Los fondos internacionales acreedores de Celsa reclaman una deuda de 2.400 millones de euros, aproximadamente, a la empresa controlada por la familia Rubiralta. Lo llevan haciendo prácticamente desde hace tres años, pero los dueños de Celsa se resisten a pagar, aduciendo a la crisis provocada por el Covid en su negocio, y a una avaricia desmedida de los fondos, que han visto la oportunidad de quedarse con la empresa a cambio de la deuda debida, para después trocearla y ganar una fortuna.

Ante la negativa de los Rubiralta a pagar la deuda exigida, los fondos presentaron el pasado mes de septiembre en el Juzgado de lo Mercantil nº2 de Barcelona, un plan de reestructuración para Celsa, opción que permite la nueva Ley Concursal. Durante esta semana, los asesores de unos y otros -los mayores despachos, consultoras y banca de inversión del mundo- han tenido la oportunidad de explicar ante el juez sus argumentos. 

De Basilea III a Celsa

La gran crisis financiera y económica iniciada en 2008 metió el miedo en el cuerpo a los reguladores, quienes aprobaron una nueva normativa, Basilea III, en la que se instaba a los bancos a desprenderse de sus participaciones industriales, so pena de perjudicar sus balances.

Lehman Brothers mostró como la caída de un banco arrastra, cual fichas de dominó, a sus participadas empresariales, poniendo en riesgo la viabilidad de compañías, el empleo y el desarrollo industrial de un país.

Francesc Rubiralta, consejero delegado de Celsa. Europa Press.

A partir de 2013, aproximadamente, los bancos europeos no tuvieron más remedio que desprenderse de sus participaciones en compañías industriales. Los compradores fueron fondos internacionales de inversión, magos de las finanzas que hacen maravillas contables con la deuda y trasladan activos de una jurisdicción a otra desde una oficina en Londres. Pero, también, los únicos que en un momento dado se atreven a financiar a una compañía en la cuerda floja.

El negocio de los fondos reside en rentabilizar la deuda que han comprado con descuento a sus anteriores propietarios vendiéndola después a otro inversor o logrando que el acreedor cumpla con sus obligaciones. Las duras condiciones, intereses que imponen los fondos en sus financiaciones, son proporcionales al riesgo que cometen en la operación.

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Los bancos españoles que habían financiado a Celsa -cerca de 10.000 empleos en el mundo, unos 4.000 en España- vendieron la deuda del grupo con sede en Barcelona a grandes fondos de inversión, liderados por Deutsche Bank. Entre ellos, sociedades como CVC -la firma que en España participa en Naturgy, LaLiga, o Deoleo, entre otras empresas- o el banco estadounidense The Goldman Sachs.

Los fondos que compraron a la banca española la deuda de Celsa la han ido, a su vez, vendiendo a otros fondos de inversión. Ni CVC ni Goldman Sachs poseen ya deuda de Celsa. 

Para Celsa -una compañía estratégica para la economía del país y uno de los últimos reductos de la gran industria del acero en España- que el propietario de una deuda de 2.400 millones de euros sea un fondo o un banco español lo cambia todo.

Santander, CaixaBank o BBVA pueden ser más 'permeables' ante las necesidades de una compañía cuya crisis tiene implicaciones sociales y políticas. Los fondos de inversión extranjeros son ajenos a esas vicisitudes y la presión política tiene menos efecto sobre ellos.

550 millones de ayuda de la SEPI

Durante el juicio que esta semana se ha seguido en Barcelona, sesiones de mañana y tarde, ha sobrevolado la sospecha de que la refinanciación de Celsa ha estado sometida a presión política. 

Aunque el Gobierno ya no tenga la influencia que pudiera ejercer sobre la banca nacional, al tener en este caso como interlocutores a fondos extranjeros, sigue siendo clave en la crisis de Celsa.

Belén Gualda, presidenta de la Sepi. Europa Press.

