La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado a Renfe un plazo de dos meses para bajar las tarifas que cobrará a los nuevos operadores ferroviarios que competirán con la empresa pública a partir del próximo mes de mayo para el mantenimiento de sus trenes.

El regulador concluye en una resolución que la rentabilidad actual fijada por Renfe para el alquiler de los 106 talleres que posee es muy superior al coste de capital, ya que muchos de los 20.000 activos con los que cuenta ya estarían amortizados.

Los servicios de mantenimiento serán fundamentales para que las empresas competidoras de Renfe, tanto de mercancías como de viajeros, puedan realizar la puesta a punto de sus trenes de cara a la liberalización del sector, que ya ha entrado en vigor este mes de diciembre y que formalizará SNCF en mayo con el inicio de los viajes de Ouigo entre Madrid y Barcelona.

Para calcular sus costes, la CNMC asegura que la filial del operador Renfe Mantenimiento no ha utilizado los importes incluidos en su contabilidad, sino que ha optado por estimar lo que costarían estos activos actualmente, a su valor de reposición a precios corrientes.

Esto implica que, por ejemplo, una máquina o instalación que fuera antigua y, por tanto, en la contabilidad de costes de Renfe estuviera ya casi amortizada, para el cálculo de los precios de los servicios que presta a otras empresas, el coste imputado sería el precio que debería pagar Renfe Mantenimiento actualmente por su adquisición.

Beneficio razonable

Por este motivo, la resolución de Competencia considera que la metodología de Renfe Mantenimiento "incrementa de forma artificial los costes de los servicios de mantenimiento" y, en consecuencia, es contraria al artículo 101 de la Ley del Sector Ferroviario que establece que los precios de los servicios en instalaciones ferroviarias "no podrán superar el coste de su prestación más un beneficio razonable".

Para el cálculo de este beneficio razonable, Renfe Mantenimiento aplica un margen sobre los costes. Sin embargo, la CNMC ha considerado que debe tenerse en cuenta el riesgo, o la ausencia del mismo, que afronta la empresa, por lo que este no puede limitarse a calcular la media de los beneficios de otras empresas.

Concretamente, el regulador calcula el beneficio razonable en diferentes sectores regulados mediante el Coste Medio Ponderado del Capital. A través de esta metodología de costes, estima la rentabilidad adicional exigida por los inversores hipotéticos en estos activos por asumir un mayor riesgo.