"Justicia fiscal y equilibrio presupuestario". El último punto del decálogo que compone el preacuerdo para la coalición PSOE-Unidas Podemos encierra muchas claves del Gobierno con el que Pedro Sánchez pretende salvar los muebles de su coalición progresista en Europa tras el susto electoral. Y la banca se perfila como parte clave de ese plan.

El documento hace un guiño en el primer párrafo al carácter europeista de un Ejecutivo que promete moverse "dentro de la Constitución" para garantizar la convivencia en Cataluña. En ese contexto, Pablo Iglesias parece dispuesto a renunciar a dar la batalla por modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, como prometía en su programa electoral, y aceptar las normas impuestas por la Comisión Europea en materia de cumplimiento de déficit.

Una renuncia que permitiría a Sánchez cumplir con su promesa electoral de dar a Nadia Calviño una vicepresidencia económica para dar un tono liberal a un Gobierno con colores comunistas. Sería ella quien seguiría representando a España en Bruselas y lo haría con las garantías de que no se va a desbordar el gasto público, pese a que ambas formaciones prometían subidas de gasto en sus propuestas electorales en un contexto en el que este país tiene que acometer un ajuste de unos 6.600 millones para ajustar el déficit.

Sin embargo, esa concesión tendrá otras contrapartidas. Algo que ha encendido las alarmas de la Asociación Española de Banca (AEB). La patronal que preside José María Roldán tiene claro que deberá asumir parte de esa factura en un momento en el que el negocio bancario afronta problemas de rentabilidad por los bajos tipos de interés.

Se entiende así que la "justicia fiscal" en un contexto de "evaluación" y "control del gasto público" fuera rápidamente interpretada por los mercados este martes como una subida de impuestos para la banca. 

Más allá de los ataques que la banca española suele recibir desde Unidas Podemos, el sector financiero está en el punto de mira de la izquierda desde la negociación de los últimos y fracasados Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En ellos, se dejó por escrito que se avecinaba una subida impositiva para la banca y se estableció un impuesto sobre las transacciones financieras "consistente en gravar con un 0,2% las operaciones de compra de acciones españolas ejecutadas por operadores del sector financiero". Es lo que se conoce como 'tasa Tobin' y que le costó este martes a Bolsas y Mercados Españoles (BME) una caída bursátil del 4,67%. Se trata de una medida que el grupo que preside Javier Hernani estima que hará que operar en la Bolsa española sea 66 veces más caro, lo que podría provocar una deslocalización de la industria financiera.

Pero además, PSOE y Unidas Podemos avanzaron ya hace más de un año lo que sería la "justicia fiscal" que está por venir si su coalición logra los apoyos necesarios para empezar a gobernar.

En su programa presupuestario del pasado mes de octubre, se comprometieron a estudiar "los rendimientos de las nuevas medidas fiscales al objeto de valorar el impulso del llamado 'impuesto a la banca'". "El objetivo es que quienes disponen de mayor riqueza contribuyan de forma equitativa en un modelo fiscal progresivo", establecieron en el citado documento.

En este escenario, es de entender que los inversores huyeran este martes de las acciones de bancos españoles y el sector perdiera en tan solo tres horas más de 3.220 millones de euros en Bolsa.

Las pérdidas fueron encabezadas por Bankia. La entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri se desplomó un 4,55% entre las 14:30 y el cierre de la Bolsa y el mercado confirmó así que tiene miedo de que la coalición de izquierdas impacte en el proceso de privatización del banco, ya complejo de por sí. Contar con un banco público forma parte del programa electoral de Iglesias.

La banca lleva años diagnosticando que padece una crisis de reputación en la que dice estar trabajando. Sin embargo, los resultados de ese esfuerzo no van a llegar a tiempo para contrarrestar los ataques que tendrán que afrontar en los próximos cuatro años (en el mejor escenario para la coalición) desde el despacho de una de las vicepresidencias del futuro Gobierno, pese a que en la puerta de al lado trabaje una economista respetada por los bancos.