El Consejo de Ministros liderado por Pedro Sánchez aprobó a finales de junio del pasado año una ayuda de 550 millones de euros del fondo de la SEPI para compañías afectadas por la crisis del coronavirus. Se trata de la mayor ayuda pública concedida a través de dicho instrumento, la única que ha requerido la autorización de la Comisión Europea. La recepción de esa ayuda está pendiente de que antes se produzca un acuerdo entre los acreedores y los dueños de Celsa.

Manuel Martínez-Fidalgo, jefe de reestructuraciones en Europa y Asia del grupo estadounidense Houlihan Lokey, sugirió en su declaración ante el juez esta semana que la SEPI había condicionado su ayuda de 550 millones a la compañía a que los Rubiralta mantuvieran el control de la empresa.

"El Gobierno hace bien en defender la industria española", dice una fuente cercana a los fondos de inversión. "Pero lo que no es comprensible es que den su apoyo a una familia multimillonaria, cuando están todo el día defendiendo los impuestos a los ricos", añade.

Martínez-Fidalgo, que ha liderado algunas de las mayores reestructuraciones empresariales ocurridas en España en lo que va de siglo, entre ellas Abengoa y Martinsa Fadesa, afirmó en el juicio que los Rubiralta están anteponiendo su interés personal al de Celsa. Un acuerdo amistoso entre los fondos y los Rubiralta es ya imposible.

La hoguera de las vanidades

Los Rubiralta han llegado a ofrecer el 49% del capital a los fondos para solucionar su problema de deuda; los fondos desconfían de la oferta y no se resisten a tomar el control, el 100%.

En el juicio de Barcelona de esta semana, el abogado de Celsa subrayó ante el juez que Manuel Martínez-Fidalgo había sido la persona que había liderado la reestructuración de Abengoa. Una advertencia subliminal de lo que ocurrirá con Celsa si los fondos se hacen con su control, el despiece del grupo maximizando el pago a los grandes acreedores financieros.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, junto con el consejero delegado de Celsa, Francesc Rubiralta. Europa Press.

Para los fondos, el inicio de la solución de Celsa pasa por un paso atrás de la familia Rubiralta. Al igual que Felipe Benjumea tuvo que dejar la presidencia de Abengoa, los Rubiralta deben abandonar el Consejo de Administración de Celsa.

Los asesores de los fondos y los Rubiralta han expuesto distintas valoraciones sobre la compañía. Lexaudit y Grant Thornton, contratados por los fondos, defienden una valoración de unos 2.800 millones de euros. Lazard, PwC y BDO sostienen que Celsa vale entre 4.200 y 6.000 millones de euros.

La valoración de Celsa es otra de las claves del caso. Si Celsa valiera 2.800 millones de euros, como sostienen los fondos, estos podrían intercambiar su deuda por el 100% de la multinacional catalana.

En el juicio ha trascendido que los asesores de los fondos acreedores de Celsa percibirán unos honorarios de 26 millones de euros, cantidad que será cargada a las cuentas del grupo industrial.

"Lo que no ha trascendido", apunta una fuente cercana a los fondos de inversión, "ha sido cuánto cobrarán los asesores de Celsa, que están defendiendo los intereses de los Rubiralta, no los de la empresa ni los de sus trabajadores".

"Celsa es un tesoro", dice una fuente cercana al consejo de administración de la compañía. "El año pasado batió récord de facturación y resultado; Celsa ya ha realizado la transición verde que tiene que hacer toda la industria del acero, es una joya", asegura. "No estamos negándonos a pagar la deuda a los fondos, pero sí de la manera que ellos pretenden", señala.

El martes, las partes expondrán sus conclusiones y el juez dejará visto para sentencia el caso, el primero de estas magnitudes que se gestiona con la nueva Ley Concursal. Mientras, los fondos y los Rubiralta se funden a fuego lento en la hoguera de las vanidades de los grandes hornos de Celsa.