Mires donde mires, con independencia del partido político que gobierne, la realidad es que nuestro modelo de sistema sanitario público, bastión del Estado de bienestar, pasa por una situación difícil y complicada. Como en el mito de Casandra -dado que nadie quiere escucharlo-, lo que venga ha de ser mucho peor.

No hay mayor fracaso para el sistema que, como resultado de su gestión, haya listas de espera de meses para procesos potencialmente graves, y sin tener oportunidad de moverse libremente, no ya entre comunidades autónomas sino entre áreas de salud de la misma provincia. Esa es la realidad.

Tenemos un modelo sanitario público que precisa ser reformado de forma urgente, que hoy se mantiene por el esfuerzo de unos profesionales que cobran 3 y hasta 5 veces menos que sus colegas europeos; gracias también a un sector privado que no hace más que absorber la asistencia de nuevos asegurados –ya son cerca de 11 millones de personas– a un nivel de primas que dificulta cada vez más la viabilidad del sector y, cómo no, merced a la paciencia y el aguante de unos ciudadanos que dan por buenas las promesas de los políticos de bajar las listas de espera a la mitad.

En este tiempo electoral, y de cara al próximo gobierno que se conforme, pretendemos trasladar desde el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS) –la entidad que aglutina los intereses de la sociedad civil para los asuntos del sector sanitario– nuestra profunda preocupación con la situación que se está generando. Por eso hemos creado el hashtag #QueremosLaMejorSanidad, nuestro eslogan y principio de actuación para los próximos tiempos.

Entendemos que esa “mejor Sanidad” es posible si existe voluntad política para hacerla. Conocemos la realidad del sector sanitario y podemos intuir o estimar que, o se hacen las cosas adecuadamente y se impulsan iniciativas que solucionen los problemas, o el rompecabezas del pago de las pensiones no va a ser nada comparado con el impacto que supondrá la implosión del sistema sanitario para nuestra sociedad.

En nuestra opinión, hay que afrontar tres prioridades: el incremento de la financiación hasta niveles suficientes, la erradicación de las listas de espera y garantizar el acceso a la innovación tecnológica y farmacéutica.

Respecto al incremento de la financiación, los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de 2017 hablan de que la inversión pública en Sanidad se ha limitado al 5,9% del PIB, unos 74.000 millones de euros. Exactamente la misma cantidad que se destinó a Sanidad en el año 2009, muy lejos de las previsiones que hablan de más de 100.000 millones de euros que serán necesarios para cubrir la demanda de la población en los próximos años. Por el contrario, la inversión privada en Sanidad ha crecido en el mismo periodo casi un 30%.

Como en el caso de nuestros colegas europeos, se debe de incrementar el gasto del PIB en al menos 2 puntos, aportando una financiación adecuada. La sociedad española reclama, por encima de otras cosas, un sistema sanitario con una financiación suficiente. No es posible trasladar la responsabilidad del incremento de la financiación a los ciudadanos; primero porque es lo contrario al mantenimiento de un sistema equitativo y, segundo, porque nunca será suficiente.

Respecto a las listas de espera, cualquiera con un mínimo de sensibilidad puede entender que los pacientes no son estadísticas, ni cifras, ni números ni datos y puede valorar lo que implica una enfermedad para cualquier persona si además tiene que esperar para saber qué tiene, si se puede tratar y hay disponible un tratamiento eficaz o qué secuelas le puede acarrear. Decirle a cualquier ciudadano que ha de acostumbrarse a tener que esperar en esa situación, no es realista.

Conviene recordar que hubo un tiempo en el que no había apenas listas de espera en el sector público. A comienzos de la década de los 80 del siglo pasado, los llamados “cirujanos de cupo” realizaban las operaciones correspondientes a los pacientes de su “cupo”. Lo hacían en clínicas privadas con las que el sistema sanitario público había establecido un contrato. La solución consistía en pagar una cantidad fija por cada día de estancia de esos pacientes quirúrgicos –cualquiera que fuese la naturaleza y gravedad del proceso que le afectara– y los gastos reales de su estancia y tratamiento. En 1982 se suprimieron casi todos los conciertos establecidos con clínicas privadas, los cirujanos de cupo tuvieron que remitir casi todos sus casos quirúrgicos a los hospitales públicos y en la afluencia en estos fue tal, que aparecieron de inmediato listas de espera.

En realidad, ya nos da lo mismo la fórmula política que se quiera elegir para disminuir las listas de espera; nuestro Instituto, la Fundación IDIS, lanzó ya en 2017 una propuesta para reducirlas en todas las comunidades autónomas, pero no se tuvo en consideración. Lo que esperamos es que el próximo gobierno que salga de las urnas, en colaboración con las comunidades autónomas, se comprometa a erradicarlas de forma definitiva, al menos para los procesos potencialmente graves.

Y finalmente está el acceso a la innovación. Respecto a la innovación farmacéutica algo debemos de estar haciendo mal para que, salvo contadas excepciones que pueden ser muy espectaculares por el impacto mediático, una vez aprobado un fármaco por la Agencia Española del Medicamento tarda más de un año de media en ser financiado por el sistema, cuando en Alemania, por ejemplo, cuando entra un nuevo medicamento en el mercado lo cubre automáticamente el Estado.

La innovación tecnológica mejor ni mentarla, pero ahí está el ejemplo de la donación de Amancio Ortega para actualizar la tecnología destinada al tratamiento del cáncer porque el arsenal tecnológico del sector público está, sencillamente, obsoleto. La innovación tecnológica está hoy implantada de forma muy mayoritaria en un sistema sanitario privado que sigue invirtiendo para atender la demanda del paciente y del mercado. Y ello sin que, en el fondo, el sector esté preparado realmente para poder repercutir ese coste en sus usuarios, ni de forma directa ni en forma de incremento en la prima del seguro. Y es que la sociedad parece seguir creyendo que la sanidad se paga sola, sin ser consciente de que la innovación –sobre todo al ritmo que va– cuesta dinero y hay que financiarla.

Apoyamos el papel principal y fundamental del sistema sanitario público en nuestro Estado de derecho y consideramos que la mejor forma de defenderlo es cuestionar un modelo que está cargado de ineficiencias, problemas y lastres, y cuya reforma hay que afrontar sin complejos. Buscamos solucionarlos en el presente con la intención de prepararnos para los cambios y oportunidades de todo tipo que sin duda llegarán en el futuro.

*** Juan Abarca Cidón es presidente de la Fundación IDIS.