logística en el mundo de la automoción es vital para la producción de coches.
Con la decisión de paralizar las plantas, Seat quiso evitar también que la huelga y la posible violencia de los manifestantes afectaran a sus trabajadores.
Fuga de empresas
Pese a que la crisis protagonizada por la industria catalana en estos años tiene repercusiones a nivel nacional porque esa deslocalización acaba saliendo de España en muchos casos, en este tiempo se han publicitado más otras consecuencias del procés en el mundo de la empresa, como el cambio de sede de sus grandes representantes en el Ibex 35: Naturgy, CaixaBank o Sabadell.
Desde el 1 de octubre de 2017, se han marchado 5.600 empresas de Cataluña, la inversión extranjera ha caído un 17% y el PIB catalán se ha quedado rezagado frente al resto de España, a unos meses de perder el primer puesto de la riqueza nacional.
Con la Sagrada Familia cubierta por esteladas y las calles de Barcelona cortadas por barricadas, el turismo es otra de las grandes fuentes de riqueza de Cataluña que está padeciendo las consecuencias del delirio político.
El 1-O restó tres décimas al PIB del sector turístico, con unas pérdidas estimadas de 319 millones de euros. Un dato que podría superarse ahora, como avanza la caída de reservas de los viajes del Imserso y las consecuencias que están teniendo las movilizaciones callejeras en el desvío de cruceros o la cancelación de vuelos al aeropuerto de El Prat. Hay países que han advertido a sus turistas de los peligros de viajar estos días a Barcelona.
Una situación que está dañando al comercio catalán, que ayer tuvo que cerrar ante la escalada de la violencia de esta semana. Y ello a pesar de que el seguimiento de la huelga para protestar contra la sentencia por el procés fue menor al de anteriores convocatorias independentistas, aunque más ruidoso.
