Repsol ha prometido demostrar en los tribunales que no cometió ninguna ilegalidad ni infracción y que no conocía que detrás de Grupo Cenyt, firma a la que contrataron en el pasado sus servicios de seguridad, se encontraba el comisario de Policía jubilado José Manuel Villarejo.

La petrolera se ha manifestado en estos términos a través de un extenso comunicado enviado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) después de que se conociera el auto del juez de la Audiencia Nacional encargado del caso Villarejo, Manuel García Castellón, por el que cita a la compañía y a CaixaBank a declarar como investigadas el próximo 26 de julio. El magistrado sospecha que ambas investigaron presuntamente al expresidente de Sacyr Luis del Rivero para frenar su asalto al capital de la petrolera.

En su comunicado, la compañía critica que la decisión de imputarla ha sido tomada por el magistrado sin que haya tomado declaración previamente a su responsable de compliance, "a pesar de las reiteradas peticiones en tal sentido".

Ocultó su condición de funcionario

"Repsol demostrará que ni hubo incumplimiento ni infracción de norma alguna, ni era posible conocer que ninguna persona relacionada con Cenyt tuviese la condición de funcionario en activo, puesto que se había permitido y ocultado ex profeso dicha condición por quienes tenían la capacidad para hacerlo", apunta la compañía en su comunicado.

Además, "en defensa de su reputación corporativa, del interés social entendido como el que afecta a la propia compañía, a sus accionistas, a sus empleados y colaboradores, clientes y proveedores, Repsol adoptará cuantas actuaciones sean necesarias en el ámbito del procedimiento en el que se la investiga, colaborando sin restricción con la Justicia en el esclarecimiento de los hechos".

Asimismo, la compañía ha dejado claro que se reserva ejercer las acciones procedentes para "exigir las responsabilidades que puedan corresponder a quienes, en dejación de sus funciones públicas de supervisión y vigilancia, propiciaron o permitieron la actuación de Cenyt y a quienes, en el ámbito privado, utilizan el
procedimiento penal en la persecución de su beneficio particular".

Con todo, añade que su condición como investigada en el caso "no tiene consecuencia alguna sobre la sociedad, su gobernanza o actividad".