Para desgracia de Argentina, el Juzgado Mercantil número tres de Madrid designó en octubre de 2012 al abogado Armando Betancor como administrador concursal de las sociedades españolas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, pertenecientes a la familia argentina de banqueros Eskenazi.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, graduado del Lawyers Management Program en la London School of Economics y maratoniano compulsivo (dos veces ha bajado de tres horas), Armando Betancor se había curtido ya con anterioridad en otros procelosos concursos de acreedores.

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Con una experiencia de 20 años a sus espaldas, se ha enfrentado a concursos como los de las inmobiliarias Mag Import y Alteco de Joaquín Rivero (el rey de los señores del ladrillo de la época del boom, fallecido en 2016) o, más recientemente, en el de la cadena Room Mate, de Kike Sarasola.

En principio, los concursos de Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, en los que Armando Betancor fue designado administrador concursal, constituían un caso más de cierre y liquidación, como le ocurre a más del 90% de las empresas que caen en concurso de acreedores en España.

Once años después, aquellos concursos de acreedores declarados en 2012 en Madrid de las dos sociedades de los Eskenazi han desembocado en una sentencia condenatoria dictada en Nueva York contra Argentina estimada en hasta 18.000 millones de euros.

"Han sido años de esfuerzo y muchas noches sin dormir; la sensación de felicidad y alivio no se puede expresar con palabras", dice Betancor en una entrevista concedida a EL ESPAÑOL-Invertia realizada en la última semana a través del correo electrónico y conversaciones telefónicas. "Profesionalmente, es el mayor logro de mi carrera". 

Concurso y OPA

Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, pertenecientes a la familia argentina de banqueros Eskenazi, tenían el 25% de la petrolera argentina YPF cuando el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció la expropiación del 51% que la multinacional española Repsol tenía de YPF, el 12 de abril de 2012.

Las sociedades de los Eskenazi se vieron abocadas al concurso de acreedores a finales de ese mismo año al no poder hacer frente a las deudas derivadas de la financiación suscrita en su día para la adquisición de las acciones de YPF, aproximadamente 1.500 millones de euros.

La vicepresidenta de Argentina Cristina Fernández de Kirchner. SILLE CRIS / TÉLAM

La liquidación de las dos sociedades parecía evidente, pero Armando Betancor presentó al Juzgado de lo Mercantil número tres de Madrid un plan de liquidación en el que insertó una estrategia para reclamar a Argentina e YPF miles de millones de euros, y resarcir a los acreedores de las sociedades de los Eskenazi.

"Tenía claro que Argentina había incumplido su obligación de lanzar una oferta pública de adquisición, una OPA, dirigida a todos los accionistas de YPF cuando tomó el control de las acciones de Repsol, tal y como indicaban sus estatutos sociales", explica Betancor.

"Esto suponía, al menos para mí, que se podía reclamar judicialmente a Argentina por este incumplimiento de contrato", indica.

El problema era que un caso así, en el que sería necesario contratar a otros despachos internacionales, financiar viajes y estancias en Estados Unidos -la petrolera YPF cotizaba en la Bolsa de Nueva York- requería una elevada cantidad de dinero.

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"Buscando fórmulas que permitieran otras opciones, analizando e investigando, descubrí la existencia de una herramienta empleada en el mundo anglosajón, pero prácticamente o del todo desconocida y no implantada en procesos concursales en España: la financiación de litigios", recuerda. "Un tercero te ofrece la financiación necesaria para poder interponer la reclamación a cambio de compartir el éxito en caso de estimación", explica. 

El juzgado mercantil madrileño apoyó la decisión del administrador concursal y Betancor y su equipo se dispusieron a identificar las empresas dedicadas a la financiación de litigios, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. "Imagina las primeras llamadas a puerta fría en las que unos abogados de España te vienen a contar una historia como la de las concursadas", comenta.

"Nos subimos a un avión y nos fuimos a verles uno a uno, explicando la operación que queríamos hacer", dice el abogado canario.

Tras varios viajes a Londres, Chicago y Nueva York, el fondo que mostró mayor interés por la estrategia diseñada en Madrid fue Burford Capital, que acordó financiar y embarcarse en el tremendo litigio internacional que se avecinaba. "Son los mejores, sin Burford no lo habríamos conseguido", subraya.

Los estatutos de YPF

"Estamos hablando de un juicio de ocho años, con equipos interdisciplinarios, con dos frentes muy marcados abiertos en España y Estados Unidos", cuenta Betancor, quien considera que la base del proceso ha sido mostrar que el "derecho a expropiar una empresa por parte de la República Argentina choca con la obligación de resarcir a los accionistas mediante una OPA".

