La Comisión Europea ha presentado este jueves una directiva cuyo objetivo es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores que trabajan en plataformas digitales como Uber, Deliveroo o Glovo y al mismo tiempo dar seguridad jurídica a las empresas. La norma podría obligar a regularizar hasta 5,5 millones de falsos autónomos en toda la Unión Europea.

La propuesta de Bruselas -que todavía tiene que ser refrendada por los Gobiernos de los 27 y la Eurocámara- pretende armonizar iniciativas similares adoptadas por los Estados miembros, como la 'Ley Rider' que ha aprobado España, que provocó la marcha de Deliveroo de nuestro país.

La patronal europea, Business Europe, ha acusado al Ejecutivo comunitario de "ignorar la diversidad del trabajo en plataforma". La 'Directiva Rider' "tendrá un efecto paralizador en las oportunidades para las personas de emprender actividades económicas como autónomos y repercutirá negativamente en la prestación de servicios en el mercado interior", ha dicho en un comunicado.

"La reclasificación de repartidores no necesariamente aumentará los salarios ni asegurará oportunidades de ingresos. De hecho, probablemente llevará a una pérdida de ingresos, ya que más de 149.000 conductores podrían perder el acceso al trabajo y los consumidores verán el servicio en el que tanto han confiado gravemente dañado", denuncia la asociación Move EU, de la que forman parte Uber, Bolt y Freenow.

Según los cálculos de Bruselas, la regularización de los falsos autónomos en toda la UE provocará un incremento de costes de hasta 4.500 millones de euros al año para las plataformas digitales.

"Nadie quiere matar, detener o frenar el crecimiento de esta economía de plataformas. Al contrario, queremos que prospere. Pero este modelo de negocio debe cumplir también nuestros estándares, incluyendo los estándares sociales, y ajustarse al modelo social europeo", sostiene el comisario de Empleo, el luxemburgués Nicolas Schmit.

El equipo de Ursula von der Leyen ha decidido adoptar esta iniciativa tras constatar el fuerte crecimiento de la economía de plataformas digitales. Hoy en día, alrededor de 28 millones de personas en la UE trabajan a través de una de estas compañías. En 2025, se espera que el número se dispare hasta 43 millones de trabajadores. Entre 2016 y 2020, los ingresos del sector se multiplicaron por cinco, desde 3.000 millones a alrededor de 14.000 millones de euros, según los datos de Bruselas.

La gran mayoría de las personas que trabajan mediante plataformas digitales son auténticos autónomos. Sin embargo, se estima que un total de 5,5 millones de trabajadores están clasificados como independientes de forma incorrecta, lo que limita sus derechos sociales y les condena a la precariedad, sostiene el Ejecutivo comunitario.

Este es el principal problema que pretende resolver la 'Directiva Rider': garantizar que a las personas que trabajan a través de plataformas digitales se les reconozca el estatus legal laboral que corresponde a su régimen de trabajo real. En este sentido, la norma establece un total de cinco de criterios de control con el fin de determinar si la plataforma es un 'empleador'. Si la plataforma cumple al menos dos de estas condiciones, se presume legalmente que es un empleador.

Los criterios son los siguientes: 1) Determinar el nivel de remuneración o fijar limites máximos; 2) Supervisar la realización del trabajo con medios electrónicos; 3) Restringir la libertad de los trabajadores para escoger sus horarios o periodos de ausencia, aceptar o rechazar tareas o usar subcontratados o sustitutos; 4) Fijar reglas obligatorias sobre la impagen o conducta hacia el receptor del servicio o sbre la forma de realizar el trabajo; 5) Restringir la posibilidad de construir una base de clientes o trabajar para otros.

En la práctica, esto significa que todas las autoridades nacionales, incluyendo los organismos de seguridad social, considerarán y tratarán a las plataformas que cumplan al menos dos de las cinco condiciones como empleadores. Estas plataformas, por lo tanto, tendrán que cumplir con sus obligaciones como empleadoras previstas en la legislación nacional, por ejemplo en el pago de salarios mínimos o el respeto de tiempo de trabajo y vacaciones anuales y familiares. Los trabajadores tendrán así los mismos derechos que el resto de asalariados.

Gestión algorítmica

La directiva permite a las plataformas optar en su lugar por ajustar sus términos y condiciones para asegurarse de que trabajan con auténticos autónomos. La norma permite también refutar la presución de situación laboral y deshacer sus efectos legales. 

Para ello, la plataforma o persona afectada deberá acreditar ante los tribunales que no existe una relación laboral según las definiciones nacionales y que por lo tanto los trabajadores deben considerarse autónomos. Si es la plataforma la que toma la iniciativa, le corresponde a ella la carga de la prueba. Si es el trabajador, la compañía estará obligada a ayudarle en los procedimientos.

Las nuevas reglas no se aplican únicamente a las empresas de reparto, sino a todas aquellas plataformas que organizan el trabajo realizado por individuos. No afecta a las compañías digitales que simplemente publicitan ofertas o peticiones de servicios, o que muestran los proveedores de servicios disponibles en un área específica. Tampoco se aplica a los proveedores de un servicio cuyo propósito principal es explotar o compartir activos (por ejemplo los alquieres a corto plazo de Airbnb)

En cuanto a la gestión algorítmica, la 'Directiva Rider' obliga a las plataformas a aumentar la transparencia. En primer lugar, se reconoce el derecho a los riders a ser informados sobre los sistemas automatizados de supervisión y toma de decisiones que utiliza la compañía y cómo afectan a sus condiciones laborales. Por ejemplo, recibirán información sobre cómo están siendo evaluados, también por los clientes. También se les tendrán que explicar los motivos de decisiones importantes, como la asignación de tareas o las tarifas y bonus.

Los riders tendrán derecho a impugnar decisiones automatizadas, y la compañía está obligada a responder en un plazo máximo de una semana y a garantizar el acceso a un contacto humano. La recogida y procesamiento de datos de los trabajadores deberá limitarse estrictamente al trabajo realizado.

La 'Directiva Rider' obliga a los Estados miembros a reforzar los controles y las inspecciones para garantizar que se cumplan las nuevas normas. Una vez aprobada por los Gobiernos y la Eurocámara, lo que tardará meses, los Estados miembros dispondrán de dos años para incorporarla a sus respectivas legislaciones nacionales.