El abogado español contextualiza la expropiación de YPF a Repsol en un momento en el que el Gobierno argentino "diseñó una política de privatización de empresas públicas, entre ellas YPF, la joya del país".

Gasolinera de YPF en Buenos Aires. Europa Press.

Fue el Gobierno argentino el que "diseñó y modificó el estatuto de YPF para incluir artículos encaminados a proteger a los accionistas, especialmente de tomas de control por parte del propio Estado argentino, dándose así confianza a los inversores extranjeros", destaca.

Al cotizar YPF en la Bolsa de Nueva York, el equipo de Betancor pudo presentar demanda en Estados Unidos contra Argentina e YPF, basada en los mismos estatutos de la petrolera argentina.

El abogado español ha estado apoyado en el proceso por todo el departamento de situaciones especiales de Kepler-Karst Law Firm, que junto a Burford Capital visualizó "un activo y una posibilidad donde todos veían un problema o incertidumbre".

En Estados Unidos, el proceso lo han liderado los bufetes King & Spalding y Kellogg, Hansen Todd Figel & Figel Frederik. También ha colaborado en el caso el abogado Paul Clement, quien fue entre los años 2004 y 2008 Solicitor General de Estados Unidos, uno de los cargos de más alto rango en el Departamento de Justicia del país.

Armando Betancor, en el centro, con los socios del despacho Kepler Karst, Luis Barber y Rodrigo Olivares Caminal, en unas oficinas en Nueva York.

En España, el equipo de Betancor ha contado con el "apoyo constante" del despacho Blas González Abogados, del magistrado de lo mercantil en excedencia Blas González, y por un equipo de Gómez-Acebo y Pombo, liderado por Rodrigo López. Allen & Overy ha asesorado a Burford. Adicionalmente se contactó con otros 20 expertos en distintas materias.

Tras años litigando por este caso, con viajes de ida y vuelta entre Nueva York, Chicago y Madrid, el viernes de la pasada semana Armando Betancor recibió la noticia de la sentencia de la juez de Nueva York en un avión, en la que condenaba a Argentina y exoneraba a YPF.

Día a día, minuto a minuto

"He seguido este proceso día a día, minuto a minuto; no ha habido asunto que no haya estudiado, aspecto que no haya analizado, documento que no haya leído", asegura Betancor.

La sentencia de la juez de Nueva York, que no precisa una cantidad con la que Argentina tendrá que indemnizar a las sociedades españolas en concurso de acreedores, "es histórica y tendrá repercusiones a nivel internacional", considera Betancor. "Es un caso único de cómo maximizar la masa activa de una sociedad en insolvencia, tanto en el derecho español como en el argentino y el americano, y también en la financiación de litigios".

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Aunque la juez no precisa en su sentencia cantidad alguna, sí establece unas fórmulas de cálculo que, en opinión de los abogados demandantes, supone una indemnización de entre 7.500 y 18.000 millones de euros, dependiendo de los intereses que se apliquen.

"La sentencia recoge el argumento de que el estatuto creó una obligación bilateral entre Argentina y los accionistas, donde Argentina se comprometió a que, en el caso de volver a tomar el control de la compañía, haría una oferta pública de adquisición a un precio determinado por el propio estatuto", dice Betancor.

Armando Betancor, Luis Barber, Rodrigo olivares Caminal y Eduardo de Frutos, de Kepler Karst, en Londres.

La cuantificación de los daños "hay que determinarlos", señala. "La resolución judicial afirma que hubo incumplimiento de contrato, pero no nos dice por qué valor. La juez señora Preska dictó una sentencia sumaria, entendió que los hechos claves del caso no estaban en disputa entre las partes, es decir, sobre si Argentina tomó el control de la empresa (lo hizo) o sobre si hizo o no una oferta pública de adquisición (no la hizo)".

Argentina ha sido declarada "culpable de incumplir el estatuto" y la Juez entiende que la fórmula "para estimar el valor por acción debe ser la que sea más beneficiosa para los accionistas", añade el abogado. "Se han presentado distintos informes de valoración, pero la cuantía final se determinará próximamente".

A partir de ahora, lo previsible es que Argentina apele el fallo, y también que se determine el alcance de los daños. "Nuestro trabajo no ha terminado aún ni mucho menos", dice Armando Betancor. "Sabía que este tema era el más importante de mi carrera profesional, y con ese compromiso me he volcado desde que acepté el encargo para el que me designaron", añade.